Dudas al solajero
Francisco Pomares
Paradoja en las noticias de ayer: mientras la Consejería de Turismo anunciaba a bombo y platillo la financiación universal (y de cuantía desconocida) de un seguro para los cientos o miles de turistas que contraigan aquí el coronavirus y que tendrán todos sus gastos pagados, la parte principal del Gobierno renunció a los susurros habituales ante la adversidad y sacó pecho por primera vez en un año, dando voces y amenazando hasta con los tribunales de Justicia, si el Gobierno central no se hace cargo de la factura íntegra derivada del covid y de las cuarentenas a los cientos de inmigrantes llegados en cayucos y pateras a las islas. Una factura que ya es compartida ahora. Y vaya: no sé si los que llegan para ser confinados en un polideportivo municipal, los ayuntamientos podrán pasarle a alguien la correspondiente minuta, es un suponer. En Tunte, visto lo visto, ni con esas.
A esa parte principal del Gobierno ni se le ha pasado por la cabeza tantear si Axa o quien sea está dispuesta a firmar un contrato de seguro para correr con los gastos de atención y hospedaje de los que llegan sin pedir permiso. Que probablemente sea más barato atenderlos que pagar un hotel de tres, cuatro o cinco estrellas, como a los turistas. Lo que ocurre es que, entre proteger la economía y proteger a las personas, los Gobiernos juran siempre que hay que proteger a las personas, pero al final, acaban protegiendo los beneficios. Yo no soy comunista: creo que las empresas pueden precisar ayuda en los momentos complicados. Pero también creo que las personas que peor lo pasan deben ser la prioridad de los Gobiernos.
A esta hora, cuando escribo, no sé si algún alma grande del cuatripartito floral ha roto el general mutismo al respecto de esta paradoja de asegurar ilimitadamente a quienes menos lo precisan y convertir públicamente en carga sin descarga a quienes más sufren. Quizá llegue pronto el día en que Noemí Santana reivindique La Mareta como centro de acogida, no necesariamente por los pateristas, sino para despojarla del todo de su condición de residencia monárquica abierta a las castas gobernantes. Para resignificarla, como al Valle de los Caídos. Y ahora que caigo: la donación de Hussein de Jordania pasó a Patrimonio del Estado porque fue pública. No como las donaciones de otras dinastías árabes de ahora.
Los hechos me recuerdan aquel terrible verano de 2006, con decenas de miles de personas hacinadas en hangares militares, cuando Adán Martín y José Segura -se habían sentado enfrente en el Cabildo tinerfeño, y eran entonces el uno presidente del Gobierno de Canarias y el otro delegado del Gobierno en las islas- se plantaron al unísono ante la vicepresidenta Fernández de la Vega para mejorar la atención a miles de inmigrantes -no precisamente para discutir de financiación-, mientras escenificaban después avances y consensos en las ruedas de prensa. Eran otros tiempos, no tan lejanos de éste.
Pero esa cultura ya no existe: las cosas han cambiado, lo que prima ahora no son ni los hechos ni el resultado, sino el relato: lo que cuenta es montar la coreografía pública, hacerse la foto y sacar partido.
Y otra: ¿Nos van a decir alguna vez quién pagó los gastos de los turistas confinados en el hotel del Sur de Tenerife? ¿Y cuánto costó? Es sólo por curiosidad.
