El laboratorio herreño
Francisco Pomares
Amado Carballo, Alpidio Armas, Armiche Benítez y Ana González, responsables de la coalición minoritaria que gobierna El Hierro, durante la rueda de prensa que ofrecieron el viernes pasado en el Cabildo para denunciar el bloqueo de la oposición.
El Hierro lleva tres años convertido en una suerte de laboratorio político donde observar, a pequeña escala, la enfermedad de la crispación y el enfrentamiento que se extiende hoy por tantas instancias españolas. Lo ocurrido en el Cabildo herreño desde las elecciones de 2023 es que la Agrupación Herreña Independiente fue la fuerza más votada y Javier Armas accedió automáticamente a la presidencia insular. Apenas unas semanas después fue desalojado mediante una moción de censura presentada por el PSOE y encabezada por el anterior presidente del Cabildo, su propio hermano, Alpidio Armas. Esa mayoría censurante se rompió poco después, con acusaciones entre el PSOE y la Asamblea Herreña, que había apoyado censurar a Javier Armas. Se montó entonces una nueva mayoría sostenida por PSOE, Izquierda Unida-Reunir, y dos consejeros del PP, una alianza tan insólita que ni siquiera contó con el respaldo de las direcciones regional y nacional del PP.
Quien conozca la política insular no se sorprenderá mucho: en las islas menores de la provincia occidental (ya resulta difícil considerar menores a Lanzarote y Fuerteventura), como también ocurre en muchos municipios, la ideología pierde fuerza frente a los vínculos personales, las rivalidades familiares, las amistades de toda la vida y las cuentas pendientes acumuladas durante décadas. “Pueblo chico, infierno grande”: es la expresión que resume bastante bien una realidad política que pocas veces aparece en los programas y discursos de los partidos.
El problema surge cuando esas relaciones personales terminan sustituyendo a la lógica institucional. Porque la censura puede ser perfectamente legítima, está prevista en la ley y forma parte de las reglas democráticas. Pero una moción no resuelve por sí sola los problemas, simplemente cambia quién ocupa el despacho presidencial. Después hay que gobernar. Y gobernar exige compromisos y acuerdos más complicados que sumar votos contra alguien un día concreto.
El grupo de gobierno actual cuenta en El Hierro con seis consejeros frente a los siete que suma la oposición. Es algo parecido a lo que le ocurre a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y el resultado es el mismo: un bloqueo casi permanente. El presidente acusa a la oposición de impedir ayudas sociales, becas, subvenciones al sector primario e incluso el pago de la sentencia millonaria por mala gestión en la obra del Auditorio de La Peña. La oposición responde que no se niega a aprobar esos expedientes –necesarios para la vida de la isla-, sino que reclama información, transparencia y tiempo para estudiarlos. Es posible que el gobierno insular actúe con inconsciencia de su minoría, y que la oposición insularista (el PP está con Alpidio) exagere el maltrato que recibe. Pero eso, aunque pueda explicar la situación, resulta secundario. Lo importante es que el Cabildo permanece atrapado en una dinámica en la que cualquier decisión precisa una disposición a la negociación que no termina de aparecer.
Cuando no se tiene la mayoría hay que pactar. Pactar no puede consistir solo en sumar escaños para elegir al presidente. Pactar exige conservar la capacidad de llegar a acuerdos con los que no gobiernan. Y eso requiere confianza, respeto por el adversario, transparencia y una cierta voluntad de reconocer la legitimidad del otro, su rol en la vida política. Cuando cualquiera de esos ingredientes desaparece, los gobiernos sobreviven, pero las instituciones dejan de funcionar.
El Hierro no es una excepción. Es otro aviso de que la fragmentación política hace cada vez más improbable la existencia de mayorías absolutas. Eso obliga a construir gobiernos de coalición e inestables ejecutivos en minoría. Ambas fórmulas son perfectamente democráticas, pero exigen una cultura del acuerdo que fuimos capaces de asimilar durante la Transición y en los años posteriores, pero que hemos desaprendido en estos últimos años. Hoy se entienden los pactos como instrumentos para conquistar el poder, no para ejercerlo. Y cuando una institución dedica más tiempo a discutir quién es responsable del bloqueo y de la incapacidad de afrontar los problemas, antes que a solucionar los problemas de la gente, lo que suele suceder es que la gente se harta y acaba por renegar de una democracia que no les resuelve nada. La incapacidad de las mayorías para ponerse de acuerdo en lo que debiera ser fácil estar de acuerdo empuja a los ciudadanos a votar opciones radicales que prometen soluciones fáciles.
Ya puestos, quizá también convenga recuperar una vieja reflexión sobre la lista más votada. Las mayorías alternativas a la más votada son legítimas. Pero quien decide apartar del poder a la quien ganó las elecciones asume una responsabilidad adicional: demostrar, día tras día, que su mandato mejora la estabilidad institucional y la capacidad de gestión. Si el resultado termina siendo el bloqueo, la pregunta debiera ser si mereció la pena alterar la voluntad expresada por la mayoría. Y en El Hierro –como ocurre en España- la duda empieza a ser inevitable.
