El año judicial que empieza
Francisco Pomares
Isabel Perelló, presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, aprovechó ayer la apertura del año judicial para recordar algunas obviedades que han dejado de serlo. Lo hizo ante el rey Felipe, el ministro de Justicia, la fiscal general y la cúpula de la magistratura. Y dijo que las resoluciones judiciales pueden criticarse, los jueces pueden equivocarse y sus errores deben corregirse mediante el sistema de recursos; pero lo que no resulta admisible es atribuir a los jueces intenciones políticas simplemente porque sus decisiones molestan al Gobierno.
La advertencia no mencionó expresamente a Sánchez ni al PSOE, pero no hacía falta. Perelló se refería a la utilización sistemática del término lawfare, a las descalificaciones dirigidas contra la jueza María Tardón por investigar la avalancha de Ceuta y a los ataques recibidos por el Supremo después de suspender cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones ampliadas, fruto de interpretación gubernamental de la ley de Nietos. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, añadió una reflexión semejante sobre el Ministerio Público: la crítica legítima no puede confundirse con la descalificación sistemática ni con la atribución de motivaciones espurias a los fiscales. Por primera vez, dos mujeres pronunciaron los discursos de apertura del año judicial. Ambas dedicaron una parte significativa de sus disertos a pedir que las instituciones dejen de tratar a jueces y fiscales como militantes partidarios con toga.
Se puede criticar a la Justicia: algunas de sus resoluciones son muy discutibles, otras están insuficientemente argumentadas y unas pocas resultan completamente incomprensibles. También existen jueces imprudentes, protagonismos inoportunos y una politización más que evidente del órgano que gobierna la judicatura. Los magistrados ejercen un poder público y sus decisiones no pueden quedar protegidas por una reverencia medieval. Pero una cosa es discutir un auto y otra acusar a quien lo firma de prevaricar al servicio de una conspiración. Decir que una resolución interpreta mal la ley es parte del debate democrático. Sostener que un juez actúa deliberadamente contra el Gobierno por razones ideológicas supone atribuirle una conducta delictiva. Perelló recordó que tales acusaciones son especialmente graves cuando proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales.
El Gobierno Sánchez ha terminado por establecer una justicia de geometría variable: cuando una resolución respalda sus decisiones, constituye una demostración de la fortaleza del Estado de derecho. Cuando las contradice, se convierte en activismo judicial, golpismo togado, lawfare o persecución política. El tribunal es independiente si le da la razón al Gobierno y sospechoso si se la quita. No se analiza el razonamiento jurídico: se investiga ideológicamente al magistrado. Y ese mecanismo tiene una utilidad evidente: permite trasladar cualquier asunto desde los hechos hasta las supuestas intenciones del juez. Ya no importa saber qué ocurrió en Ceuta, qué conocía el Gobierno o por qué no reaccionó ante los avisos. Lo importante es que la jueza Tardón fuera concejala del PP hace más de treinta años. Tampoco interesa determinar si la instrucción administrativa sobre la ley de Nietos desbordó el texto aprobado en las Cortes. Resulta más útil presentar la cautelar del Supremo como una maniobra política contra millones de nuevos españoles.
El Gobierno tiene derecho a discrepar, a recurrir y a criticar las resoluciones judiciales, incluso con dureza. Lo que no tiene es derecho a erosionar la legitimidad de los tribunales cada vez que pierde un procedimiento. Mucho menos cuando dispone del BOE, dirige la Administración, propone al fiscal general y participa, a través de la mayoría parlamentaria, en la elección del Consejo General del Poder Judicial. Quien concentra semejante poder debería ser especialmente cuidadoso al señalar a quienes tienen la encomienda constitucional de controlarlo.
La presencia del Rey concedió al discurso un valor simbólico añadido. La Constitución establece que la justicia se administra en nombre del Rey, pero emana del pueblo y corresponde exclusivamente a jueces independientes. Perelló no acudió a presentar una queja personal ante Felipe. Recordó públicamente, delante del jefe del Estado y del ministro de Justicia, que la separación de poderes no depende de que al Ejecutivo le gusten las sentencias. El sanchismo no pretende impedir que los jueces se equivoquen, sino reservarse el derecho a decidir cuándo una resolución es judicial y cuándo debe presentarse como una agresión política. Y eso convierte cada procedimiento que afecta al poder en un plebiscito sobre la legitimidad del magistrado. La democracia no exige jueces infalibles, sino independientes. Tampoco impide que el Gobierno combata judicialmente cualquier resolución que considere equivocada. Lo que excluye es la pretensión de convertir la obediencia al poder en prueba definitiva de imparcialidad. Un Gobierno democrático puede recurrir a los jueces, discutirlos y perder ante ellos. Lo que no puede hacer es respetar solamente a quienes le dan la razón.
