Déficit de igualdad
Francisco Pomares
La reunión de este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera giraba, en teoría, alrededor de la discusión sobre unas cuantas décimas de déficit y de la aplicación de la regla de gasto. Pero el verdadero déficit que quedó al descubierto no fue el presupuestario. Fue otro mucho más preocupante: el déficit de igualdad que empieza a abrirse entre las regiones. Es muy grave que está empezando a dibujarse un nuevo modelo de país por la puerta de atrás. Y que Canarias, que siempre ha reclamado un trato diferenciado por sus singularidades, pueda acabar siendo una de las más perjudicadas por una asimetría diseñada exclusivamente para satisfacer las exigencias de Cataluña.
Resumiendo, lo que ocurre es que la regla de gasto penaliza a las comunidades saneadas; el Gobierno plantea objetivos de déficit distintos para cada autonomía; y todo nace de un acuerdo bilateral con ERC antes de abrir una negociación multilateral. Un acuerdo que rompe la principal regla no escrita del Estado autonómico: primero se negocia entre todos y luego, si procede, se reconocen singularidades constitucionales. Aquí se está haciendo al revés: se pacta con uno y luego se invita a los demás a aceptarlo.
Canarias votó en contra de la propuesta de regla de gasto del Ministerio de Hacienda, como el resto de las comunidades gobernadas por el PP, pero con sus propios argumentos: mientras la recaudación regional crece a un ritmo cercano al nueve por ciento, el Estado sólo permite aumentar el gasto alrededor del cuatro. La consecuencia es un superávit forzoso que no se destina a mejorar la sanidad, la educación o los servicios sociales, pese a tratarse de recursos obtenidos gracias al buen comportamiento de su propia economía. Canarias no reclama gastar recurriendo a la deuda. Lo que pide es poder utilizar el dinero que ha ingresado. La diferencia no es menor: durante años se nos ha dicho que la buena gestión consistía en contener el déficit, reducir el endeudamiento y administrar con prudencia los recursos públicos. Canarias ha hecho precisamente eso. Sin embargo, esa buena salud fiscal acaba convirtiéndose en castigo: cuanto mejor se gestiona la recaudación, más dinero estamos obligados a inmovilizar.
Por si ese absurdo no fuera suficiente, el Consejo incorporó ayer otra discusión aún más trascendente: Hacienda ha abierto la puerta a fijar déficits distintos para según que regiones, como adaptación razonable a la situación financiera de cada territorio. Esa posibilidad coincide exactamente con una de las principales exigencias de Esquerra Republicana al Gobierno para garantizar la precaria estabilidad parlamentaria de Sánchez.
Otra cesión, un nuevo sometimiento del Gobierno… España ha convivido durante décadas con singularidades perfectamente justificadas. El Concierto vasco, el Convenio navarro o el REF canario responden a circunstancias históricas, geográficas o constitucionales objetivas. Nos gusten más o menos, forman parte de la arquitectura del Estado y descansan sobre realidades permanentes. Lo que ahora se plantea es algo distinto: aquí no se trata de reconocer una singularidad real, sino de introducir diferencias en las reglas fiscales como consecuencia de acuerdos de poder con una comunidad autónoma concreta y con un partido concreto.
Una cosa es adaptar el sistema a la realidad territorial, y otra muy distinta someterlo a la necesidad de aguantar la minoría parlamentaria. Cuando las reglas dejan de ser generales para acomodarse a la conveniencia de quienes sostienen un gobierno, dejan de ser comunes. Y ese riesgo es más peligroso que cualquier desviación presupuestaria.
Paradójicamente, una región como Canarias, que ha hecho un esfuerzo continuado por mantener sus cuentas ordenadas, contempla ahora cómo cumplir las reglas ofrece menos ventajas que disponer de capacidad para apuntalar la continuidad de un Gobierno agotado. El incentivo resulta indefendible: administrar con prudencia conduce a restricciones; disponer de peso político abre la puerta a excepciones. Ese no parece el mejor camino para construir un modelo estable de financiación autonómica. Por eso, la cuestión que debería preocuparnos no es decidir si la regla de gasto debe situarse en el cuatro o el cinco o el seis por ciento, ni en discutir unas décimas más o menos de déficit. Lo verdaderamente importante es si España sigue siendo un Estado donde las reglas se acuerdan entre todos, o uno donde las reglas se negocian bilateralmente con quien resulta imprescindible para seguir en La Moncloa.
El déficit presupuestario puede corregirse en unos pocos ejercicios. Pero los déficits de igualdad difícilmente se reparan una vez se imponen. Y la igualdad entre los ciudadanos es el mejor pegamento de un Estado.
