El decreto que no será
Francisco Pomares
No es una buena noticia que te den la razón cuando la razón consiste en constatar que algo que quieres que ocurra no va a pasar. Disculpen el exhibicionismo, pero llevo meses diciendo –y escribiendo- que el decreto que el Gobierno regional prepara afanosamente no va a salir adelante en esta legislatura, que Sánchez no tiene el más mínimo interés en sacarlo. Y no por falta de esfuerzo y voluntad en Canarias, ni siquiera por mala fe en Madrid, sino por una razón más prosaica: la política que se hace hoy es un toma y daca, un forcejeo constante entre lo que sería bueno para los ciudadanos y lo que es conveniente para quienes nos gobiernan, y en este envite no hay incentivos suficientes para que el decreto prospere.
Las declaraciones del ministro Torres, ex presidente del Gobierno regional, lo han dejado meridianamente claro: el Gobierno de España estaría dispuesto a dialogar sobre el decreto, sí, pero solo sobre lo que se pactó (y aún no se ha cumplido) en la Agenda Canaria firmada para la investidura. Es verdad que aún no hay gran demostración de voluntad de cumplimiento. Pero se dialogará sobre lo que puede hacerse de lo que se firmó (que no será en absoluto TODO lo que se firmo), y de lo demás, el decreto elaborado ahora por los servicios jurídicos, solo será considerado, en palabras del ministro, una “solicitud”, nunca una reclamación.
Traducido: ni hay espacio para una negociación nueva, ni hay ampliación del acuerdo, ni habrá sorpresas positivas. De las otras, por supuesto. Como siempre. Conviene, pues, recordar el contexto: la Agenda Canaria se firmó hace casi dos años, cuando Sánchez necesitaba el voto de Cristina Valido en el Congreso y lo obtuvo. Un voto a cambio del comprometió de llevar a buen puerto una serie de medidas conocidas, tasadas y, negociadas con el PP. Sánchez se comprometió a cumplirlas él también, aunque en su mayoría aún pendientes. Porque cuando se formó, nadie podía siquiera imaginar que dos años más tarde se seguiría gobernando con un presupuesto aprobado en la pasada legislatura, del que es casi imposible colgar los compromisos adquiridos con Canarias para garantizar la investidura.
Ese es el perímetro actual del acuerdo: pretender que de ese marco salga un decreto ambicioso, con nuevas concesiones económicas o competenciales, es desconocer -o fingir desconocer- cómo funciona la cabeza de Sánchez. Torres –que si lo sabe- ha sido bastante didáctico: lo que no se firmó en 2023 no puede exigirse en 2026. Porque no va a salir. Pero si lo que se pretende es abrirse a la próxima legislatura, el Gobierno “tiende la mano”… para hablar del periodo 2027-2031. Es decir, esperen sentados. Los ingenuos que confiaban en que el decreto canario iba a tener un recorrido inmediato, se quedan sencillamente, con las ganas.
Para Torres aquí no hay traición ni cambio de criterio. Hay coherencia política, que es algo distinto. En realidad, no es coherencia, sino puro sentido de la necesidad. Sánchez nos ha demostrado que él cumple -o incumple- en función del peso parlamentario de quien tiene delante. Ha sido extraordinariamente generoso en sus concesiones al independentismo catalán, y lo está siendo de nuevo estos días con sus socios escapados del redil –vascos, neoconvergentes y podemitas– porque si no lo es, tendría que cambiar su residencia palaciega en Moncloa por el piso que Sabiniano le regaló a su hija. Por desgracia, Canarias, no tiene nada que decir ahí. No puede garantizarle la legislatura a Sánchez, su voto no es determinante. No lo fue cuando hubo que votar la investidura y tampoco lo es ahora. Si lo fuera, el decreto ya estaría aprobado, publicado y convenientemente envuelto en retórica institucional. Pero no lo es.
Este es la obviedad que ayer nos recordó el ministro Torres con sus palabras. Que Madrid solo escucha de verdad cuando le conviene. Y le conviene cuando quien habla cuenta con un grupete de cuatro o cinco diputados propios, disciplinados y capaces de negociar y condicionar mayorías. Mientras el voto del nacionalismo canario siga compareciendo en el Congreso diluido entre partidos estatales, con lealtades repartidas y prioridades ajenas, su capacidad de presión será limitada.
Por eso resulta tan llamativo -y yo diría que irritante- la intención socialista de desviar el foco hacia las competencias autonómicas. Torres, en su doble condición de ministro y secretario general del PSOE canario, ha sugerido que el Gobierno Clavijo debería centrar el decreto en lo que depende exclusivamente de la región. La propuesta no es inocente. Supone una exhibición de respaldo explícito a la tesis de Chano Franquis y Luis Campos: que Madrid le diga a Canarias lo que tiene que hacer, justo lo contrario de lo que se supone que se reclama cuando se propone el cumplimiento de una agenda específica para el Archipiélago.
El problema no es que el Gobierno regional tenga competencias pendientes de ejercer. Las tiene. Pero aquí se trata de confundir un debate con otro. El “decreto canario” no nace para ordenar la acción del Ejecutivo autonómico, sino para exigir al Estado que haga en Canarias lo mismo que ha hecho en otros territorios cuando ha sido necesario: rascarse el bolsillo, adaptar normas, singularizar políticas. Y eso –aquí- no va a pasar.
