Del funcionario como chivo expiatorio
Francisco Pomares
Con frecuencia hablamos de los funcionarios y empleados públicos con una displicencia injusta, como si todos fueran una especie de masa adocenada, rutinaria y más preocupada por el horario que por el trabajo. En los medios abundan los tópicos sobre su inmovilidad, su falta de iniciativa o su resistencia a cualquier cambio. Pero cuando se conocen historias como la de la jefa de Contratación del SCS, que se enfrentó al pelotazo de las mascarillas, es imposible no sentir que sin esos funcionarios discretos y tercos que cumplen la ley aunque moleste, la administración sería un erial dominado por la corrupción y el miedo.
María Salomé Ballesteros murió en enero de 2023. Nuca supo que sus correos serían la principal prueba de las trapisondas ordenadas y gestionadas por el propio Torres en la compra de mascarillas. Son esos correos los que han dado sentido al demoledor informe de la UCO sobre las compras en Canarias, ese informe que tanto parece haber alegrado al expresidente de Canarias, aunque demuestre que el Gobierno forzó las adquisiciones contra el criterio de los técnicos y precipitó los pagos, interviniendo el propio Torres descaradamente en ellos, incluso amedrentando a funcionarios que pedían solvencia en el procedimiento.
En abril de 2020, cuando Koldo intentaba acelerar las compras, Ballesteros recibió un correo de la jefa de recursos económicos del SCS en el que le insinuaba que la orden venía de muy arriba. Contesto: “Me da igual de dónde venga. Soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos”, Su jefa, a la que Torres amenazo con ‘levantar en el aire’, le había ordenó tramitar la compra de material sanitario a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Aldama y Koldo. Los precios estaban fuera de mercado –las mascarillas se compraban más caras que a otros proveedores-, el archipiélago tenía ya stock suficiente para enfrentar durante meses la pandemia y la operación se hacía al margen del circuito legal. Ella lo advirtió, e insistió en que la compra de 12 millones debía pasar por una convalidación del Gobierno, pero nadie le hizo pastelero caso. El Gobierno no quería dejar huellas.
Dos compañeros suyos, -Sebastián Fuentes Tarajano, hoy director general de Recursos Económicos, y Tomás Zerolo González, jefe de Prevención de Riesgos Laborales del HUC- también protestaron. El primero preguntó por qué las compras a la empresa representada por Koldo se “salían del circuito” de contratación y alertó sobre irregularidades en los pagos; el segundo firmó un informe concluyendo que las mascarillas KN95 adquiridas a la trama no cumplían los estándares de seguridad. Todos actuaron con rigor, y todos fueron inmediatamente apartados o silenciados.
Mientras ellos se esforzaban por hacer bien su trabajo, el Gobierno jugaba su propia partida. La UCO sostiene que la operación se impulsó desde el Ministerio de Ábalos, dirigida por Koldo en estrecho contacto vía guasap con Torres y con la intervención clave del viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, premiado después con la jefatura de gabinete de Torres en el Ministerio. Dimitió cuando comenzaron a arreciar los rumores –hoy probados- sobre su participación en las compras y pagos a Soluciones de Gestión.
No es difícil imaginar el clima del momento: contratos de emergencia, millones que cambian de manos sin control, intermediarios con padrinos en Madrid y en Canarias, y funcionarios que estorban. A esas alturas, en el Gobierno regional había impuesto la doctrina de la obediencia. Había que agilizar, cerrar operaciones, complacer al Ministerio. Los que pedían papeles o advertían de precios inflados eran un obstáculo. Ballesteros fue relevada de sus funciones apenas un mes después de sus correos oponiéndose a las compras. Hoy su nombre aparece en los informes judiciales como el de alguien que hizo lo correcto. Sus compañeros repiten una frase amarga: “La dejaron tirada”. La misma frase podría aplicarse a otros servidores públicos que pagaron el precio de no callar. La historia de Ballesteros y sus colegas revela la doble moral de la Administración de Torres, que protegió a los obedientes y castigó a los íntegros. A Torres le gusta hablar de “regeneración” y “ética pública”, pero a la hora de la verdad prefiere rodearse de quienes firman sin preguntar. Los informes que no gustan se esconden, las advertencias se olvidan y la responsabilidad se diluye en los funcionarios, a los que se acusa de decidir las compras.
Esa acusación es la más indecente y vergonzosa de las actuaciones de Torres. No ha dejado de repetirla en Comisiones de Investigación, declaraciones y entrevistas. Ha dicho que fueron los funcionarios los que decidieron como gastarse cien millones de euros y a quienes contratarlos, y que el Gobierno no participó en ninguna decisión. Por eso, más de la mitad de las compras se realizaron a dos grupos empresariales, al de Aldama, vinculado a Abalos, y a un empresario amigo de Torres. Pero fueron los funcionarios los que decidieron las compras. Que jeta.
