Jueves, 20 Agosto 2026
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Érica Cerdeña




En septiembre se cumplirán tres años desde que comenzó a aplicarse la Ley de Bienestar Animal. Tres años parecen un plazo razonable para dejar de hablar de intenciones y empezar a hablar de resultados.

Puede que no te guste leer esto. A mí tampoco me resulta especialmente cómodo escribirlo. Me gustan los gatos. Mucho. Precisamente por eso creo que debemos hacernos una pregunta tan sencilla como necesaria: ¿está funcionando?

Hablamos de una ley que nació con las mejores intenciones posibles, buscando adaptar la normativa a la creciente sensibilidad hacia los animales de una sociedad que, por suerte, ha ido madurando.

Se trataba de establecer un marco común en el que se garantizara la protección de los animales, se combatiera la lacra del abandono, y en definitiva, se pusiera orden en aquellos aspectos en los que acostumbrábamos a improvisar.

En el caso de las colonias felinas, la ley contemplaba la aplicación del método CER (captura, esterilización y retorno), como medida de reducción paulatina de estas poblaciones, al tiempo que se garantizaba su bienestar, y se buscaba reducir los conflictos de convivencia.

Y ahí es donde me surgen serias dudas.

Hablo de Lanzarote porque es la realidad que conozco. En Arrecife, a finales de 2024, el Ayuntamiento contaba con más de medio centenar de personas acreditadas como cuidadoras de colonias felinas. Al mismo tiempo, desde el área municipal de Bienestar Animal se estimaba que la capital podía albergar entre 10.000 y 15.000 gatos callejeros. Si esas cifras se aproximan a la realidad, la pregunta resulta inevitable.

El propio Ayuntamiento impulsó una ordenanza específica para la gestión de las colonias felinas al reconocer la necesidad de responder a una proliferación creciente y a los problemas de convivencia, salud pública y bienestar animal asociados.

La súper-población de felinos callejeros no se da únicamente en la capital. Solo hay que darse un paseo por El Varadero y otras zonas de Puerto del Carmen, o Playa Blanca, para comprobarlo.

Es verdad que la ley estatal no obliga a retirar las colonias de los espacios públicos, pero sí requiere que los ayuntamientos desarrollen programas eficaces capaces de controlar las colonias, reducir progresivamente su población, atender los conflictos vecinales, evitar nuevos abandonos y garantizar el bienestar de los animales.

Huelga decir que, si bien se ha avanzado en algunas zonas y ámbitos concretos, los conflictos en la convivencia se siguen dando, y las poblaciones felinas, … ¿Han decrecido realmente?

Es que a veces tengo la sensación de que confundimos ‘cumplir la ley’ con ‘cumplir el objetivo’.

Las buenas intenciones están muy bien, pero las leyes, ordenanzas y normas deben servir para lograr objetivos concretos. ¿O no?

 

Tres años después puede que sea el momento de evaluar y ajustar esfuerzos. Recalcular ruta y evaluar los resultados de las políticas públicas. Entender la diferencia que existe entre cumplir el procedimiento y lograr el objetivo.

 

 

 


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