El derecho al saqueo
Francisco Pomares
Una sociedad libre debe proteger la protesta, incluso cuando molesta, interrumpe el tráfico o incomoda al Gobierno. También debe impedir que alguien convierta esa protección en una franquicia para el saqueo. El comerciante que baja la persiana por miedo tiene derechos. Sus empleados también. Y los tienen igualmente los vecinos que quieren regresar a casa sin atravesar una barricada ardiendo.
En Santa Cruz circula por redes un mensaje que anima a una concentración vandálica en la calle Castillo para el sábado 31 de octubre, a las cinco y media de la tarde. El texto incluye instrucciones explícitas para saquear establecimientos, provocar incendios y agredir a policías. Su autoría debe verificarse, pero su contenido exige una respuesta preventiva inmediata. Quien lo haya escrito se ha tomado la molestia de explicar qué pretende. Las autoridades deben tomarse la de averiguar quiénes están detrás del llamamiento y evitar que consigan lo que se proponen.
El mensaje incorpora, además, una coartada moral de guardarropía: asegura que se respetará al pequeño comercio porque el objetivo son las grandes empresas, los bancos y las franquicias. El tamaño del establecimiento es la licencia para asaltarlo. Los que trabajan en una cadena comercial son piezas de un sistema podrido y puede sacrificarse su empleo para entretenimiento de los que roban. La conciencia social de estos pirados termina justo en la oportunidad de hacerse con el botín.
Los antecedentes de Barcelona y Bilbao y los mensajes de saqueo documentados en otros grupos hacen aconsejable tomarse el asunto muy en serio. La prudencia consiste en anticiparse. Me cuesta creer que toda esta circulación de mensajes incendiarios, convocatorias anónimas y propaganda del desorden pueda despacharse como una simple travesura digital. Sospecho que puede haber actores interesados en amplificarla desde fuera. Sabemos que Europa afronta campañas de desestabilización rusas, intensificadas desde la invasión a gran escala de Ucrania. Investigar si existe alguna conexión es una obligación de los servicios de seguridad. Los escaparates rotos permiten fabricar miles de imágenes de impotencia. Después viene el relato: las democracias han perdido el control, sus gobiernos no protegen a nadie, la libertad conduce al caos y hace falta una mano con autoridad que ponga orden. Para difundir ese mensaje basta con aprovechar el desorden, aunque no se haya organizado.
La obligación inmediata de las autoridades es evitar los desmanes. El dueño de una tienda tiene derecho a que la protejan de quien quiere destrozarla. Hace falta información previa, coordinación policial, presencia suficiente y capacidad para detener a quienes cometan delitos. También hace falta conservar pruebas e identificar a quienes organizan e inducen los ataques. La respuesta debe alcanzar al que rompe el cristal y a quien, desde la comodidad del anonimato, lo dirige hacia él.
Que una parte de los jóvenes insurrectos sean menores exige una respuesta específica y seria. España dispone de una jurisdicción de menores y de instrumentos para exigir responsabilidades. Hay que comprobar si cuenta con medios suficientes, si los procedimientos llegan a tiempo y si las medidas impuestas se cumplen. Donde falten recursos, deben buscarse, y donde haya fallos legales acreditados, hay que corregirlos. Entiendo la tentación de reclamar tribunales especiales cuando la justicia parece incapaz de responder con la rapidez necesaria. Prefiero exigir que funcionen los órganos especializados que ya tenemos, reforzarlos y hacer que sus decisiones tengan consecuencias. Los tribunales de excepción, además de estar constitucionalmente prohibidos, ofrecerían una pésima defensa de los valores que pretendemos proteger. Podemos reclamar firmeza, reparación de los daños y medidas proporcionadas a la gravedad de cada conducta dentro del Estado de derecho. Hay razones suficientes para hacerlo sin inventar atajos. También convendría abandonar cierta condescendencia con el saqueo cuando se disfraza de rebeldía. Hay jóvenes con motivos sobrados para protestar: vivienda inaccesible, precariedad, expectativas menguantes. Sus reivindicaciones merecen atención y respuestas. Asociarlas al robo de teléfonos o al incendio de contenedores entrega su representación a quienes buscan botín. El descontento social exige política. Los delitos, investigación y justicia. Confundir una cosa con la otra termina perjudicando a quienes protestan pacíficamente y a quienes sufren daños violentos.
Europa tiene que defender su libertad con determinación. Eso incluye proteger el derecho de manifestación y garantizar que una calle comercial siga abierta incluso cuando alguien amenaza con arrasarla. Si detrás del desorden hay una operación extranjera, habrá que descubrirla y combatirla. Si hay delincuencia organizada, habrá que desmantelarla. Y si hay adolescentes convencidos de que ser multitud les garantiza impunidad, habrá que demostrarles que están muy equivocados. La libertad necesita instituciones decididas a protegerla. También este sábado, en la calle Castillo.
