Martes, 17 Noviembre 2026
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Paco Pomares

Francisco Pomares

 

En tres días han llegado a Canarias 3.684 inmigrantes a bordo de 29 cayucos. El Hierro ha recibido la mayor parte de esa avalancha, que ha vuelto a desbordar sus instalaciones de acogida, sus servicios sanitarios y la capacidad de respuesta de una isla de apenas doce mil habitantes. En lo que llevamos de noviembre han arribado a El Hierro 96 embarcaciones, frente a las 66 que llegaron durante los diez primeros meses del año. Son cifras bastantes para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo. Pero que no bastan. Hoy volverá a reunirse la Comisión Interministerial de Migraciones, apenas una semana después de su anterior encuentro, para seguir hablando de una emergencia que no deja de agravarse.

 

El Gobierno de España ha anunciado medidas, pero el problema es que los compromisos del Gobierno avanzan a una velocidad y los cayucos a otra. Clavijo ha tenido que volver a pedir a Torres que se cumpla lo acordado hace apenas seis días. Mientras los responsables políticos organizan reuniones, comparecencias y fotografías, la realidad sigue llegando a La Restinga, a veces por centenares, a veces por millares.

 

El Gobierno central alega que lo ocurrido les ha cogido por sorpresa, como en Ceuta. Es tan falso como lo de Ceuta: Canarias llevaba meses advirtiendo del riesgo de una nueva oleada migratoria. En septiembre se presentó un informe reclamando un plan de contingencia y la recuperación de los recursos desmontados después de la crisis anterior. También se remitiieron cuatro cartas al Ejecutivo español, tres al ministro Marlaska y una a la Moncloa, alertando de lo que podía ocurrir. La respuesta llegó cuando las previsiones ya se habían convertido en emergencia. Una vez más, hemos pasado de la nada a la improvisación.

 

Pero hay algo más: empieza a resultar inevitable preguntarse si Canarias no está siendo utilizada, de hecho, como un gigantesco territorio de contención migratoria. Una Lampedusa atlántica, suficientemente alejada del continente europeo como para mantener el problema fuera de la vista de quienes toman las decisiones. No aseguro que exista una instrucción política para convertir las islas en cárcel sin techo. Pero resulta legítimo preguntarse si las dificultades para trasladar con suficiente rapidez a quienes llegan no están produciendo precisamente ese resultado.

 

Europa lleva años endureciendo su política migratoria. Los gobiernos europeos soportan una creciente presión social y electoral para controlar sus fronteras, limitar las entradas irregulares y acelerar las devoluciones. España forma parte de ese escenario y debería responder a sus compromisos comunitarios. Pero Canarias no puede convertirse en el lugar donde se aparcan las contradicciones entre las obligaciones humanitarias, las exigencias europeas y las dificultades políticas del Gobierno español. Las islas son territorio europeo, no la antesala donde mantener indefinidamente a quienes consiguen alcanzar nuestras costas.

 

Es cierto que hay traslados: este fin de semana se anunciaron nuevas derivaciones desde El Hierro hacia otras islas y la Península. Pero cuando una isla recibe en unos días a tanta gente como la que vive en ella, la respuesta no puede depender de decisiones improvisadas, de la disponibilidad de un ferry o de otra reunión ministerial con foto. Necesitamos un dispositivo permanente, capaz de activarse de forma automática y distribuir la presión entre los territorios que cuentan con mayores recursos.

 

El Hierro no debe soportar una responsabilidad que corresponde al conjunto del Estado. Sus habitantes han demostrado una solidaridad extraordinaria durante años, pero la solidaridad no consiste en exigir siempre el sacrificio de los mismos. Tampoco puede convertirse en una obligación ilimitada para una población que ve cómo sus servicios públicos, sus infraestructuras y su vida cotidiana quedan condicionados por una emergencia sobre la que no tenemos capacidad de decisión. El malestar creciente de los herreños no es una expresión de insolidaridad o racismo, sino como una advertencia sobre una situación insostenible.

 

Y todo esto sucede en campaña electoral, cuando se convierte la inmigración en munición partidista. Sería gravísimo permitir que la indignación por la gestión política termine en hostilidad hacia los inmigrantes. Quienes desembarcan tras atravesar una de las rutas marítimas más peligrosas del mundo no son responsables de las carencias de nuestra administración. Son personas que necesitan atención, protección y una respuesta ajustada a la ley. Por eso resulta imprescindible que el Estado asuma sus responsabilidades y evite que el agotamiento de la población herreña termine alimentando conflictos sociales. Canarias no puede seguir siendo la frontera donde Europa delega sus problemas y España administra sus responsabilidades a golpe de reunión ministerial.

 

Hoy tendremos más fotografías. De ministros alrededor de una mesa de nogal. Y de inmigrantes durmiendo a la intemperie sobre el suelo. Ojalá esta vez las fotos vengan acompañadas de algo más que de compromisos y declaraciones de solidaridad. Canarias necesita medios, previsión, decisiones y traslados. Y los necesita ahora. Canarias no es una sala de espera. O al menos, no debiera serlo.


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