Viernes, 20 Noviembre 2026
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Paco Pomares

Francisco Pomares

 

Puigdemont ha decidido contar ahora, a diez días de las elecciones, lo que ocurrió durante las negociaciones que hicieron posible la investidura de Sánchez en 2023. Lo que cuenta es extraordinariamente revelador, pero no porque él sea un personaje particularmente fiable, ni porque sus palabras deban aceptarse como una verdad indiscutible. Más bien porque su relato encaja con la interpretación que muchos hemos sostenido desde el principio: Sánchez aceptó modificar las posiciones que había defendido solemnemente para conservar el poder. El PSOE vendió su alma al diablo.

 

La entrevista publicada por El Mundo tiene algo de ajuste de cuentas y bastante de exhibición de fuerza. Puigdemont no pretende presentarse como un socio engañado, sino como alguien que supo aprovechar las necesidades de Sánchez para arrancarle concesiones que parecían imposibles. Su descripción de aquella negociación resulta particularmente desagradable para el PSOE porque procede de quien estuvo al otro lado de la mesa. No es la denuncia de un adversario político, sino la versión de uno de los beneficiarios del acuerdo. La acusación más grave no es siquiera la que se refiere a las concesiones políticas. Es el juicio que Puigdemont formula sobre el propio Sánchez, al que atribuye una ambición desmedida y una ausencia total de principios morales. Son palabras extraordinariamente duras, pronunciadas por alguien cuyos votos resultaron imprescindibles para la continuidad del Gobierno. Y aunque el juicio pertenece exclusivamente a Puigdemont, no puede ignorarse que procede de un dirigente que conoce bien las circunstancias en las que se desarrolló la negociación de la amnistía.

 

Pero para mí, lo importante no es la opinión que Puigdemont tenga de Sánchez. A fin de cuentas lo que Puchi expresa es una opinión compartida con otros miles de personas, pero una opinión al fin y al cabo. Lo que Puigdemont nos cuenta sobre el procedimiento seguido para conseguir los siete votos de Junts si es muy revelador: fueron los socialistas quienes buscaron el acuerdo, quienes exploraron las posibilidades de satisfacer sus exigencias y quienes terminaron aceptando una amnistía que hasta entonces habían considerado incompatible con el orden constitucional. Puigdemont asegura incluso que se le ofreció inicialmente una solución personal mediante el indulto, que rechazó porque su objetivo político iba mucho más allá de resolver su situación judicial. Al presentar la operación, la amnistía dejó de ser una medida inaceptable para convertirse de la noche a la mañana, en un instrumento indispensable para la convivencia. Lo que durante años había sido defendido como un límite del Estado de derecho pasó a justificarse como una exigencia de la reconciliación. El cambio fue tan repentino como conveniente: se produjo cuando Sánchez necesitó los votos de Junts para seguir en la Moncloa.

 

La política exige negociar, rectificar y alcanzar compromisos, pero existen diferencias entre modificar una política irrenunciable por convencimiento y hacerlo para asegurarse la continuidad en el poder. Esa diferencia exige dar una explicación, sobre todo cuando afecta a cuestiones como la igualdad ante la ley, la independencia judicial o las relaciones entre instituciones del Estado.

 

Puigdemont sostiene que Junts calculó sus exigencias para obtener el resultado máximo evitando la ruptura. Es una descripción bastante menos romántica que la historieta persa de la reconciliación nacional, con la que Sánchez justificó su decisión. No se trató de concordia ni de superar heridas, sino de aprovechar la oportunidad política de un gobierno sin opciones, de un presidente dispuesto a ceder ante el independentismo por mantenerse en el poder.

 

Puigdemont tiene motivos para largar ahora. Explica a sus electores qué consiguió con aquella alianza, justifica su ruptura con el PSOE y recupera protagonismo en campaña. Su relato es interesado, pero el carácter interesado de un testimonio no convierte automáticamente en falsas sus revelaciones. Y menos cuando buena parte de lo que describe resulta coherente con la sucesión de los hechos.

 

Durante estos años, los españoles hemos asistido a una transformación radical del discurso socialista sobre el independentismo catalán. Hemos escuchado explicaciones cambiantes, justificaciones retrospectivas y apelaciones a una convivencia cuyos resultados siguen siendo discutibles. Ahora, uno de los principales protagonistas de aquella operación ofrece una interpretación muy diferente: la de una negociación en la que cada concesión respondía a la exclusiva necesidad de asegurar la investidura. Puigdemont ha elegido el momento que más le conviene para contar su historia. No hay por qué creer todo, pero tampoco podemos fingir que sus palabras carecen de importancia.

 

Más allá de sus intenciones, la entrevista coloca en el escenario público una pregunta que jamás fue contestada. La de cuánto Estado estuvo dispuesto a hipotecar Sánchez, para conservar una ficción de poder que ni siquiera permitió aprobar los presupuestos en toda la legislatura.


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