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El jamón

Antonio Salazar

 

Thomas Sowell dijo que “la primera lección en economía es la escasez. La primera lección de la política es ignorar la primera lección de la economía”. El pornográfico espectáculo que estamos presenciando a cuenta de las secuelas de la COVID-19 parece empeñado en darle la razón. De un lado, no hay grupo de presión que no reivindique el carácter estratégico de su sector y, por ende, la necesidad de su rescate inmediato. En ese lado tenemos a los representantes turísticos, aéreos, industrial, del motor y un desafortunado largo etcétera. Todos quieren dinero público para salvar sus negocios, con independencia de si están en esta situación como consecuencia de una mala gestión o del cierre decretado por el gobierno. Solo en este último caso se justificaría la asistencia circunscrita al tiempo estricto de clausura, no mientras esperan recuperar una normalidad que es posible tarde varios en años en llegar.

 

 

Las primeras medidas adoptadas ya hicieron tabula rasa y brindaron auxilio incluso a las empresas irrentables que todavía mantenían actividad antes del 14 de marzo. Se parte de una lógica aplastante, es mejor convencer al gobierno que buscar alternativas no tan sencillas. Es importante el interés de nuestros gobernantes por presentarse como los salvadores de una situación extrema que afecta por igual a todo el mundo (nota a pie de página, es falso: no es igual para todo el mundo y en la ecuación salvar economía-salvar vidas estamos a la cola, no hemos conseguido ni la una ni la otra). Se concilian, por tanto, intereses entre quienes aspiran al papel de héroes con los de quienes aspiran a ser rescatados.

 

 

Existe, sin embargo, un aspecto que se suele pasar por alto y que entronca con la cita de Sowell, los recursos son escasos y tampoco tenemos mucho margen para poder ampliarlos. Siempre se puede sostener públicamente que es momento de subir los impuestos, que contribuyan más los que más tienen o esa provocación del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, de lo gustoso que los ricos españoles pagarían una contribución solidaria por puro patriotismo. Un sinsentido múltiple, no son demasiados -los ricos definidos por Unidas Podemos no superan con mucho los 80.000- y aunque nacionalizaran sus patrimonios apenas podrían atender los colosales compromisos de gasto que se han ido anunciando en las últimas semanas. No hay un solo discurso que anuncie lo irremediable, que habrá que afrontar ajustes y reducciones de gasto público, no solo para honrar un compromiso con la UE, también para ser más eficientes. O lo que es lo mismo, estamos en un momento en que todo el mundo quiere hincarle el diente al jamón sin preocuparse de si habrá más para los demás y sin caer en el pequeño detalle de que, quizás, no quede ya pernil. 

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