Facturas pendientes

Francisco Pomares

La desclasificación de los documentos del 23-F es, en sí misma, una magnífica noticia. Ninguna democracia sólida debe mantener eternamente bajo llave uno de los episodios más graves de su historia constitucional. Cuarenta y cinco años después del intento de golpe de Estado de Armada, Milans y Tejero, el acceso a la documentación oficial no pone en riesgo la seguridad nacional, ni debilita las costuras del sistema. Al contrario, lo que hace es contribuir a reforzarlo. Pero que una decisión sea correcta no significa que esté necesariamente impulsada por las razones que se proclaman. Y en política, las intenciones importan tanto como los actos.

España arrastra desde 1968 una Ley de Secretos Oficiales heredada del franquismo. Fue retocada en 1978, pero nunca sustituida. Es una anomalía democrática evidente. El Gobierno elaboró un proyecto de Ley de Información Clasificada que establece límites temporales claros -45 años prorrogables a 60-, impide clasificar la violación de derechos humanos e introduce un régimen sancionador. Sin embargo, ese texto dormita en la oscuridad de un cajón del Congreso. Ni siquiera ha sido sometido al debate de totalidad, probablemente por los mismos motivos que bloquean tantas decisiones políticas. Porque es difícil gobernar desde luna pertinaz minoría parlamentaria. Ante la parálisis legislativa, el presidente opta por una decisión ejecutiva, y levanta el secreto del 23-F, aunque no hace público el sumario completo del juicio militar contra los golpistas. La ley actual permite que Sánchez levante parcialmente el secreto, por una decisión personalista e interesada, que no responde a la necesaria reforma del sistema de clasificación, sino a su voluntad concreta, anunciada en las redes, como haría un Trump cualquiera.

Si el objetivo es la transparencia del Estado… ¿por qué no se ha priorizado la aprobación de la reforma? ¿por qué no forzar un acuerdo parlamentario que elimine definitivamente una norma franquista?

La respuesta tiene poco que ver con la seguridad nacional o con la memoria democrática. Responde mucho más a la política del relato, que Sánchez maneja con probada habilidad. El golpe del 23-F es un símbolo potente, un episodio que activa emociones colectivas, remueve la memoria de una generación y permite reforzar la narrativa institucional: la democracia resistió y el sistema funcionó. Aunque eso implique pagar el peaje de tener que aceptar que el rey actuó correctamente. Un peaje que no encaja en absoluto con las teorías alimentadas en los últimos años por la izquierda más radical y los reportajes impostados. Porque si algo dejan claro los documentos ya analizados -y los testimonios históricos previos- es que el rey se opuso al golpe con rotundidad y que su intervención fue determinante para frenar la intentona. La desclasificación no debilita esa tesis; la refuerza. El monarca no fue ambiguo ni titubeante: actuó contra los golpistas y desactivó la involución, poniendo en riesgo su propia vida e incluso la continuidad de la corona.

En un momento en que la figura de Juan Carlos se ha hundido por sus escándalos personales, la apertura de los papeles del 23-F tiene un efecto probablemente no deseado por el Gobierno que forzó su exilio en Abu Dabi: consolida la visión del monarca como garante de la legalidad constitucional. Resulta paradójico que un Gobierno poco sospechoso de monarquismo termine por blindar documentalmente uno de los principales argumentos de legitimidad de la Corona.

Pero el movimiento tiene otras dimensiones. Principalmente, se trata de una maniobra de agenda. Otro trampantojo simbólico que desplaza el foco del debate público, como ya ocurrió con el desentierro de Franco del Valle de los Caídos, una decisión jurídicamente defendible y moralmente necesaria, pero utilizada como palanca política por Sánchez en un momento de tensión y desgaste de su mandato. Ambas medidas comparten patrón: se presentan como actos de reparación histórica, pero actúan como instrumentos narrativos. No son medidas ilegítimas, pero tampoco responden a la voluntad de hacer lo correcto. Son estratégicas.

Y además, dejan fuera de foco los episodios que sí siguen envueltos en sombras: los últimos crímenes del franquismo y la oscura actuación policial durante la Transición, por ejemplo. Y más: personalmente tengo la sospecha de que esta jugada de ahora es sólo el inicio de una letanía de desclasificaciones parciales que apuntalan el verdadero objetivo de Sánchez, por el que asumió pagar el peaje de revitalizar el agradecimiento de sus contemporáneos al rey exiliado. ¿Cuál es ese objetivo? Apuesto doble contra sencillo a que el Gobierno intenta precipitar un debate sobre la desclasificación de los crímenes del GAL. Es probable que haya muy poco que encontrar sobre el GAL en los archivos del Estado. Pero el debate mediático sobre lo mucho, poco o nada que pueda haber sobre los GAL, su creación, control y liderazgo secreto, será una nueva demostración de la inagotable capacidad del presidente Sánchez para confundir, dividir y enfadar a los ciudadanos de este país.

Y de paso cobrarse alguna factura pendiente.