Frente amplio, casa estrecha
Francisco Pomares
Ada Colau se ha mostrado dispuesta a regresar a la política si se construye “un frente realmente amplio” de izquierdas. No es cierto que haya anunciado su candidatura, ni siquiera existe una coalición con ese nombre, que evoca recuerdos de conflictos y enfrentamientos en el pasado. Pero su intervención ha bastado para agitar a una izquierda que lleva demasiado tiempo preguntándose cómo sobrevivir al PSOE sin dejar de sostenerlo. Colau quiere que Podemos participe de la operación, pero Podemos ya tiene a Irene Montero entregada a unas primarias abiertas. Antes de discutir quién encabezará el cartel, tendrán que resolver si están dispuestos a compartirlo.
La idea recuerda a la operación que intentó Rufián: reunir bajo un mismo techo a fuerzas que comparten adversario, pero no necesariamente comparten proyecto, métodos ni ambiciones. Es una aspiración legítima la de buscar un espacio común que evite la desaparición consecuencia de una campaña polarizada. La izquierda a la izquierda del PSOE tiene derecho a intentar conservar su peso electoral y su propia voz. Más aún después de comprobar lo que ocurre cuando la proximidad al poder termina por convertir al socio menor en una mera extensión del mayor. Sumar ha ocupado ministerios, ha nombrado a una pléyade de cargos, ha celebrado acuerdos y ha asumido la mayoría de los costes de un Gobierno en el que es –por su escaso peso- más un anexo estético que un socio real. A Sumar le resulta bastante difícil explicarnos para qué sirve la coalición que sostiene al Gobierno, cuando el PSOE o vampiriza sus propuestas, o se las pasa por el arco de triunfo.
El desahucio de Maricarmen Abascal ha ofrecido a todos una ocasión para recuperar la iniciativa. La imagen de una mujer de 87 años, con movilidad reducida, expulsada de la casa en la que vivió durante siete décadas es dolorosa. Es políticamente inmoral reducir su historia a una escenografía de partido, con dirigentes que llegan cuando ya están las cámaras y descubren de pronto una urgencia que llevaba años gestándose. Hay quien busca en las concentraciones y acampadas a cuenta del desahucio de Maricarmen, una repetición del momento político que dio origen a Podemos: una indignación reconocible, las calles y plazas ocupadas por las protestas y una nueva fuerza capaz de hablar en nombre de quienes no pueden hacerlo. Pero la indignación no vuelve por convocatoria, ni una fotografía sustituye el trabajo de construir una alternativa. Calificar de ‘fondo buitre’ a una empresa propietaria de un solo inmueble, y que tuvo el año pasado unos beneficios inferiores al sueldo mensual de un asesor del ministerio de Vivienda, puede ser eficaz para ponerlo en una pancarta; pero para entender lo ocurrido importa más examinar los hechos, el contrato y las normas que han permitido extinguirlo. El desahucio de una anciana no necesita que se exageren los hechos para ser real. Tampoco resulta conveniente recordar que el régimen de renta antigua no lo desmontó una conjura sobrevenida de la derecha. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada por un Gobierno socialista, estableció las reglas transitorias para los contratos anteriores y limitó su continuidad mediante subrogaciones. Se puede discutir si aquellas reglas han producido situaciones injustas, como la que hoy nos conmueve. Pero lo que no se puede hacer con demasiada seriedad es presentar cada consecuencia de ese marco legal como una maldad descubierta anteayer y atribuible al adversario de turno.
El Gobierno trabaja ahora para llevar un decreto de vivienda al Consejo de Ministros del martes y negocia con Junts los apoyos necesarios para su necesaria convalidación. Una reforma que evite casos semejantes merece ser examinada, cuando exista un texto acordado. Lo que no debería prometerse es que el anuncio de un decreto vaya a devolver a Maricarmen a su casa. El lanzamiento ya se ha ejecutado. Entre aprobar nuevas reglas, aplicarlas a casos futuros y reparar un daño concreto hay una distancia que ninguna rueda de prensa va a borrar.
Esa distancia entre lo que se dice y lo que puede hacerse es el problema de Sumar. Sus dirigentes protestan contra un desahucio mientras forman parte del Gobierno que no lo ha impedido. Tienen derecho a exigir el decreto, pero tres años después de formar parte de este Gobierno, ya no pueden hablar siempre con la voz de quien acaba de llegar.
En cuanto a la señora Colau, lo cierto es que conoce bien la potencia política de la vivienda y de las movilizaciones contra los desahucios. Quizá por eso intuye que ahí puede encontrar el Frente Amplio una causa común. Su dificultad será demostrar que reúne algo más que a dirigentes inquietos por su porvenir. Tendrá que acordar un programa, unas primarias creíbles y, sobre todo, explicar qué hará cuando sus propuestas choquen con las decisiones de un Gobierno socialista que impida uno de derechas. El resto será otra marca, otra presentación y otra disputa por los puestos en las listas. La izquierda a la izquierda del PSOE puede desaparecer fagocitada por el sanchismo. También puede desaparecer mientras representa, con mucho ruido y escasos resultados, que recién ahora acaba de descubrir los problemas que prometió resolver.
