Encima del pago
Francisco Pomares
Ayer fue un día cargado de noticias políticas: la dimisión de Mazon, las declaraciones en la vista del caso del Fiscal General, las alarmas sobre convocatoria de elecciones regionales… y la presentación del informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres y la compra de mascarillas en las islas. Cuando parecía que el caso Koldo había agotado su recorrido, la Guardia Civil devuelve Canarias al centro de la historia. La entrega al juez de un informe que describe con detalle cómo el Gobierno de Torres, se convirtió en el mejor cliente de la empresa de Víctor de Aldama, socio de Koldo, explica por qué Canarias gastó 7,8 millones de euros en mascarillas compradas a Soluciones de Gestión, una firma sin ninguna experiencia sanitaria, y vinculada a los negocios opacos que hoy investiga la justicia. Ninguna otra región gastó tanto ni mostró tanta diligencia para pagar.Según el informe, la empresa de Aldama se coló en Canarias gracias a la mediación de Koldo en el Gobierno de Torres. Los investigadores detallan como el hoy ministro intervino para agilizar los pagos, pese a los reparos técnicos expresados por funcionarios del Servicio Canario de Salud. En los mensajes interceptados, Torres promete estar “encima del pago” -una expresión que resume la familiaridad con la que se trataba el asunto-, mientras la empresa presionaba para cobrar sus facturas.
El informe no acusa formalmente al actual ministro de Política Territorial de delito alguno, pero sí dibuja un cuadro inquietante: el de un presidente que se implica en una operación irregular impulsada desde el Ministerio de Ábalos, siguiendo la cadena de favores de un sistema que hoy se conoce con nombres, fechas y transferencias. Canarias no fue un caso aislado, pero sí fue el más complaciente.
La UCO también señala la influencia directa de Aldama sobre el Gobierno canario. Se describe un flujo constante de llamadas y mensajes que, en la práctica, desbordaban los cauces administrativos. Había urgencia política, favores cruzados y un clima de confianza que explica como el dinero se movía sin los controles debidos. Lo que las facturas no justificaban lo hace la proximidad personal: Torres y Koldo mantenían una relación de trato cordial, documentado en fotografías y por la naturalidad con la que se hablaban. Nada fue casual. El vínculo entre ambos no fue circunstancial ni administrativo: fue político y personal. Koldo no era un desconocido que llamaba a la puerta del Gobierno Torres, sino parte de un circuito de influencia que conectaba ministerios, empresarios y ejecutivos autonómicos socialistas. En ese entramado, el Gobierno de Canarias actuó con enorme docilidad. Cuando el resto de regiones desconfiaban ya de la empresa de Aldama, aquí se aceleraban los pagos.
El informe llega en el peor momento para Torres. Su nombre se suma al de Koldo, Äbalos, Santos Cerdán, Begoña Gómez y el propio presidente Sánchez, en una larga lista de socialistas envueltos en el lodazal judicial de la era sanchista. La UCO sitúa a Torres en un escenario que desmiente el cuento chino sobre su ingenuidad, que el PSOE canario lleva meses construyendo. Lo que el informe describe no es un descuido, sino un modo de gobernar: un ecosistema de afinidades políticas donde la confianza sustituye a los procedimientos.
La salida discreta de Antonio Olivera, jefe de Gabinete del ministro Torres hasta hace unas semanas, encaja perfectamente en ese contexto. Su dimisión silenciosa evitó que el desgaste alcanzara de lleno a Torres. Olivera, que fue viceconsejero de Presidencia con Torres, su mano derecha, aparece mencionado en correos y agendas relacionadas con la tramitación de contratos. Su retirada preventiva del ministerio es otro indicio de que ya se intuía que el informe de la UCO traería cola.
El PSOE, en cambio, insiste en el guion de siempre: negar, resistir, esperar que pase la tormenta. Torres se escuda tras los funcionarios, afirmando que él no ha hecho nada ilegal y que actuó conforme a los procedimientos. Pero si un presidente interviene personalmente para que se pague una factura a una empresa bajo sospecha, algo ha fallado en la arquitectura del control público.
Las compras de mascarillas en Canarias demuestran que la trama Koldo no fue un accidente, sino una forma de hacer política basada en la lealtad de partido. Cuando se mezclan los intereses del Gobierno con los de una red de intermediarios próximos al poder, el resultado es siempre el mismo: descomposición moral y sospecha de corrupción. La justificación de que “todo fue legal” suena a consigna defensiva, no a explicación. Torres ha preferido envolverse en la bandera de la legalidad antes que asumir responsabilidad alguna. Pero hay comportamientos que no necesitan una condena para ser reprobables: en la pandemia, cuando cada euro contaba, el Gobierno canario fue el más generoso con una empresa que hoy está bajo investigación por fraude. Quienes pagamos con nuestro dinero esas mascarillas inútiles, merecemos al menos una explicación que no suene a evasiva. Porque el informe de la UCO deja claro es que Torres no estaba al margen de la trama: estaba, literalmente, encima del pago.
