A BABOR, POR FRANCISCO POMARES La cultura de equilibrio fiscal impuesta por la crisis supuso -entre otras cosas- tomar conciencia del extraordinario peso de la deuda, tanto la privada como la pública. Durante la duración de la crisis, Europa estableció mecanismos para evitar que esa situación se llevara por delante las economías más endeudadas del continente, y también por aplicar medidas restrictivas al gasto público. Después de siete años de aplicar a rajatabla esas recetas, el rechazo social a los recortes se articuló en profundos cambios del mapa político europeo, favoreciendo la aparición de populismos de izquierda y derecha y reduciendo el voto de los socialdemócratas a mínimos históricos. Eso ha producido cambios en el discurso de la izquierda que apoyó las restricciones y recortes, como única fórmula para evitar que toda la Europa del Sur acabara enfangada en una situación como la de Grecia. Ahora, los socialistas españoles -los mismos que propiciaron la reforma exprés de la Constitución para sacralizar el pago de la deuda- defienden que pagarla no es una prioridad, que la prioridad de los progresistas es afrontar los gastos sociales. Es un discurso que llega tarde: con la recuperación económica, hoy pueden atenderse los gastos sociales sin hacer crecer la deuda de forma disparatada. Como casi siempre, el discurso se construye cuando la dicotomía entre pagar la deuda o atender las necesidades de la gente es menos acuciante. Pero -aún así- se trata de un debate legítimo: no está claro que sea más progresista hacer que nuestros gastos los tengan que pagar nuestros hijos o nietos. La deuda pública solo debería dedicarse a inversiones multimillonarias en infraestructuras imprescindibles, que implican amortizaciones de medio siglo. Para eso se inventó, aunque luego acabó generalizándose como una forma de financiar todos los gastos del sector público. Hoy, nuestra deuda supera el producto interior bruto anual. No está muy claro cuándo y cómo podremos acabar de pagar eso, lo que sí está claro es que los socialistas, siguiendo a Pedro Sánchez, han decidido que es más de izquierdas dejarles la deuda en herencia a los que vengan, y eso provoca algunos sinsentidos. El más reciente es el anuncio realizado por la Ejecutiva del PSOE canario de que la RIC no podrá invertirse en deuda pública porque hace falta para otras cosas. No sé quién ha asesorado a Ángel Víctor Torres, pero la "deuda pública" en la que puede invertirse la RIC (no es obligatorio hacerlo, por cierto) son obligaciones de tesorería que usan la Comunidad Autónoma y algunos cabildos para reducir sus problemas de liquidez. La RIC no va directamente a pagar deuda pública, lo que hace es comprarla para que las administraciones dispongan de recursos. La diferencia entre invertir la RIC en deuda pública o no es quién gasta el dinero de la RIC, si lo hacen las administraciones o las empresas privadas. Escuchar a los socialistas pedir que las exenciones fiscales de las empresas no financien la actividad pública produce cierto sonrojo. Sobre todo porque da la impresión de que no tienen muy claro que no es lo mismo comprar deuda pública -lo que ha hecho el Banco Central Europeo todos estos años para evitar el desmoronamiento de las economías más endeudadas de Europa- que pagar deuda pública. Mejor que meterse en ese debate, sería pedir que desaparezca la RIC y que el REF compense directamente a las rentas del trabajo, vía reducción del IRPF. Pero para pedir eso, que la RIC desaparezca y que el REF beneficie a todos los que tributan, no solo a los empresarios y autónomos, no hay lo que hay que tener: bemoles.
