Miércoles, 18 Noviembre 2026
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Paco Pomares

Francisco Pomares

 

A doce días de las elecciones, el Gobierno ha decidido repartir buenas noticias. A los trabajadores que cobran el salario mínimo les sube el sueldo un 5,3 por ciento. A los empleados públicos, un 4,5. Los primeros cobrarán más a cuenta de las empresas que los emplean; los segundos, con cargo a los presupuestos que financiamos con nuestros impuestos. Y el Gobierno, que no paga ninguna de las dos facturas con dinero propio, se reserva el papel de benefactor universal. Es una fórmula política extraordinaria: repartir los méritos, endosar los costes y esperar que los favorecidos recuerden al votar quién les anunció la buena nueva.

 

En un país donde el coste de la vida se ha disparado, la vivienda se ha convertido en un lujo y llenar la cesta de la compra exige cada vez mayores sacrificios, cualquier mejora retributiva es bienvenida. Nadie debería criticar que se pague más -sobre todo a quienes menos cobran-, pero resulta escamante la facilidad con la que el Gobierno decide cuánto deben pagar otros, sin asumir ninguna de las consecuencias de esas decisiones, y la desvergüenza de convertirlas en propaganda electoral.

 

La subida del salario mínimo supone 910 euros anuales más por trabajador. Una cantidad modesta, que no lo es tanto para una pequeña empresa con varios empleados, márgenes reducidos y dificultades para trasladar sus costes a los precios. Además, esos 910 euros no son toda la factura: también aumentan las cotizaciones empresariales. Y no es lo mismo afrontar ese incremento desde una gran compañía que desde un pequeño comercio, una explotación agrícola o un bar familiar.

 

La otra gran noticia del día es la subida salarial de los empleados públicos. Más de tres millones de trabajadores recibirán un incremento del 4,5 por ciento en 2027, al que se añadirá el medio punto correspondiente a la actualización por inflación de 2026, con efectos retroactivos. En este caso no se trata de una subida improvisado para las elecciones, forma parte de un acuerdo plurianual firmado con los sindicatos en noviembre del año pasado. Lo llamativo es que el Gobierno la apruebe ahora, en plena campaña, coincidiendo con la subida del salario mínimo. Las casualidades existen, y algunas tienen un plus de puntería electoral. Los empleados públicos tienen exactamente el mismo derecho que los demás trabajadores a recuperar su poder adquisitivo. Pero sus salarios se pagan con impuestos, y la factura no corresponde solo al Gobierno central. También deben asumirla las regiones y ayuntamientos, responsables de buena parte de los servicios públicos y de sus plantillas. En Canarias, donde Sanidad, Educación y Servicios Sociales absorben una parte sustancial del presupuesto autonómico, cada incremento salarial permanente obliga a encontrar recursos igualmente permanentes.

 

No se trata de discutir si médicos, profesores o funcionarios merece cobrar más. Se trata de saber cómo se financian esos incrementos, qué margen dejan para otras necesidades y qué ocurre cuando los compromisos de gasto crecen más deprisa que los ingresos disponibles. Porque el dinero público tiene una característica que nuestros gobernantes olvidan con frecuencia: antes de repartirlo, hay que conseguirlo. Y conseguirlo significa recaudar impuestos, endeudarse o renunciar a financiar otras cosas. Y este Gobierno, tan entusiasta a la hora de subir salarios, muestra bastante menos entusiasmo cuando se trata de explicar cómo lograr que nuestra economía produzca más y mejor. La productividad, la formación, la innovación, la simplificación administrativa o la reducción de las cargas burocráticas no proporcionan titulares electorales. Exigen tiempo, reformas, acuerdos y una cierta disposición a reconocer que la prosperidad no nace de las decisiones de un Consejo de Ministros en campaña.

 

El mismo Gobierno que celebra estas subidas como una conquista social lleva años contemplando cómo la inflación erosiona los ingresos familiares. Los salarios aumentan, pero también lo hacen los alimentos, los suministros, los alquileres y buena parte de los servicios esenciales. Y mientras los ciudadanos intentan recuperar el terreno perdido, el Ejecutivo se presenta como el generoso benefactor que viene a rescatarlos en vísperas electorales. Sería ingenuo pensar que la coincidencia carece de intención política. No es preciso negar la conveniencia de las medidas para advertir su utilización propagandística. Basta observar el calendario: cuando faltan doce días para votar, anunciar mejoras salariales que benefician a millones es una tentación demasiado poderosa para un Gobierno que ha convertido la comunicación política en su especialidad.

 

Gobernar no es solo repartir. La política económica no puede reducirse a anunciar incrementos salariales, subvenciones, ayudas y bonificaciones, mientras se aplaza indefinidamente la discusión sobre cómo sostenerlos. Un país no se hace más rico porque su Gobierno ordene pagar más, sino porque consigue generar suficiente riqueza para que todos puedan vivir mejor. Pero esa explicación no proporciona votos. Así que el Gobierno invita, los trabajadores lo celebran y la factura se paga entre empresas y contribuyentes. Solo falta recordar, antes de acudir a votar, que las invitaciones con dinero ajeno nunca salen gratis.


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