Del BOE como martillo
Francisco Pomares
Gobernar no consiste en legislar mucho, rápido y mal. Pero la política de hoy no trata de gobernarnos mejor, ni de resolver problemas reales, ni siquiera de ordenar la vida económica o social con criterios de eficacia. Trata, simplemente, de hacer creer a los votantes que se gobierna mejor, que se resuelven los problemas, que se actúa con eficacia, o al menos que se gobierna mejor de lo que gobernaría el de enfrente. Por eso, los gobiernos nos machacan todos los días con decenas de leyes absurdas, aprobadas con prisa, plagadas de errores, mal redactadas y peor pensadas. Se hacen tantas leyes no porque sea necesario, sino porque los políticos tienden a creer que aprobar leyes –aunque sean leyes peregrinas- cambia el mundo, trasforma las sociedades, hace que la gente sea más feliz. Lo cierto es que una gran parte de las leyes que se aprueban hoy son sólo nuevas vueltas de tuerca a leyes y normas ya existentes. Se aprueban básicamente para demostrar a los propios que se pueden aprobar, que la oposición no puede impedirlo. Eso convierte el BOE en martillo y la realidad en un clavo.
El dictamen del Consejo de Estado sobre el nuevo registro horario digital impulsado por Trabajo es, en ese sentido, una pieza casi pedagógica: 106 páginas de advertencias, objeciones y reproches que se resumen en una frase demoledora: “no procede” aprobar el real decreto y conviene “reconsiderarlo en su conjunto”. Traducido al castellano común, lo que eso quiere decir es que lo aprobado es algo muy mal hecho: esto no está bien hecho, en la forma y en el fondo. En la forma porque se pretende tramitar por la vía de urgencia una norma que afecta a más de un millón trescientas mil empresas. Y en el fondo, porque lo que el Gobierno pretende es colar por la puerta de atrás -mediante un reglamento- lo que debería aprobarse mediante una ley. Tampoco es una ley solvente en el cálculo de sus consecuencias: el propio Consejo de Estado desmonta la ficción de que la medida no tendrá impacto económico.
867 millones de euros. Eso es lo que va a costar este capricho de viceYolanda cuando se hacen las cuentas sin trampas. 867 millones que recaerán, en su inmensa mayoría, sobre las pequeñas y medianas empresas, es decir, sobre ese 94 por ciento del tejido productivo español que sostiene el empleo real, no el empleo de los discursos. Y eso sin contar los costes de implementación, formación o mantenimiento. Es decir, sin contar del todo la verdad. El Ministerio sostiene que el sistema tendrá un coste simbólico. Pero el Consejo le responde que eso “resulta poco realista”. En ese eufemismo elegante cabe toda una forma de gobernar: la de confundir el deseo con la realidad y sustituir el análisis por la consigna.
Porque lo que aquí está en juego no es un registro horario más o menos sofisticado. Es la tendencia a convertir cualquier necesidad -real o exagerada- en una obligación administrativa, en un nuevo trámite, en un requisito previo que alguien tendrá que cumplir, pagar y gestionar. España lleva años instalada en esa dinámica. Cada crisis genera una norma. Cada titular, un decreto. Cada eslogan, una obligación. Y así, poco a poco, se construye un entramado regulatorio que no suele mejorar la vida de los administrados, sino complicarla. A veces se legisla para lanzar mensajes. O se regula como quien escribe tuits o historias en redes sociales. El resultado es un ordenamiento jurídico cada vez más espeso, más contradictorio y más difícil de aplicar. Un laberinto en el que los grandes pueden orientarse –para eso pagan asesores y departamentos legales- pero en el que los pequeños acaban perdidos o, directamente, asfixiados.
El caso del registro horario digital es paradigmático porque combina muchos de los vicios de esa forma de gobernar. Hay una voluntad sobredimensionada de control absoluto -sistemas accesibles en remoto, datos en tiempo real, supuesta imposibilidad de manipulación- que ignora las limitaciones técnicas y los riesgos evidentes en materia de protección de la intimidad No es casual que la Agencia Española de Protección de Datos también haya emitido un informe desfavorable. Pero, además, hay una cierta pulsión uniformadora: un modelo único para todas las empresas, con independencia de su tamaño, sector o capacidad tecnológica. Como si una multinacional y un taller de barrio tuvieran que endosar las mismas obligaciones de registro a sus empleados, cuando sus problemas de control te horario laboral son completamente diferentes. Y, por supuesto, está la cuestión de fondo: la idea de que el Estado puede y debe intervenir en cada detalle de la actividad económica, regulando no solo los fines, sino también los medios, los procedimientos y hasta las herramientas que deben utilizarse.
Eso no es gobernar mejor. Es gobernar más. Y no es siempre lo mismo. Los problemas que derivan de esta hiperactividad normativa no son solo económicos, aunque los costes -como en este caso- resulten evidentes. Cuando se fuerzan los procedimientos, cuando se utilizan reglamentos para innovar donde haría falta una ley, cuando se recurre sistemáticamente a la urgencia para evitar el debate, se erosiona algo más que el sentido común y la confianza. Se erosiona la seguridad jurídica.
