El problema
Francisco Pomares
Recuerdo con meridiana precisión aquellas declaraciones de un secretario de Estado, acusando a las islas de insolidaridad por pedir que una parte de los menores emigrantes de los que se ocupa Canarias fueran repartidos en otros territorios. Era un tiempo –aún cercano- en el que el discurso oficial del PSOE en el Gobierno era que la presencia de miles de pibes africanos en las islas no suponía un problema, sino una oportunidad, y que no verlo así era una cuestión de racismo, propia de xenófobos. Recuerdo también la negativa de Sánchez a recibir a Clavijo para hablar del repunte brutal de la emigración ilegal a las islas, mientras el PSOE canario acudía a La Mareta a obsequiar a su señorito con música de timple. Entonces el discurso del PSOE era que todo lo que llegaba de canaria eran exageraciones, que no había problemas, que los centros estaban funcionando muy bien y no merecía la pena molestar las vacaciones de Sánchez con lamentaciones. Creo que la primera vez que el Gobierno nacional comprendió la gravedad de lo que ocurría fue después de que Marlaska demostrara su incapacidad para pronunciar Arguineguín, en aquellos días terroríficos en los que Onalia devolvió a la Delegación del Gobierno el par de centenares de emigrantes perdidos que Anselmo Pestana soltó con lo puesto y una botella de agua en Mogán. Recuerdo también que me he pasado años escuchando el argumento peregrino de que el Gobierno nacional no tiene responsabilidad alguna en el tema de menores, reiterado hasta hace un par de meses, por los corifeos de Mioncloa, con la claque espontánea del PSOE canario. Por eso creo que en Canarias caben casi todos los discursos, menos el de un Gobierno español que se ha negado a asumir responsabilidad alguna en lo que –hoy por hoy- es sin duda el mayor problema al que se enfrentan las islas.
Ayer mismo, el ministro Torres volvió al timple: dijo en la radio que el Supremo “no obliga” a trasladar a los menores malienses peticionarios de asilo a la Península, que pueden quedarse en Canarias, que lo que ha dicho el Supremo es que hay que garantizar que estén en lugares sin hacinamiento. ¿En qué centros, ministro? ¿En los mismos que ya albergan cuatro veces más niños de los que pueden soportar? La respuesta de Torres es un insulto a la inteligencia: un pretexto para no actuar. El fallo del Supremo no es un ejercicio de retórica; es un mandato para que el Estado cumpla con su obligación básica: proteger a los menores.
Ayer por la mañana, en un foro organizado por El Mundo, Fernando Clavijo y Manuel Domínguez coincidieron en su indignación ante la pasividad de Moncloa frente a la crisis migratoria. Y lo hicieron sin matices. Que Coalición y el PP canario se den la mano no es un gesto menor: significa que la emergencia no puede seguir siendo munición partidista para convertirse en un clamor institucional.
Los datos son tozudos. Canarias cerrará 2025 con 20.000 llegadas irregulares, 7.000 de ellas previstas para los próximos tres meses. Pero el verdadero drama tiene nombre y edad: más de mil menores malienses han solicitado asilo y deberían estar en centros de acogida dignos, repartidos por la Península. Solo 93 han salido de las islas. El resto malvive en instalaciones que cuadruplican su capacidad.
Frente a esa realidad, el circunspecto Clavijo fue ayer rotundamente claro: el Gobierno “utiliza la inmigración para generar crispación política”. Domínguez fue aún más lejos: Pedro Sánchez evita pedir el despliegue de Frontex porque “vive cómodo en la bronca” y necesita inflar a Vox para movilizar a su propio electorado. La política de brazos cruzados de Madrid es deliberada. Mientras se discute agriamente en tertulias sobre la vuelta Ciclista o Eurovisión, miles de chicos africanos siguen confinados en Canarias, sin recursos educativos, sanitarios ni afectivos. El Supremo insiste en que los menores deben ser atendidos por el Estado. El Supremo no habla de “buena voluntad”, habla de derecho. Y ese derecho no admite la interpretación servil que hace Torres. El Gobierno espera que los jóvenes cumplan 18 y dejen de ser su problema, una estrategia que en el foro de ayer se denunció sin rodeos.
Porque cada semana que pasa sin traslados multiplica el riesgo de exclusión, de violencia, de explotación. Son adolescentes que han cruzado medio continente y sobrevivido al océano, algunos han sufrido maltrato, castigos, violaciones. Y aquí se encuentran con un embudo burocrático que los convierte en rehenes de un pulso político que nada tiene que ver con ellos. La dejación del Estado no es algo abstracto: supone menores sin escolarizar, centro saturados, trabajadores sociales desbordados.
La foto de Clavijo y Domínguez compartiendo indignación es una lección de política adulta. Demuestra que la crisis migratoria no es una excusa para pelear, sino un desafío común. Mientras en Madrid se negocia el reparto del déficit o la condonación de la deuda catalana, Canarias afronta completamente sola un reto que desborda sus competencias. Por eso hay que exigir que el Gobierno español traslade a los menores a centros adecuados en otras comunidades y dote de recursos a quienes los atienden. Que resuelva el problema, que haga lo que la ley le ordena.
