Lunes, 06 Abril 2026
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Por Antonio Coll

 

Mientras en Lanzarote todo transcurre como siempre,  a la espera de que el “proceso” de nuevos pactos en el Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Arrecife,  permitan ofrecer estabilidad pragmática en las dos instituciones más importante de la isla,  el proceso del artículo 155 de la Constitución estatal,  sigue su curso pacífico, en Cataluña,  con el objetivo de no frenar la administración de la Generalitat,  hasta las elecciones autonómicas catalanas el 21 de Diciembre.  Realmente, las noticias sobre la declaración de independencia, proclamada por los llamados soberanistas gubernamentales y parlamentarios catalanes, han acaparado la atención de la mayor parte de la opinión pública del Reino de España. Y no es para menos porque se trata de un acontecimiento inaudito tras la implantación de un estado de derecho democrático y social en España, después de la desaparición del general Franco y la proclamación de Juan Carlos I como Rey  de España (1975). 

 

Con bastante detenimiento he seguido la información en los diarios digitales y tertulias radiofónicas todo lo concerniente a Cataluña y las coordenadas de un proceso, aparentemente,  muy ambiguo y confuso al tratarse de una cuestión territorial y  de identidad en una región española, “actualmente”, cuyos  dirigentes políticos autonómicos  aspiraban a proclamar un nuevo estado independiente en forma de república. De hecho su president, Carles Puigdemont,  cumplió su compromiso,  a sabiendas de las graves  dificultades jurídicas y económicas.  Es cierto que con mucha presión, Puigdemont, tuvo que aceptar el plan A, sin plan B, en cuanto era consciente de la aplicación del artículo 155,  por parte del Gobierno y Senado del  Estado Español. Además de las consecuencias jurídicas y penales que incurría él,  su gobierno y parlamentarios soberanistas.  Porque una cuestión es la política y otra las leyes.  La salida más atenuante era haber convocado elecciones y alargar el conflicto para tiempos más apacibles. Al menos se resguardaban, me refiero a los políticos soberanistas, de las actuaciones judiciales que siempre siguen su curso, cuando se incumplen las normas establecidas por una Constitución,  aprobada por la mayoría de las 17 comunidades autonómicas del Reino de España. Y Catalunya fue la comunidad que más votó a la Carta Magna.

 

La salida de Puigdemont y algunos de sus consellers al Reino de Bélgica, para evitar a los tribunales y luchar contra cualquier extradición,  como puede ocurrir, es simplemente marear más la perdiz, que confirma que todo los sucedido se asemejaba más a un “brindis al sol”, alejado de una realidad que cuando se oculta, conlleva consecuencias,  a veces, irreversibles.

 

Yo entiendo que el problema de Cataluña va para largo y no se resolverá tras los comicios del 21-D.  Si es cierto que la decisión del gobierno estatal  de Rajoy de convocar elecciones anticipadas, en poco tiempo,  y devolver la autonomía de Catalunya al mundo real, es a mi parecer, acertada, porque al menos  despeja por un tiempo la situación tensa de jornadas anteriores. Al menos,  se lanza  mensajes de tranquilidad a sectores empresariales, así como a sectores catalanistas más moderados y pragmáticos. Cataluña no puede verse empobrecida por actitudes sentimentales,  identitaria o las que se esconden detrás de intereses personales. Porque el fortalecimiento de una sociedad,  con más de siete millones de habitantes, está sobre todo en la economía y en el bienestar social. Crear conflictos entre la gente,  provocar que miles de empresas se marchen, solo conduce a aumentar el desempleo y  las desigualdades. Y esto sí es serio. Cataluña es una de las comunidades con más autonomía  de la Unión Europea.  Tiene un potencial empresarial e industrial de los más altos del Estado y el sector turismo-comercio es puntero en Europa.  En este contexto sociopolítico-económico favorable se pierde la razón si se analiza lo acontecido. 

 

Por otro lado,  percibo que llamar,  constantemente,  República al hipotético estado independiente de Cataluña, como sistema organizativo político-administrativo, es muy similar a la de un estado monárquico parlamentario democrático y,  por supuesto,  no necesariamente conduce a una sociedad perfecta y dichosa,  como algunos de  los llamados soberanistas han intentado  concienciar a parte de la sociedad catalana  para diferenciarla  del  Reino de España.  La obra filosófica de Platón titulada “La República” (380 años,  a. C.),  enumera varias formas de gobierno, entre las que destaco: la aristocracia, la democracia  y  la timocracia. 

 

Sea como fuere, detecto que el Gobern de Puigdemont–Junquera y sus parlamentarios,  no son miopes y pienso que algo esconden  detrás de sus actuaciones.  Por ahora, han conseguido una “república”  dependiente del 155. Esto es todo por ahora…


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