Del presupuesto como mentira
Francisco Pomares
Mucho más que una simple relación de ingresos y gastos, el presupuesto es el momento en el que un Gobierno demuestra que sigue teniendo mayoría para gobernar. Es su examen anual de contar con la confianza de la mayoría. La prueba de que el Ejecutivo conserva el respaldo de la Cámara para administrar el dinero de todos. Por eso la Constitución establece que el Gobierno debe presentar cada año un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Y por eso la prórroga automática de las cuentas del ejercicio anterior se concibe como una solución excepcional, destinada a evitar el colapso de la Administración mientras se aprueban unas nuevas cuentas, y no como un sistema permanente para gobernar.
España lleva toda la legislatura instalada en una anomalía constitucional. Sánchez ha renunciado a presentar unos presupuestos capaces de obtener mayoría parlamentaria durante tres años. Ha preferido gobernar mediante la prórroga indefinida de unas cuentas elaboradas para una realidad política completamente distinta. Hasta ahora la discusión sobre ese proceder se había planteado casi exclusivamente en términos políticos. Pero esta semana ha dado un salto de enorme trascendencia. No ha sido un dirigente de la oposición quien ha levantado la voz, sino el expresidente del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz Villalón-, uno de los constitucionalistas más respetados de España. En un artículo publicado en El País, Cruz Villalón sostiene que una utilización indefinida de la prórroga presupuestaria puede hacer que las miradas se vuelvan hacia la responsabilidad criminal prevista en el artículo 102 de la Constitución para el presidente del Gobierno y sus ministros.
El deterioro institucional ha alcanzado un punto en el que esa discusión jurídica deja de ser extravagante para convertirse en imaginable. No se trata de un asunto de menor enjundia: cuando el Gobierno deja de someter sus presupuestos al Parlamento, no sólo evita su derrota. También priva a las Cortes de una de sus funciones esenciales: debatir, modificar y aprobar el destino de cientos de miles de millones de euros. El parlamentarismo empieza precisamente en el control del gasto público. Sin ese control, el Ejecutivo adquiere una autonomía que nuestra Constitución nunca quiso concederle.
Y más desvergüenza aún: mientras el Gobierno gobierna sin presupuestos, aprueba un techo de gasto récord para 2027. Más de 226.000 millones de euros, un incremento del 6,6 por ciento, acompañado de previsiones de gasto e ingresos extraordinariamente expansivas. Es probable que algún ingenuo piense que, al fin, el Gobierno ha decidido volver a la normalidad constitucional y presentar las cuentas. Pero lo que ocurre es exactamente lo contrario.
El Ejecutivo sabe que esos presupuestos –y cualesquiera otros, dicho sea de paso- carecen de apoyos suficientes para ser aprobados. Junts ya ha anunciado su rechazo. Y el PP y Vox también. El Gobierno conoce perfectamente la aritmética parlamentaria. Entonces… ¿para qué presentar unos presupuestos condenados al fracaso?
La respuesta es evidente: no se presentan para ser aprobados, sino para ser usados como instrumento de campaña. Su sentido no es ser una herramienta para gobernar, sino convertirse en propaganda. De hecho, no importa que jamás entren en vigor. Basta con anunciar miles de millones para gastarse, y con eso construir un discurso. Si el Congreso los rechaza después, siempre quedará la oposición, responsable de impedir las inversiones. Se trata de una perversión extraordinaria del sistema parlamentario: primero se vacía de contenido la obligación constitucional de presentar presupuestos viables. Y después se utilizan unos inviables como folleto electoral. La acción del Gobierno se reduce a un continuo ejercicio de agitación política, una máquina de fabricar titulares. Quizá sea esa forma de gobernar sin gobernar lo que más daño está haciendo a la democracia española.
El Gobierno fabrica un presupuesto-Jauja imposible de ser aprobado, como fabrica su nueva línea de ropa de calle –camisetas, sudaderas, pantalones- para promocionar su ideal de democracia. Un ideal que incluye robarse la letra E y dejar la democracia reducida a DMOCRACIA, una ocurrencia para celebrar los 50 años desde que murió Franco, genialidad de alguno de esos iluminados y bien pagados cabezas de huevo que le proporcionan munición política al presidente. No sabemos cuánto habrá costado la broma, pero no hay problema: el crédito aprobado por el Gobierno a Ángel Víctor Torres para que celebre el medio siglo de DMOCRACIA con diversos saraos y estilismo ad hoc, es de 14,6 millones de euros. Da para vestir a un montón de agradecidos influencer. Y sin necesidad de tener presupuestos, pá qué hacen falta…
