Dos años de realidad
Francisco Pomares
Hoy se cumplen dos años de aquella jornada de 2024 que algunos quisieron convertir en un punto de inflexión histórico: cuando miles de personas salieron a las calles de las islas bajo el lema ‘Canarias tiene un límite’. Fue aquella, sin duda, una movilización relevante, que convocó y movilizó decenas de miles de participantes de muy distintos sectores y sensibilidades, y fue capaz de instalar un marco discursivo de cuestionamiento global del modelo turístico.
Dos años después, la pregunta no es si aquello tuvo impacto sin duda lo tuvo-, sino si ese impacto sirvió para mucho más que para alimentar un estado de ánimo. La respuesta, probablemente, incomode a casi todos.
Los promotores de aquellas protestas sostienen que el Gobierno de Canarias apenas ha movido ficha: ni moratoria turística, ni regulación eficaz de la vivienda vacacional, ni ecotasa. Es una crítica comprensible desde su planteamiento inicial, pero también revela una cierta ingenuidad -o una deliberada simplificación- sobre la naturaleza del problema.
Porque lo ocurrido en estos dos años demuestra que la realidad es mucho más compleja que el eslogan.
El turismo en Canarias no es una actividad más. Es el motor y el sistema circulatorio de la economía del Archipiélago. Representa directa o indirectamente una parte sustancial del empleo, de la recaudación fiscal y de la estabilidad social. No se debería enfocar el turismo cono una opción prescindible, una preferencia ideológica, sino como un hecho estructural, que es lo que es. Y ocurre que los hechos estructurales no se cambian con pancartas, por muy legítimas que estas sean.
Eso no implica que no existan problemas. Los hay, y son muy serios. Dejando de lado el problema estructural que supone un muy desigual reparto de la riqueza que el turismo genera, hay otras dificultades que resulta difícil afrontar. Uno es el acceso a la vivienda, que se ha deteriorado hasta niveles críticos. La presión sobre determinados espacios urbanos y naturales es evidente. Y el modelo presenta tensiones que no pueden ignorarse. Pero de ahí a concluir que el turismo es el problema -y no, en todo caso, una parte del contexto- hay un salto que no resiste un análisis mínimamente riguroso.
La vivienda, por ejemplo. Se ha convertido en el eje central del discurso contra el turismo. Se señala a la vivienda vacacional como principal responsable del encarecimiento de los alquileres. Sin embargo, esa explicación, siendo parcialmente cierta en zonas concretas, no alcanza a describir el fenómeno en su conjunto. La escasez de vivienda es hoy un problema global, presente en ciudades de todo el mundo -con o sin turismo- y vinculado a factores como la escasez de construcción, la rigidez normativa, la dificultad para poder disponer de suelo, la lentitud administrativa y una creciente demanda concentrada en núcleos urbanos. Reducir el problema a una sola causa es, en el mejor de los casos, un error de diagnóstico. En el peor, una forma de eludir responsabilidades políticas.
Algo similar ocurre con la idea de una moratoria turística. La propuesta tiene una evidente carga simbólica: detener el crecimiento para poder respirar. Pero también plantea una contradicción difícil de resolver: Canarias lleva años con un crecimiento muy limitado en nuevas plazas alojativas regladas, mientras que la demanda no ha dejado de aumentar. El resultado no ha sido una reducción de la presión, sino su desplazamiento hacia fórmulas menos reguladas, como la vivienda vacacional.
Es decir, la realidad no se detiene porque se apruebe una moratoria. Simplemente busca otras vías.
En cuanto a la ecotasa, convertida en bandera por algunos sectores, convendría también introducir algo de perspectiva. No porque sea una idea intrínsecamente absurda, sino porque su eficacia depende de cómo se diseñe y para qué se utilice. Plantearla como una solución casi mágica a los problemas del modelo turístico es, de nuevo, una simplificación. Puede generar ingresos, sí. Escribo esto desde Barcelona, donde la tasa de pernoctación que abono supera los trece euros por noche. Pero aunque la ecotasa ayude al equilibrio fiscal de las administraciones no sustituye una política territorial, ni resuelve por sí sola los déficits en infraestructuras, vivienda o gestión ambiental.
Dos años después del 20-A, lo que nos queda es, sobre todo, el relato. Un relato potente, emocionalmente eficaz, pero que corre el riesgo de convertirse en una caricatura de sí mismo si no se confronta con los datos.
Y ahora, además, aparece un elemento nuevo: el contexto internacional, con una crisis derivada de la guerra en Irán, que introduce factores de incertidumbre que afectan directamente al turismo. Ya hay señales de desaceleración en el mercado, tradicionalmente más sensible a las coyunturas económicas. Y no es descartable que esa tendencia se extienda.
Sería una paradoja amarga que quienes llevan años denunciando el exceso de turismo se encuentren ahora con un problema distinto: su ausencia o su debilidad.
Canarias ya ha vivido escenarios de caída turística. Y no son precisamente un ejemplo de bienestar colectivo: menos empleo, menos ingresos, más precariedad. El turismo no es un lujo del que podamos prescindir; es la base sobre la que se sostiene buena parte de nuestra economía.
Eso no implica resignación ni inmovilismo. Implica, simplemente, asumir que cualquier cambio en el modelo debe hacerse desde el conocimiento y no desde el rechazo. Desde la gestión, y no desde la consigna.
El 20-A fue una llamada de atención. Convertir aquel día en acto fundacional de una nueva ortodoxia antiturística sería un error.
Dos años después, quizá haya llegado el momento de sustituir el lema de entonces por una pregunta más útil: no si Canarias tiene un límite -lo tiene-, sino cómo se gestiona ese límite sin destruir aquello que nos permite poder vivir.
