Fontanerías
Francisco Pomares
La decisión del juez Pedraz de imputar a la directora general de la Guardia Civil y a su director adjunto marca un antes y un después en el ‘caso Leire’. No porque dos nombres más se incorporen a una causa que ya suma 36 investigados, sino porque la investigación alcanza al máximo nivel de una institución encargada, precisamente, de perseguir el delito. La iniciativa de imputarlos no parte solo de la acusación ejercida por el PP. Cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción. Y en un procedimiento tan cargado de tensión política, esa coincidencia entre la acusación popular y el Ministerio Fiscal confiere a la decisión una relevancia difícil de ignorar.
Hagamos recuento: el ‘caso Leire’ comenzó con la difusión de unos audios en los que Leire Díez, una militante socialista desconocida para la opinión pública, aparecía reunida con empresarios, abogados y personas investigadas en varias causas judiciales. Su intención era obtener información comprometedora sobre mandos de la UCO y fiscales encargados de procedimientos sensibles para el presidente del Gobierno. Tras divulgarse esos videos, y durante semanas, la explicación del PSOE fue que Leire era una suerte de chiflada que actuaba por su cuenta, una militante sin responsabilidades orgánicas, entregada a una supuesta investigación periodística. La versión resultaba chocante, y con el paso de los días empezó a ser también completamente increíble. Mientras el PSOE ha seguido insistiendo en que Leire no tiene nada que ver con el PSOE, la instrucción ha crecido más allá de lo esperable, y de forma constante: primero aparecieron nuevos audios. Después, tras divulgarse reuniones, mensajes y contactos de Leire con responsables públicos y empresarios, comenzaron las imputaciones a personas de ámbitos muy distintos: dirigentes políticos, altos cargos de la Administración, responsables de empresas públicas, empresarios, abogados y ahora también la dirección de la Guardia Civil.
Por supuesto, una imputación no equivale a una condena. Nuestro ordenamiento jurídico parte de la presunción de inocencia, y todos los investigados tienen derecho a defenderse. Pero al margen del procedimiento, los indicios de una operación planteada para proteger a Moncloa son cada vez más apabullantes. Una instrucción de semejante amplitud no se construye de la noche a la mañana. Y cuando un procedimiento incorpora a decenas de personas que pertenecen a instituciones tan distintas, el debate deja de centrarse en las responsabilidades individuales para preguntarse que coordinación política operaba detrás de todas esas actuaciones. Esa es la pregunta cuya respuesta aterroriza al PSOE.
Hasta ahora, la estrategia de Ferraz sigue siendo presentar el asunto como un comportamiento extravagante de una militante particularmente entusiasta. Pero conforme la investigación avanza y el círculo de investigados se amplía, esa explicación original resulta cada vez más difícil de sostener. No porque exista alguna conclusión judicial que implique al partido, sino porque la propia evolución de la causa invita inevitablemente a preguntarse quién dirigía realmente aquella actividad con tantas y tan importantes ramificaciones, y al servicio de qué y de quién se desarrollaba.
La preocupación del PSOE no reside ya en la responsabilidad penal que puedan alcanzar unos u otros. Que cada palo aguante su vela y responda por sus propios actos. El problema surgirá si la instrucción acredita que ese entramado de encuentros e instrucciones fue organizado, amparado o financiado utilizando recursos del partido o actuando en nombre de éste. Ese escenario cambiaría completamente la naturaleza del procedimiento actual, porque ya no se trataría únicamente de depurar responsabilidades individuales, sino de determinar si el PSOE organizó, financió y dirigió una operación para interferir en investigaciones judiciales y desacreditar a los fiscales y guardias civiles responsables de hacerlas. Se trataría de un salto cualitativo enorme, y no sólo en el procedimiento jurídico.
Por ahora no existe ninguna resolución judicial que permita apuntalar esa hipótesis como un hecho probado. Pero tampoco puede ignorarse que parte de las diligencias acordadas durante las últimas semanas parecen dirigidas a responder exactamente esa pregunta.
Hace apenas dos meses la causa afectaba a las maniobras de una militante pagada de sí misma. Hoy alcanza a la cúpula de la Guardia Civil, a responsables de empresas públicas y a altos cargos de distintas administraciones. La distancia entre una cosa y otra señala un cambio de dirección. Y al final, la investigación acabará reduciéndose a una pregunta muy sencilla: ¿Trabajaba la militante Leire para sí misma, o trabajaba para sus jefes? La respuesta a esa pregunta es la que puede cambiarlo todo. Absolutamente todo.
