El elefante en el salón de las pensiones

Francisco Pomares

Cada vez hay más pensionistas, cada vez esas pensiones son más altas, y cada vez las cobramos durante más tiempo. No hace falta ser premio nobel de Economía para entender que esa combinación es letal para un sistema de reparto como el nuestro: si no se cambia nada, acabará por reventar.

Lo absurdo de la situación actual es que resulta tan obvia que produce aturdimiento: las pensiones de los nuevos jubilados son un 23 por ciento más altas que el salario más frecuente entre los trabajadores españoles, lo que se llama el ‘sueldo modal’. Parece increíble, pero no es una ocurrencia de tertuliano, sino una realidad que refleja el último informe de Fedea y el Consejo General de Economistas: sin reformas estructurales, nos encaminamos a una factura pública inasumible.

El problema es tan evidente que sorprende que nadie en el Gobierno —ni en la oposición— quiera hablar de ello  en voz alta: o trabajamos más años, o cobramos menos pensión, o pagamos más impuestos para mantenerlas. No hay una cuarta opción mágica. Mientras tanto, la generación del baby boom se jubila con carreras largas y salarios mayores que los de generaciones previas, y con una esperanza de vida que convierte cada pensión en un compromiso presupuestario prolongado.

Pero la prioridad política no es –ni parece que vaya a serlo- atender las señales que hacen patente la urgente necesidad de reformar el sistema. Aquí de lo que se trata es de aguantar hasta la próxima campaña electoral. El discurso oficial es de un cinismo extraordinario: se presume de haber llenado la hucha de las pensiones, cuando en realidad el Fondo de Reserva está siendo alimentado hoy con deuda, no con excedentes. No son ni el Gobierno ni nuestros impuestos los que garantizan que el sistema se sostenga. Son recursos que le robamos a nuestros hijos y nietos para no tener que afrontar la situación.

Durante el Gobierno de Aznar, la hucha creció con los superávits de la Seguridad Social, alcanzando más de 14.000 millones de euros. Parecía una cantidad importante, pero lo que nos gastamos este pasado mes de julio en pagar pensiones fueron cerca de 13.600 millones. La Seguridad Social es deficitaria y solo aguanta gracias a transferencias del presupuesto del Estado: cerca de 40.000 millones anuales, que no salen del sistema, sino de los presupuestos, y que maquillan el déficit real de la Seguridad Social.

Sin esas transferencias, el agujero sería monumental, la Seguridad Social habría quebrado. Y aun con ellas, la deuda del sistema se ha disparado: de algo más de 41.000 millones en 2018 a algo más de 126.000 millones en mayo de este año. Casi tres veces más. Durante el mandato de Pedro Sánchez la deuda ha aumentado 75.000 millones, sin que a nadie parezca importarle una higa. El gasto en pensiones contributivas supera en estos momentos los 166.000 millones anuales, mientras los ingresos por cotizaciones no bastan ni para cubrir siquiera el gasto ordinario. Todo esto se tapa con un truco contable: trasladar parte del déficit de la Seguridad Social a las cuentas del Estado, sin que el agujero total del país cambie. El Gobierno esconder la basura bajo de la alfombra y nos dice que la casa está limpia y la hucha llena.

La Comisión Europea no se cree esa milonga: planteó serias dudas a la reforma y exige proyecciones de gasto e ingresos, exigiendo a España que el gasto promedio neto en pensiones hasta 2050 no supere el 13,3 por ciento del PIB. Según los cálculos preliminares, España logró evitar —por muy poco— activar la cláusula de ajuste automático prevista, incorporando transferencias e incrementando el salario mínimo, mejorando con eso las proyecciones.

Pero el resultado de esta huida hacia adelante es previsible: cuando el desfase se vuelva inasumible, habrá que actuar. Y se hará probablemente recortando las pagas de jubilación. El sistema público que hoy tenemos es una de las mayores conquistas sociales de nuestro tiempo, pero no es ni inmortal, ni tampoco indestructible. O se ajusta a la realidad demográfica y económica, o terminará por colapsar. Y esa realidad, por incómoda que sea, se resume en tres caminos posibles: trabajar durante más tiempo, cobrar pensiones más bajas o pagar más impuestos para poder sostener el sistema. Todo lo demás es mera propaganda.