Esperando a que se abra la ventana
Francisco Pomares
Dice Ángel Víctor Torres que el Gobierno central está dispuesto a negociar la reclamación de Canarias para gestionar total o parcialmente los incentivos económicos y fiscales del REF, pero sólo si hay una petición formal y se abre la “ventana de oportunidad”. Añade el ministro que ahora hay demasiada crispación, que conviene rebajar el tono y trabajar para recuperar la concordia, porque solo así será posible llegar a acuerdos. Uno escucha el argumento y no sabe muy bien de qué concordia habla Torres, ni a quién se dirige exactamente su apelación a la moderación. Porque lo cierto es que, salvo Vox, todas las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias han respaldado esta reclamación. No es una ocurrencia partidaria, ni tampoco un gesto oportunista o una exigencia de máximos. Es la posición institucional, avalada por dictamen parlamentario, que reclama estudiar la cesión total o parcial de la gestión de los instrumentos del REF, incluida la capacidad normativa para crear, modificar o adaptar incentivos como la RIC o la ZEC. Más consenso que ese en política –incluso en un territorio tan poco dado a la bronca como Canarias-, es difícil encontrarlo.
El ministro se contradice: él mismo se mostró ayer “encantado de avanzar” en el autogobierno de Canarias y recordó que Sánchez y su Gobierna apuestandecididamente por las autonomías. En dos años, dijo, se han efectuado dieciocho traspasos competenciales, y citó como ejemplo la cesión a Navarra de la autopista que atraviesa su territorio.
Vaya: la pregunta que nos conmueve no es si este Gobierno cree en las autonomías. La pregunta es en qué autonomías cree más y, sobre todo, por qué cree más en unas que en otras. Como ha vuelto a demostrar en estos días de debate sobre la financiación.
La respuesta no se explica con discursos, sino en la aritmética parlamentaria. Si Canarias tuviera hoy seis o siete diputados en el Congreso de obediencia estrictamente canaria, capaces de ponerse de acuerdo y negociar su apoyo al Gobierno de turno, esta región sería dueña de una parte sustancial de su destino desde hace años. Y además sin necesidad de violentar la Constitución, ni de forzar interpretaciones creativas del ordenamiento jurídico, ni de recurrir a retóricas identitarias impostadas. Bastaría con hacer política real: negociar votos a cambio de competencias, financiación o decisiones que nos convinieran. Lo que hacen Cataluña y el País Vasco, sin ir más lejos.
Pero Canarias no juega nunca esa partida. Y no lo hace porque es un caso único en la política española: aquí los ciudadanos votan de una manera en las elecciones autonómicas y de otra muy distinta en las generales. Se respalda a fuerzas de ámbito insular o regional en las elecciones regionales, y en las nacionales, los votantes regresan disciplinadamente a los grandes partidos estatales. Es un sistema de doble lealtad que nos debilita justo donde se decide: en Madrid.
Mientras tanto, otras comunidades con fuerzas nacionalistas –ya sean indepes o regionalistas– mantienen un apoyo muy similar en todos los procesos electorales. Da igual que se voten ayuntamientos, parlamentos autonómicos o Cortes Generales: el mensaje es el mismo y el poder negociador, también. Por eso obtienen transferencias, singularidades fiscales, blindajes competenciales o inversiones sin necesidad de esperar a esa “ventana de oportunidad” que Torres cree tan necesaria. Cuando los votos suman, no hay crispación que valga.
A Canarias, en cambio, se la sigue tratando como una región, obligada a pelear por migajas presupuestarias y a agradecer concesiones que a otros se les otorgan sin rechistar. No porque no tenga razón jurídica –el REF está blindado constitucionalmente–, ni porque falte consenso, sino porque no influyelo suficiente en el tablero nacional.
Torres insiste en que las peticiones deben ser institucionales, no partidarias, y recuerda que la solicitud de cogestión aeroportuaria planteada en su día por Coalición no prosperó precisamente por ser una petición de carácterpartidario. Vuelve a esquivar el fondo del asunto: incluso cuando Canarias habla con una sola voz institucional, el resultado depende de otra cosa: de la capacidad de presión política real.
Canarias solo avanza cuando otros necesitan sus votos, no cuando tiene argumentos. Y hoy, en pleno debate sobre la quita de la deuda y el nuevo sistema de financiación autonómica, las prioridades del Gobierno pasan por contentar a quienes pueden poner en jaque la legislatura, no a quienes la sostienen gratis. Así que no, el problema aquí no es la crispación. Es la irrelevancia. Mientras Canarias siga enviando al Congreso diputados que obedecen antes a Génova o a Ferraz que a las islas que los votan, seguiremos escuchando promesas amables, declaraciones bienintencionadas y compromisos condicionados a futuras ventanas que casi nunca se abren. El poder no se concede. Se conquista.
