Decreto canario: la espera inútil
Francisco Pomares
Fernando Clavijo volvió a defender ayer en Teobaldo Power la vigencia y necesidad del Decreto Canarias, insistiendo en que su Gobierno no piensa tirar la toalla en su reclamación a Madrid. La pregunta es pertinente: ¿queda realmente alguna toalla que tirar en este asunto?
Las referencias al Decreto Canarias han terminado formando parte de nuestro lenguaje político cotidiano, sin que la mayoría de los ciudadanos sepa siquiera qué es lo que supondría su aprobación o qué contiene. Se trata de un paquete de treinta y cinco medidas, diseñado por el Gobierno regional para afrontar algunos de los problemas estructurales de Canarias. Incluye propuestas para incentivar la subida de salarios, rebajas de impuestos para las familias, una fiscalidad diferenciada para las islas no capitalinas, medidas relacionadas con la vivienda, las infraestructuras y diversos mecanismos destinados a combatir la pobreza y la exclusión.
La iniciativa parte de una constatación difícilmente discutible: Canarias registra los peores indicadores sociales de España pese a mantener un crecimiento económico notable y cifras históricas de empleo. La paradoja no es nueva: la riqueza crece, pero no siempre llega a quienes más la necesitan. Sobre esa realidad existe un consenso bastante amplio entre las fuerzas políticas, aunque ese consenso no es tan obvio cuando se trata de defender la eficacia de algunas de las soluciones planteadas. Pero incluso ese debate sobre lo que el Decreto pretende resulta secundario. El principal problema no radica en su contenido ni intenciones, sino en el hecho de que quién tiene que aprobarlo no parece tener la menor intención de hacerlo.
Porque todas las medidas estrella que incorpora el Decreto, dependen directamente del Estado. La bonificación a las cotizaciones sociales exigen la aceptación de la Seguridad Social, las modificaciones fiscales requieren el visto bueno de Hacienda y los convenios de inversión dependen de que Sánchez ordene firmarlos. En otras palabras: el Parlamento regional puede respaldar la propuesta, el Gobierno Clavijo puede defenderla, y Coalición convertirla en bandera política, pero la decisión final depende exclusivamente de Madrid. Existe alguna confusión en eso, hay gente que cree que se trata de algo que Canarias puede imponer, para eso es el ‘decreto canario’, pero en realidad, es más bien un ‘decreto para Canarias’ que Madrid no tiene intención de aprobar. Resulta difícil encontrar una sola razón que explique por qué Sánchez aceptaría una iniciativa que le proporciona una victoria política a Coalición. Aprobar el decreto es reconocer que las tesis del Gobierno regional son correctas, que Canarias necesita más tratamiento singular para afrontar sus actuales problemas. Y no parece esa aceptación la clase de regalos que Moncloa desea hacernos. Las medidas que plantea Canarias, suponen reducir los ingresos fiscales o mayores costes para el Estado, y luego está la madre del cordero: si Canarias obtiene ventajas específicas en materia fiscal o laboral, el resto de las regiones reclamarán inmediatamente idéntico tratamiento. Canarias no tiene 7 diputados al Congreso que ofrecer a cambio de medidas exclusivas. Y por si eso fuera poco, el PSOE ya ha demostrado repetidamente su falta de entusiasmo ante la iniciativa. No sólo desde Madrid. También aquí. Cuando el PSOE local ha podido respaldarla, ha preferido marcar distancias.
Por eso sorprende la perseverancia religiosa con la que Coalición continúa defendiendo el decreto, manteniendo aparentemente la fe en que un Gobierno que lleva meses evitando responder, termine cambiando repentinamente de criterio. O quizá ocurra que el objetivo real de Clavijo ya no es la aprobación del decreto. Quizá el decreto haya dejado de ser una apuesta legislativa para transformarse en un instrumento de campaña, una forma de señalar que los problemas estructurales del Archipiélago requieren respuestas que Madrid no está dispuesto a proporcionar. Desde ese punto de vista, cada ausencia de respuesta de Moncloa resulta más útil que una negociación discreta.
Pero eso comporta el riesgo de que la reivindicación termine por sustituir a la acción, de que la espera se convierta en coartada. Y mientras el decreto continúa su viaje hacia ninguna parte, los problemas que pretende resolver siguen exactamente donde estaban: los salarios continúan siendo bajos, el acceso a la vivienda sigue deteriorándose y la desigualdad permanece entre las más elevadas del país.
Resulta difícil entender que Coalición siga reclamando una respuesta distinta a quien ya ha contestado que no varias veces. Es cierto que es un no expresado con silencios, un no sin palabras. Pero en política –como en los juzgados- los silencios a veces lo explican casi todo.
