Sábado, 21 Marzo 2026
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Francisco Pomares

Francisco Pomares

 

En 2025 nacieron en Canarias menos de 12.000 niños. Un 0,23 por ciento menos que en 2024. La cifra, por sí sola, ya es preocupante. Pero lo más relevante de esta demografía en retroceso no es la variación interanual –de apenas unas décimas- sino la tendencia estructural que se ha consolidado en muy poco tiempo: las islas llevan años incapaces de generar relevo demográfico suficiente para sostener su población. El año pasado murieron en las islas cerca de 19.000 personas. El saldo vegetativo -nacimientos menos defunciones- fue, otra vez, claramente negativo. Canarias perdió por esta vía más de 7.000 personas en un solo año. Y no se trata de una anomalía coyuntural, sino de un patrón consolidado, que nos coloca en una situación peor que la del resto del país. España registró 321.000 nacimientos, un leve repunte del uno por ciento, que no evita un saldo negativo. El ‘invierno demográfico’ de las sociedades desarrolladas es una realidad nacional y europea. Lo más singular en Canarias no es el descenso puntual, sino la profundidad y rapidez del estancamiento.

 

En la provincia tinerfeña se produjeron 5.400 nacimientos; en la de Las Palmas, casi 6.300. Son cifras muy modestas para una región que supera los 2,2 millones de habitantes. Si se analizan las pirámides de edad, el problema más evidente es que la maternidad se concentra cada vez más entre los 30 y los 39 años. La natalidad adolescente, una plaga del pasado, es hoy residual. Y el retraso progresivo en la edad de tener el primer hijo reduce inevitablemente el número de hijos por mujer. La sociedad canaria –como la española o la europea- ha cambiado drásticamente sus prioridades vitales. La precariedad, el coste de la vivienda, la dificultad de conciliación y la postergación en la crianza explican parte del fenómeno. Pero a lo que nos enfrentamos es a una rabiosa transformación de valores y tendencias sociales que reduce el tamaño de las familias. Tener hijos ya no es algo central, sino otra opción en el catálogo de nuestras decisiones.

 

Rara vez se menciona -en las informaciones y debates con los que construimos nuestra interpretación del mundo en que nos ha tocado vivir-, que una parte muy significativa de los nacimientos en Canarias corresponde a madres extranjeras. La cifra de casi 11.700 nacimientos sería sensiblemente inferior sin la aportación demográfica de mujeres migrantes en edad fértil. No hablamos solo de trabajadores que activan sectores clave. Hablamos también de miles de madres que sostienen la base de la pirámide poblacional. Sin ese aporte, el envejecimiento de las islas sería mucho más acusado, las escuelas cerrarían más aulas, la presión sobre las pensiones sería mayor. Y el mercado laboral se enfrentaría a una escasez estructural de población activa en un plazo muy corto.

 

Dicho sin rodeos: sin inmigración, Canarias estaría en un declive demográfico probablemente irreparable. Si el Archipiélago mantiene hoy su población no es gracias a la natalidad interna, sino al saldo migratorio positivo. Cada año se incorporan miles de personas procedentes de otros países -y de otras regiones españolas- que compensan el déficit natural de las islas. Sin la entrada en las islas de esas decenas de miles de emigrantes, estaríamos perdiendo desde hace años población neta.

 

Por eso resulta tan paradójico y absurdo que, en paralelo a ese desplome demográfico, se multipliquen los discursos que cuestionan el papel de la inmigración, considerando que se trata de un fenómeno económicamente accesorio o incluso perturbador. Es legítimo debatir sobre políticas de integración, sobre capacidad de acogida o sobre planificación urbana. Pero no es serio ignorar la dimensión demográfica: porque Canarias no crece porque haya exceso de nacimientos. Compensa su déficit natural gracias a quienes llegan. Esa es la realidad.

 

La experiencia europea es contundente: las sociedades que han restringido severamente la inmigración en contextos de baja natalidad, han terminado enfrentándose al envejecimiento acelerado, la contracción del mercado laboral y tensiones fiscales difíciles de sostener. Alemania, Italia o Japón son ejemplos estudiados en todas las facultades de demografía.

 

En Canarias, el debate adquiere además una dimensión insular. La fragmentación territorial, la presión sobre el suelo y la percepción de saturación, alimentan discursos emocionales que responsabilizan al crecimiento poblacional de la pérdida de calidad de vida. Se trata de una falacia que no se sostiene: por eso conviene distinguir entre problemas de planificación –sin duda los hay- y la necesidad estructural de contar con población activa y joven si queremos sostener el bienestar.

 

La alternativa a la inmigración no es una Arcadia demográfica autosuficiente, sino el retroceso económico, la pérdida de derechos consolidados y la incapacidad de financiar el sistema fiscal que sostiene nuestras vidas, que no funciona con discursos identitarios o consignas. Lo hace con personas que trabajan, cotizan, consumen, tienen hijos y forman parte del tejido social. Negarlo es negar la aritmética.

 

La pregunta que tenemos que hacernos no es si Canarias puede permitirse inmigración. Es si puede permitirse prescindir de ella.


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