El turismo que odiamos

Francisco Pomares

Los datos presentados ayer en Fitur por Fernando Clavijo son difíciles de negar y –precisamente por eso- extraordinariamente incompatibles con el discurso público que se ha instalado en Canarias. En 2025, el turismo generó más de 23.000 millones de euros, un 41 por ciento más -en términos reales, descontando la inflación- de lo que se producía antes de la paralización económica y vital que supuso la pandemia. No hablamos de visitantes contados a bulto, sino de riqueza real creada, de facturación, de empleo y de salarios. Y, aun así, una parte significativa de la sociedad sigue repitiendo que el turismo es un mal negocio para las islas.

La contradicción no puede ser más evidente.

Canarias recibió el año pasado 18 millones y medio de turistas. Ese flujo sostuvo cerca del 40 por ciento de la riqueza que se produce y se reparte en el Archipiélago. Permitió mantener la ocupación hotelera en máximos históricos, elevar los ingresos por habitación por encima de la inflación y consolidar 280.000 empleos directos, con el paro en mínimos históricos. Los convenios colectivos firmados en ambas provincias introdujeron subidas salariales del diez por ciento, una mejora real en un sector que desde hace años es acusado de no contribuir a reducir la brecha económica entre los que más ganan y los que menos tienen.

La cosa es que ni los datos ni los hechos, ni siquiera los argumentarios coinciden con el relato dominante de la turismofobia. Porque el rechazo creciente al turismo no guarda proporción con su impacto económico. No se ha traducido en una reducción de llegadas, ni ha frenado la actividad, ni modificado sustancialmente el modelo. Lo que sí ha permitido, en cambio, es canalizar frustraciones: la dificultad de acceso a la vivienda, la percepción de desigualdad, el colapso de servicios públicos o la sensación de pérdida de control sobre el territorio.

El turismo funciona aquí como una suerte de chivo expiatorio, capaz de soportar todas las culpas. Porque es mucho más sencillo hacer al visitante responsable de nuestros males endémicos, que afrontar problemas estructurales que no dependen solo -ni principalmente- del sector turístico: la vivienda no es inaccesible porque haya turistas, sino porque durante años se dejó de construir, se toleró la especulación y se renunció a una política pública de suelo eficaz. Los salarios no son bajos porque vengan más turistas, sino porque nuestra economía carece de equilibrio, su terciarización es desproporcionada, y eso supone un aliciente para la consagración de la desigualdad. Además, la productividad, la formación y la negociación colectiva han estado bloqueadas demasiado tiempo. El deterioro de servicios no es culpa del turismo, sino de unas administraciones que no logran redistribuir con eficacia la riqueza que el turismo aporta. Y sostener eso no significa negar impactos ni cerrar los ojos ante la presión ambiental. Significa poner las cosas en su sitio.

Desde un punto de vista práctico, es evidente que las masivas movilizaciones contra el turismo han tenido un efecto mucho más modesto de lo que sus consignas sugerían. No se ha reducido el número de visitantes, más bien ha ocurrido todo lo contrario. No ha cambiado el modelo productivo. Las movilizaciones han servido, sobre todo, para justificar que las administraciones introduzcan impuestos camuflados de ecología -accesos regulados, cobros en espacios naturales emblemáticos- y para alimentar un clima de confrontación simbólica. Poco más. Algunos titulares, algunas fotos polémicas, mientras la realidad económica mantenía su curso.

Ahora, según el mismo Gobierno que se abstuvo de condenar las manifestaciones, de lo que se trata es de dejar de contar visitantes, para centrarse en mejorar la calidad, aumentar el gasto por turista y mejorar el retorno social, un discurso que, con los datos en la mano, empieza a tener respaldo empírico. El problema es que ese mensaje convive con otro, mucho más emocional y ruidoso, que presenta al turismo como una amenaza moral para las islas. Como si el turista fuera el responsable de los desequilibrios acumulados durante décadas.

Y ahí es donde la discusión se desvirtúa: la turismofobia no es tanto un rechazo racional a los problemas que produce la actividad turística, como el síntoma de otras patologías sociales: desconfianza en las instituciones, percepción de injusticia distributiva, agotamiento cívico y una creciente dificultad para aceptar la complejidad. El turismo no es perfecto, pero sin turismo -con la mitad del turismo- Canarias no tendría margen fiscal, ni empleo suficiente, ni medios para sostener el bienestar.

Negar eso no es una postura crítica. Es negar la realidad. El reto no es combatir el turismo, sino hacer que funcione mejor. Repartir más sus beneficios. Reducir su impacto sobre el medio. Exigir más al sector, sí, pero también a las administraciones que gestionan lo que el turismo produce. Todo lo demás -la caricatura, el eslogan, el odio preventivo- puede resultar terapéutico para algunos, pero a la postre, no cambia nada esencial. Los números, por ahora, siguen siendo muy tozudos.