Esperpento conocido, verdad oculta
Francisco Pomares
La vista oral del llamado caso Koldo no nos ha descubierto en su parco arranque nada realmente nuevo: al contrario, lo inquietante es comprobar que todo lo que ya sabíamos -o intuíamos- no solo era así, sino que en sede judicial adquiere una dimensión grotesca. Es como si los hechos ocurridos, tras pasar por el Supremo, se volvieran aún más absurdos.
Sobres de dinero recogidos en la sede de un partido político “porque me dijeron que subiera”. Viajes a República Dominicana que acaban convertidos en recados y trajines opacos. Enchufes en empresas públicas de personas que reconocen sin rubor que jamás trabajaron en ellas. Pisos pagados, favores personales, relaciones íntimas sostenidas con dinero cuyo origen se diluye. E interrogatorios que rozan el disparate, como ese intento de desacreditar a una testigo preguntándole si ejercía la prostitución… para acabar cosechando una respuesta tan seca como demoledora: “soy dentista, estoy colegiada”.
Lo cierto es que todo eso ya lo habíamos leído. Pero escucharlo, verlo reconstruido con la solemnidad de una sala de justicia, produce un efecto distinto: Valle-Inclán en el imperio de la toga. Y en ese escenario, lo llamativo no es la acumulación de indicios o la gravedad de los hechos, sino la actitud de los protagonistas: Ábalos y Koldo parecen haber asumido que comparten destino. Les une una suerte de complicidad resignada, casi irónica, ante lo que escuchan. Actúan en el juicio como si este fuera una representación cuya conclusión conocen de memoria. A veces esa actitud roza lo incomprensible: declaraciones incriminatorias recibidas con gesto de rutina, contradicciones que no parecen alterar el ánimo, episodios relatados con una naturalidad que desarma. No es solo una defensa jurídica; es su forma de estar. Parece que el ex ministro y su ex asesor han interiorizado que la historia está escrita y lo que queda es interpretarla hasta el final.
Frente a esta exposición descarnada de miserias y trasiegos, llama la atención que mientras los pasajeros del Peugeot se someten a interrogatorios directos, repreguntas y contradicciones en tiempo real, los otros sospechosos habituales optan por el privilegio de acogerse a la vía más segura: la declaración por escrito. Eso han hecho el ministro Torres (nuestro Torres) y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Ambos han evitado comparecer, han preferido ampararse en la contesta por escrito, sin posibilidad de repregunta inmediata, y con el evidente respaldo de un asesoramiento jurídico milimétrico. Es una decisión perfectamente legal. Pero no por ello irrelevante: introduce una diferencia sustancial en la forma de enfrentarse a la Justicia. Porque no es lo mismo responder en caliente, bajo la presión de un interrogatorio cruzado, que hacerlo en frío, con tiempo para matizar cada palabra, eliminar ambigüedades y blindar cada frase. No es igual exponerse al error. que administrar el silencio. Y eso plantea la cuestión del privilegio de aforamiento, de hasta qué punto todos los implicados están jugando con las mismas reglas.
En el caso de Torres, además, la cosa va más allá de lo puramente formal para adentrarse en consideraciones más peliagudas. Su declaración -insiste en que no dio órdenes ni participó en decisiones de contratación- deja intacto un vacío argumental que resulta imposible ignorar. Sabemos que Torres habló reiteradamente con Koldo, se comprometió a resolver la cuestión de los retrasos en los pagos, chalaneó amenazando incluso con levantar en el aire a la funcionaria responsable del retraso, si no se ponía las pilas… Sabemos que su entonces jefe de gabinete, Antonio Olivera, realizó gestiones para resolver problemas en las contrataciones de mascarillas y epis. Y sabemos incluso que hubo gestiones para desbloquear pagos y acelerar procedimientos. Lo que no sabemos -y lo que nadie parece decidido a aclarar- es el contenido de las conversaciones entre Torres y Olivera. Y es una pena, porque quizá esas conversaciones despejarían las dudas sobre lo que efectivamente ocurrió, si Torres dio o no instrucciones a Olivera para resolver los problemas de Koldo. Probablemente saberlo sería cortar en el nudo gordiano de esta historia. Y bastaría con investigar los mensajes entre Torres y su jefe de Gabinete.
Porque si algo ha demostrado este juicio en sus dos primeras sesiones es que la trama no funcionaba en el vacío. Había conexiones, intermediarios, canales de comunicación… sin embargo, cuando se trata de piezas distintas a los tres pasajeros del Peugeot que acabaron en la cárcel, la investigación parece no querer traspasar el umbral.
Resulta difícil entender que se haya reconstruido con tanto detalle el recorrido de sobres, viajes o favores personales, pero permanezcan en la penumbra las conversaciones que pudieran dar sentido a todo ese entramado. Como si se hubiera decidido iluminar los efectos… pero no las causas. Quizá porque, a diferencia de los episodios pintorescos -pisos, sueldos, enchufes, viajes-, esas conversaciones no ofrecerían un relato fácilmente digerible. Probablemente no son material de titular escandaloso, pero si servirían para acercarse a la verdad sobre el alcance de la corrupción en el PSOE y su entorno.
