¿Es Bruto un hombre honrado?
Francisco Pomares
A finales de julio de 2020, al Gobierno Sánchez no le quedó más remedio que reconocer que mintió a los españoles al asegurar que se había constituido un comité de expertos que asesoró durante la fase de desescalada, cuando desde Moncloa, a propuesta de ese comité inexistente, se decidía qué regiones tenían que ir más rápido y cuales más despacio en la reducción de las medidas adoptadas para frenar el Covid. Días antes de que el Gobierno aceptara que ese comité no existió nunca, ya lo había adelantado el Defensor del Pueblo, en un informe remitido a diputados del PP. El famoso comité de expertos de la desescalada no se creó jamás. El Gobierno explicó que las decisiones las tomaban los funcionarios de Sanidad, negándose a revelar que funcionarios lo hicieron, para protegerlos de lo que pudiera ser.
Es frecuente la creación de comités técnicos, científicos, de expertos o comisiones de trabajo, cuando una administración se enfrenta a una crisis. La novedad sanchista es la de inventarse falsos comités inexistentes. Porque el de expertos en desescalada no fue el único. Sin ir más lejos, aquí creamos dos comités: uno ‘científico’, del que no volvió a saberse, y el ‘comité técnico de gestión’, integrado por los miembros más importantes del Gobierno y algún funcionario. Hay una orden del consejero Julio Pérez que hace referencia al comité en cuestión, y a las decisiones que debía adoptar, aunque sin citar ni una sola, al menos en materia de compras. Y también hay correos de Ana María Pérez, funcionaria imputada y responsable de compras, atribuyendo al ‘comité técnico de gestion’ las decisiones que ella ejecutaba. En realidad, ese comité solo aparece las veces que fue y sigue siendo citado como melifluo responsable de decisiones que no tomaba nadie en particular, pero sí el comité en su conjunto.
Ayer, Manuel Alcaide, jefe de servicio de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno durante la pandemia, un ‘pata negra’ adiestrado en distintas administraciones, reconoció sin ambages ni dudas que el comité, al que se atribuyen todas las decisiones sobre compras de material sanitario durante la pandemia, ni existió para nada, ni tuvo capacidad ejecutiva, “ni hay constancia de nada en Presidencia”.
En realidad, estamos ante un comité fantasma que jamás se constituyó, que nunca levantó actas de sus reuniones, y que no recomendó formalmente compra alguna. Las recomendaban intermediarios que interpretaban las decisiones de un comité inexistente, las comunicaban a los funcionarios, y protegían la fuente que realmente ordenaba la compra. Como no se anotó nunca nada, no hay ni un solo papel, y es difícil responsabilizar a nadie de ninguna compra en concreto, y menos señalar al comité en su conjunto, porque no hay acta alguna que atribuya una sola decisión en un sentido u otro. El ‘comité técnico de gestión’, presidido por el presidente Torres, no decidió nunca nada, pero a pesar de eso las órdenes de contratar esta o aquella empresa llegaban inmediatamente al departamento de compras. Así se materializaron las órdenes de compra a RR7, a las empresas representadas por Koldo, a las controladas por Miguel Ángel Ramírez, y a todas las demás. Las decidió un comité que no existía, ni debatía compras, ni levantaba actas.
En realidad, solo servía como pantalla para ocultar quién daba la instrucción de comprar y a qué empresas. Aparentemente no las daba nadie. No hay constancia de ello. Pero yo me quedo con el hecho que el comité fantasma no lo presidía un fantasma ni estaba integrado por fantasmas. Lo presidía Torres y lo integraban miembros de su Gobierno y de su equipo. Los de más confianza.
Lo de ayer tiene traca. Y también lo tiene otra sorpresita que nos ha brindado la comisión parlamentaria sobre las mascarillas: las de RR7 no se compraron con fondos europeos. Pilar Almeida, exjefa del servicio de planificación económica de Hacienda, dijo ayer que “no existe constancia de ninguna declaración de gastos” con dinero de Bruselas. Ese caso, el primero en el que se produjo un fraude claro -se pagaron cuatro kilos por un material que nunca llegó- saltó de la jurisdicción ordinaria a la fiscalía europea (ya sabemos cómo se las gasta el Gobierno Sánchez con las fiscalías en general) justo después de que Torres fuera llamado a declarar ante un tribunal. Se libró de hacerlo ante un juez competente, que en menos de medio año había tramitado un procediendo muy complejo y citado al presidente. Eso fue hace dos años, cuando la fiscalía europea reclamó el caso, porque se habían utilizado fondos europeos en la compra. Hoy sabemos que no fue así. Pero el caso sigue por la fiscalía, muerto de risa.
En fin, que empiezo a estar un poco harto de tanto escuchar eso de que “…pero Bruto es un hombre honrado”. A ver si va a ser que no.
