El sumidero
Francisco Pomares
La decisión de Europa de endurecer su política migratoria no es algo nuevo, sino la culminación de un proceso largo y casi inevitable, que arranca con la crisis de refugiados de 2015 y se consolida en cada proceso electoral de los países miembros, cuando el odio y el miedo a los otros gana terreno al principio de solidaridad que inspiró el nacimiento de la Unión.
Desde la crisis siria y el asalto a las fronteras europeas de decenas de miles de personas desesperadas, la lógica de Bruselas ha sido siempre la misma: contener, externalizar, filtrar, convertir las fronteras en espacios de disuasión. Las pocas voces que se levantaron para rechazar un tratamiento inhumano del problema ya no pintan nada en la Unión Europea. El Pacto de Migración y Asilo de la Unión, aprobado en 2024, no rompió con esa tendencia, la institucionalizó. Pero lo que empieza a partir de ahora -en junio de 2026- es la aplicación real del acuerdo suscrito por las naciones europeas. En Junio el pacto deja de ser mera teoría y empieza a afectar de verdad a los territorios fronterizos y alejados de las capitales continentales, como Canarias.
Europa no quiere más migrantes. O, al menos, no quiere que se vean. Y para eso ha diseñado un sistema que desplaza la presión hacia sus márgenes geográficos: Grecia, Italia, Malta… y en la frontera del Atlántico medio, por supuesto, nosotros: Canarias. Los mecanismos que definen y articulan el pacto son sofisticados y complejos, pero la idea es desgraciadamente muy simple: a quien intenta entrar en Europa sin autorización, si se puede se le deja esperando en la frontera, en campos de internamiento preparados ex profeso para retener a miles de personas, durante semanas, o incluso durante meses si es necesario. Allí se les procesa, se les clasifica, se les devuelve a su país o se les redistribuye… si hay voluntad política de hacerlo. Y si no, se paga por mantenerlos fuera. Literalmente.
Pagar es la fórmula que permite a los Estados eludir la acogida mediante compensaciones económicas a los países que se queden con los emigrantes. Por tanto, habrá países que recibirán personas, mientras otros pagarán y todos podrán decir que han cumplido.
En ese contexto, cuando Fernando Clavijo dice que lo que la Unión pretende es que los migrantes queden recluidos en territorios limítrofes para que no molesten a los países ricos por sus calles, no exagera en absoluto. Su crítica a la nueva política comunitaria es una descripción bastante ajustada del modelo que plantea el Pacto aprobado en 2024 y que –casualidades de la vida- entrará en vigor coincidiendo con la visita del Papa León XIV a Canarias, territorio de retención. Lo que Clavijo señala es realmente el corazón del problema: la absoluta ausencia de corresponsabilidad real en el enfoque de un pacto que parece hecho a la medida de esa ultraderecha xenófoba a la que todos señalan, pero también imitan.
Europa ha optado por una solución práctica. No se ocupa de resolver el fenómeno migratorio, apenas lo gestiona, desplazando a los inmigrantes hacia donde menos molestan, hacia las periferias, sin asumir que en muchos de esos territorios frontera -como ocurre en Canarias- se carece de recursos para poder absorber la presión de miles de personas sin futuro de forma sostenida. Así, el riesgo de que esas zonas de frontera se conviertan en espacios de retención prolongada, en guetos, es más que evidente. Lo más probable es que con el paso del tiempo, la excepcionalidad se convierta en norma, y -en nombre de la eficacia-, se acabe por consolidar un sistema que primero tensionará los servicios públicos de las regiones afectadas y luego acabará por poner en cuestión los estándares básicos sobre derechos humanos.
La cuestión más grave es que este modelo para enfrentar la emigración irregular no surge de la improvisación, sino del consenso entre los mayores países de una Europa que, enfrentados a un fenómeno increíblemente complejo, han optado por la solución más sencilla políticamente, que es la de alejar el problema de sus ciudadanos y esconderlo. El resultado es una paradoja que define la realidad actual de esta Unión Europea nuestra, que se construyó sobre la idea de solidaridad, y ha terminado por implantar un modelo que permite obviarla, comprándola. Y al hacerlo, convierte la gestión de la cuestión migratoria en un asunto relacionado exclusivamente con la capacidad económica de los países receptores, dejando de lado la humanidad y el compromiso político entre países de la Unión. Todo ello mientras los lideres continentales siguen con el discurso de su honda preocupación por el bienestar de quienes confinan.
Por eso, cuando Clavijo protesta, no está defendiendo solo los intereses de Canarias. Está señalando una contradicción de fondo: que el problema no es la presión creciente sobre Europa de miles de seres humanos desesperados, sino lo que Europa piensa hacer con ellos: aparcarlos lo más lejos posible.
