El regreso de la momia

Francisco Pomares

El ministro Torres aparece tras todas las operaciones para evitar el retorno de la momia del Barranco de Erques a Canarias

Durante casi tres siglos, la momia guanche del Barranco de Erques ha permanecido lejos de su tierra. Es, probablemente, uno de los cuerpos humanos mejor conservados del mundo antiguo, un testimonio único de la cultura guanche y también un símbolo de identidad para Canarias. Pero también es una pieza arrancada de su contexto funerario y cultural, depositada en un museo del Estado como un despojo histórico o una anécdota científica.

La discusión sobre su restitución a Canarias no es nueva. Desde los primeros años de la autonomía, desde Canarias se ha reclamado reiteradamente que los restos regresen a Tenerife. Lo hizo el Gobierno en los años ochenta, se repitió en el Senado en 2006 y volvió a hacerse con informes técnicos y jurídicos en 2017 y 2022. Ninguna de esas iniciativas prosperó. El Estado mantuvo una negativa constante, disfrazando de prudencia técnica lo que era de desidia burocrática.

La cuestión volvió a primer plano tras la incorporación de Miguel Ángel Clavijo, historiador y profesor de la ULL, a la Dirección General de Patrimonio Cultural. La Administración regional considera que el actual marco jurídico y ético no deja margen a la ambigüedad. La momia no un bien de titularidad difusa: forma parte del patrimonio cultural de Canarias, conforme al Estatuto de Autonomía y a la Ley de Patrimonio Cultural. Su devolución a Canarias, no es un gesto simbólico, al albur de la decisión sobre el particular de un ministro. Es una obligación derivada de la ley y del principio de lealtad institucional: el patrimonio arqueológico aborigen pertenece a Canarias, no por capricho político, sino por mandato legal. El problema es que el Estado sigue ejerciendo una tutela fáctica que ya no le corresponde. La custodia física de la momia en Madrid impide a las instituciones canarias ejercer plenamente sus competencias y mantener la continuidad de su propia política patrimonial.

Pero el caso de la momia de Erques no es solo un conflicto jurídico: la historia de su traslado —como regalo al rey Carlos III en el siglo XVIII— forma parte de una larga cadena de expolios que acompañaron la conquista y colonización del Archipiélago. Durante siglos, restos humanos, ídolos, cerámicas y objetos rituales salieron de las islas hacia museos europeos, como objetos exóticos, respondiendo a la lógica de aquellos tiempos. Esa desposesión es la raíz de un sentimiento persistente de pérdida y desarraigo que todavía atraviesa el imaginario canario.

El actual Ministerio de Cultura ha hecho bandera de una política de “decolonización museística”, inspirada en la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. España ha respaldado devoluciones de bienes culturales a países africanos y latinoamericanos, y ha proclamado su voluntad de “superar el marco colonial” en los museos españoles. En coherencia con esa política, en 2024 se aprobó una carta de compromiso para el tratamiento ético de restos humanos en los museos del Estado. Pero resulta muy difícil entender que la única medida adoptada haya sido retirar la momia de la exposición pública, como si esconder el problema en un almacén bastara para resolverlo. Es una paradoja moral: el Ministerio proclama respeto y dignidad para los restos, pero se niega a devolver a Canarias uno de los símbolos relevantes de nuestra historia. La “descolonización museística” se queda, una vez más, en una declaración para consumo de izquierdistas ingenuos. En cuanto al argumento de que la momia está mejor conservada en Madrid, no resiste el escrutinio: el Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife cuenta con instalaciones de primer nivel y personal científico especializado, incluidos laboratorios bioantropológicos y sistemas de conservación que cumplen con todos los estándares de la UNESCO. Ninguna institución española reúne mejores condiciones técnicas para custodiar momias. El traslado, además, permitiría integrar la de Erques en un discurso museográfico coherente sobre la historia y la cultura guanche, devolviéndole el contexto que le fue arrebatado.

En realidad, el debate sobre la momia de Erques trasciende el ámbito patrimonial. Tiene más que ver con el reconocimiento de la pluralidad cultural. La Constitución protege el patrimonio de “los pueblos de España”, y Canarias, con su historia de conquista, mestizaje y singularidad atlántica, no puede quedar fuera de esa noción. La restitución no es una exigencia política: es un acto de respeto institucional y un paso hacia la reparación de una memoria colectiva largamente desatendida. Por eso, en el último año, el Ministerio ha querido dar credibilidad a su discurso de reparación histórica, y la devolución de la momia parecía contar con el visto bueno de técnicos y autoridades de Cultura. Pero ha ocurrido algo inexplicable, una instrucción política ha bloqueado un proceso de restitución burocrática ya avanzado. La decisión de frenarla –atendiendo al pedestre criterio de que devolverla ahora sería colocar un triunfo en manos del actual Gobierno regional- parte de un ministro del Gobierno. Un ministro canario, que es además secretario general del PSOE regional, y que suele plantear –incluso de forma pública- que esa devolución es imposible. Desenmascarar lo que ya es una evidencia repetida por técnicos y cargos intermedios del Ministerio, es una obligación.

La momia guanche del Barranco de Erques no necesita ser venerada, ni escondida, ni convertida en símbolo de nada. Solo es preciso que deje de ser objeto de mercadería política y vuelva a casa.