El blindaje del secretario general

Francisco Pomares

Los viejos manuales de estrategia política defienden que cuando los acontecimientos resultan difíciles de discutir, se discuta al mensajero. Es una técnica tan antigua como la propia política. Se desacredita al adversario, se cuestionan sus intenciones y se desplaza el debate desde los hechos hacia quien los denuncia. No siempre funciona, pero siempre permite ganar tiempo. Y probablemente explica la iracunda reacción del PSOE canario al dictamen de la comisión parlamentaria que investigó las compras de material sanitario realizadas durante la pandemia.

Lo más significativo de lo ocurrido estos días no ha sido el contenido del informe. Buena parte de los hechos que recoge eran ya sobradamente conocidos. Los contactos mantenidos por el Gobierno con algunos de los protagonistas de la trama, determinadas decisiones administrativas, la destitución de la entonces consejera de Sanidad Teresa Cruz o la relación de Torres con Koldo García y sus bochornosos mensajes, llevan tiempo formando parte del debate público. Lo novedoso no es eso. Lo novedoso es que el Parlamento de Canarias, tras meses de comparecencias y documentación, haya convertido todos esos elementos en un relato razonable aprobado por la Cámara.

Frente al dictamen, el PSOE canario no ha optado por responder a ninguna de las cuestiones planteadas. Ha preferido denunciar una persecución política, desacreditar el trabajo de la comisión y presentar a Torres como víctima de una campaña organizada por el actual Gobierno y sus adláteres. Es una estrategia legítima, la de defender a los propios. Pero esa defensa no debería sustituir nunca a las explicaciones. Porque una cosa es sostener la honorabilidad de un dirigente y otra muy distinta considerar que esa honorabilidad exima de contestar las preguntas que siguen ahí esperando respuesta.

Una comisión parlamentaria no condena, no sustituye a los tribunales ni establece responsabilidad penal alguna. Su misión consiste en depurar responsabilidades políticas y analizar cómo actuaron las instituciones públicas. Precisamente por eso, la respuesta tampoco debe buscarse en el Código Penal, sino en el debate público. La democracia funciona explicando, argumentando, convenciendo. Las mayorías parlamentarias pueden equivocarse, pero cuando se elabora un dictamen basado en decenas de comparecencias y cientos de documentos, limitarse a decir que todo es falso resulta insuficiente.

Durante estos días hemos escuchado mucha indignación, pero muy pocas explicaciones, una estrategia calcada de la que mantienen Ferraz y Moncloa cuando se trata de las joyas de Zapatero o cualquier otro asunto difícil de argumentar. Se ha insistido en denunciar la estrategia acusadora del PP, pero no se ha aprovechado para responder con detalle a las cuestiones que siguen abiertas. Y conviene subrayar que responder no equivale a admitir nada. Muy al contrario, muchas veces contestar es la única forma de despejar cualquier sospecha.

Existe además un error de comunicación bastante frecuente en la política contemporánea. Se confunde la defensa de un dirigente con la obligación de blindarlo. Defender significa aportar argumentos, ofrecer contexto y explicar decisiones. Blindar consiste en responder ante cualquier pregunta como si fuera una agresión y considerar cualquier crítica como un ataque. El PSOE canario ha elegido ese segundo camino, ha convertido la defensa de Torres en una cuestión de identidad colectiva. De ese modo, cualquier crítica dirigida al secretario general es respondida con el espíritu de Fuenteovejuna. La cohesión interna sustituye al debate y la lealtad termina ocupando el espacio reservado a los argumentos. Es una reacción comprensible, pero muy arriesgada.

Porque funciona bien hacia dentro: refuerza a la militancia, cohesiona a los cuadros y transmite sensación de fortaleza. Pero suele ofrecer resultados discretos hacia fuera: el ciudadano que observa el debate desde la distancia no participa de la lógica de partido. Su preocupación suele ser más sencilla: si hay una explicación, ¿por qué nadie la ofrece? La política española ofrece incontables ejemplos de esa dinámica. Los partidos se resisten a revisar sus errores, y esa resistencia eleva el coste de cualquier rectificación posterior. Cuanto más pétreo resulta el blindaje, mayor resultará el impacto si aparecen grietas.

El PP y Coalición mantendrán abiertas las dudas hasta que se produzcan las sentencias judiciales sobre las compras de la pandemia. Es una estrategia evidente para desgastar al principal candidato del PSOE en Canarias. El riesgo es que, al comprometer a toda la organización en una defensa sin matices de su líder, el PSOE canario pone en juego su propia credibilidad. Cualquier novedad judicial futura –las causas siguen abiertas- no afectará sólo al ministro y secretario general. Afectará también a todas las Fierro y todos los Franquis que decidieron convertir su defensa en causa colectiva.