El círculo
Francisco Pomares
Desde que empezó este calvario, y durante largos meses ya, la respuesta oficial del Gobierno ha sido siempre la misma: nadie informó al presidente de las actividades de Leire Díez. Nadie le habló de las maniobras para obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales o agentes de la Guardia Civil. Todo fue iniciativa de personajes secundarios que actuaban por su cuenta, sin conocimiento de la dirección política. Y lo mismo que vale para Leire vale para Ábalos, Koldo o Cerdán. Sánchez no se enteraba de lo que ocurría en los ministerios ni en la secretaria de organización. No sabía nada. Abusaron de su confianza. Eso fue lo que ocurrió.
Esa explicación se encuentra hoy con dificultades crecientes para poder sostenerse. El último movimiento del juez Pedraz no consiste únicamente en incorporar un nuevo nombre a su investigación, ya de por sí suficientemente compleja. La decisión de imputar a Juanma Serrano, antiguo jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y uno de sus colaboradores de mayor confianza durante años, supone que la instrucción del caso Leire entra en el círculo íntimo del presidente del Gobierno. Sánchez pudo decir que Ábalos era un perfecto desconocido, Cerdán un mentiroso corrompido por su ansia de acceder a dinero muy fácil, y el ejemplar Koldo un robamelones disfrazado de lagarterana. ¿Leire? Leire una chiflada, y así hasta el infinito y más allá.
Pero algo cambia con la imputación del colega de toda la vida de Sánchez, y no se trata de algo carente de enjundia. El magistrado Pedraz considera fundada la petición de analizar íntegramente el teléfono móvil de Serrano, una medida claramente invasiva que sólo se adopta cuando el juez aprecia indicios que justifican esa restricción de derechos. La relevancia política del asunto no está tanto en la imputación en sí -que se traducirá o no en responsabilidades penales cuando concluya la investigación- como en lo que representa: cada nuevo escalón acerca la investigación al núcleo donde se tomaban las decisiones. Al lugar exacto del que Sánchez no puede escapar.
A ello se añaden las declaraciones prestadas esta semana por varios testigos: un comandante de la Guardia Civil y un empresario han afirmado que Leire se presentaba actuando “en nombre de Pedro”, “de parte del Gobierno” o “representando al One”. Son afirmaciones que deberán ser verificadas durante la instrucción y cuya mera existencia no acredita por sí sola la participación directa de Sánchez en la trama. Sin duda, Leire podía estar presumiendo gratuitamente de proximidad a Sánchez. Pero sí utilizar reiteradamente el nombre del presidente para abrir puertas, prometer cargos o solicitar información reservada, resultaba tan convincente para abrirle todas las puertas a la gente más cercana a Sánchez, sería extraño que fuera sólo se tratara de una exageración de la bocachancla. Es lógico que el juez quiera aclarar hasta dónde llegaban las supuestas autorizaciones y encargos.
Eso explica también la estrategia procesal que parece seguir Pedraz: antes de llegar a los responsables políticos de mayor rango, el instructor está reconstruyendo la cadena jerárquica de los hechos. Primero los participantes periféricos. Después quienes ocupaban posiciones intermedias. Más adelante, si los indicios lo justifican, toca el turno de citar a quienes estaban en la cúspide de la organización. Porque es exactamente de esa forma como suelen construirse las investigaciones complejas. Estamos hartos de verlo en los seriales de la tele, y en las informaciones de los telediarios.
Mientras tanto, la Guardia Civil continúa examinando el abundante material intervenido en Ferraz: agendas, ordenadores y cajas de documentación pertenecientes a Cerdán. Apenas se ha comenzado a revisar una parte, pero ya han aparecido anotaciones relacionadas con las actividades de la fontanería del PSOE. Es razonable pensar que ese material seguirá proporcionando información durante meses. Y eso dibuja un escenario político extremadamente perjudicial para Sánchez. No porque exista ya una resolución judicial que le atribuya responsabilidad alguna, sino porque el relato del desconocimiento absoluto empieza a resultar cada vez más imposible de sostener, conforme las investigaciones avanzan hacia el círculo de máxima confianza de Moncloa.
Existe una diferencia importante entre no haber cometido un delito y no saber lo que hacían quienes trabajaban a escasos metros de tí. La primera cuestión corresponde resolverla a los tribunales. La segunda pertenece sin duda al terreno de la responsabilidad política, y es en ese terreno, donde el argumentario presidencial hace aguas. Porque las investigaciones apuntan a quienes compartían despacho, reuniones y decisiones con el presidente. Y la pregunta es si quién mandaba en ese círculo de confianza, ese lugar donde habitaba todo el poder, podía ignorar lo que ocurría.
