Financiación y REF, otra vez
Francisco Pomares
El Consejo de Política Fiscal y Financiera vuelve a reunirse hoy después de meses de estruendo político. Debería ser esta una cita clave para encarrilar la reforma del sistema de financiación autonómica y fijar el techo de gasto del Estado para el próximo año. Sin embargo, todo indica que el encuentro corre el riesgo de encallar antes siquiera de dar comienzo, y no por discrepancias técnicas sobre población ajustada o déficits, sino por la aprobación del acta de la última reunión. Una anécdota formal que pone de manifiesto el deterioro institucional que amenaza con bloquearlo todo.
Canarias llega al Consejo con una posición singular y, en cierto sentido, incómoda. No forma parte del bloque de comunidades infrafinanciadas que reclaman reformular el reparto; Coalición tampoco comparte la estrategia de convertir el Consejo en un ring para confrontar con la ministra Montero. Pero a Canarias la representa la consejera popular Matilde Asián, que hará lo que hagan el resto de consejeros del PP. El Archipiélago tiene su propio objetivo para este encentro, firme y consensuado en el seno del Gobierno: defender el REF como sistema compensatorio separado de la financiación ordinaria, y reclamar que la insularidad –la insularidad real, no la reducida a tópico presupuestario– tenga un peso relevante en el próximo modelo.
Esa agenda diferenciada explica que Canarias acuda sola. No porque no existan alianzas posibles, sino porque los socios potenciales hablan lenguajes distintos. Para las comunidades infrafinanciadas, el problema es la escasez de recursos; para las gobernadas por el PP, el agravio comparativo respecto a Cataluña; para Canarias, que no se ningunee el REF, que la lejanía y la fragmentación territorial se traduzcan en medidas ya incorporadas al REF, pero que en el Gobierno pretende considerar como parte de la financiación. Y Montero, lejos de rebajar la tensión, contribuyó en abril a alimentar la confusión al afirmar que Canarias “está en superávit”, gracias al REF. Esa frase no esinocente: demuestra la incomprensión persistente –a veces técnica, a veces política–que considera al REF como parte de la financiación, cuando es un mecanismo corrector de desequilibrios estructurales.Cuando informes de referencia, como los de Fedea, incluyen fondos del REF en la financiación autonómica, el terreno de juego se distorsiona y la posición canaria aparece falsamente sobrefinanciada. Es una lectura tramposa que perjudica cualquier negociación seria.
Paradójicamente, la preocupación por el trilerismo con el REF, puede quedar sepultadapor un choque previo entre el Ministerio y las comunidades del PP. Los catorce consejeros populares acusan a la ministra de falsear el acta de la sesión del 26 de febrero, al recogeruna abstención que nunca se produjo, porque los consejeros no votaron. Abandonaron la sala antes de votar en protesta por la falta de información sobre asuntos tan sensibles como la quita de deuda o el reparto del impuesto a la banca. Según ellos, sin su presencia la reunión perdió el quórum mínimo exigido, y los acuerdos deben considerarse nulos. Montero, por su parte, se escuda en que la Secretaría del Consejo advirtió que la ausencia se computaría como abstención. Es un argumento bastante endeble: no resuelve la cuestión del quórum –no votar no es lo mismo que abstenerse- ni evita la sospecha de que Hacienda fuerza las costuras jurídicas para sostener un relato político que no lleva a ninguna parte. El acta atribuye además al consejero gallego una referencia crítica a Cataluña que él nunca pronunció. A quien criticó fue a Oriol Junqueras…
¿Dónde queda Canarias en medio delfuego cruzado? En febrero, Canarias también se ausentó. El voto canario aparece mencionado en el acta como “abstención”, lo que permitió al Gobierno aprobar sus propuestas, porque la abstención se suma a la mayoría.
Si Montero insiste en aprobar el acta tal cual, el Consejo quedará bloqueado desde el primer minuto. Si rectifica, dará una victoria política al PP y abrirá la puerta a que la reforma de la financiación se convierta en una cadena de vetos cruzados. En ambos casos, la posibilidad de acuerdo se aleja. Y es un desastre, porque España lleva más de una década con un modelo agotado, territorios que no soportan más infrafinanciación y otros –como Canarias– que necesitan que su singularidad sea aceptada como criterio estructural.
El Consejo de este lunes no resolverá la financiación autonómica; bastante tendrá con sobrevivir a su propio orden del día. Pero de su capacidad para recomponer mínimamente la confianza institucional dependerá que el debate pueda avanzar o se convierta, otra vez, en un ejercicio de desgaste mutuo. En ese escenario, el ruido político enterrará otra vez la discusión sobre la insularidad, el coste real de los servicios públicos y el REF como fuero de las islas.
