Fundido a negro
Francisco Pomares
Al PSOE se le está poniendo todo cada vez más feo.
Asunto Zapatero: lo conocido hasta ahora es realmente de enorme gravedad política y judicial, aunque es necesario recordar la presunción de inocencia: aún estamos ante una fase de instrucción y lo que el auto refleja es la tesis del juez instructor, basada en los indicios de que dispone. No se trata de hechos probados, aunque lo que se puede leer el auto es demoledor. El juez Calama, un respetado y discreto magistrado de la Audiencia Nacional, ha imputado a Zapatero por su implicación en el ‘caso Plus Ultra’, relacionado inicialmente con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia. Pero la investigación no se limita al rescate. El auto describe una estructura organizada y estable dedicada a tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, con ramificaciones internacionales. El elemento políticamente más brutal es que el juez no presenta a Zapatero como una figura periférica o accidental en una trama, sino como “líder” o “núcleo de influencia” de la organización. El auto describe literalmente la existencia de una “estructura estable y jerarquizada” orientada a obtener beneficios económicos mediante intermediación ante organismos públicos, y sostiene que esa estructura utilizaba sociedades instrumentales, contratos falsos, entramados offshore con empresas pantalla en terceros países (especialmente Dubái), para mover capitales de origen fraudulento y ocultar su origen.
La revelación central de la investigación realizada hasta ahora, son los pagos recibidos por Zapatero y su entorno a través de consultorías y sociedades vinculadas. Se mencionan giros de alrededor de 450.000 euros, procedentes de la consultora Análisis Relevante, ligada a un socio y amigo de Zapatero, Julio Martínez. Pero en algunos medios se va más allá, calculando cerca de dos millones de euros en beneficios atribuidos al entorno familiar y empresarial de Zapatero.
El juez sospecha que algunas de las consultoras implicadas sirvieron para canalizar pagos opacos, relacionados con operaciones internacionales vinculadas al rescate y a negocios paralelos en petróleo, oro, divisas y acciones. La investigación conecta el caso con fondos procedentes de Venezuela y con operaciones financieras en varios países.
El auto resulta especialmente severo en ese punto: conecta el régimen chavista, redes empresariales ya muy polémicas políticamente y la compañía Plus Ultra, la aerolínea elegida por Ángel Víctor Torres para traer mascarillas de China durante la pandemia. Esas conexiones internacionales explican algunas de las filtraciones sobre la investigación, que habría contado con apoyo internacional, intervención de agencias estadounidenses, rastreo de movimientos financieros entre países y análisis de comunicaciones telefónicas y dispositivos electrónicos. Y eso sólo en la primera fase de la investigación: ayer se practicaron registros en el despacho de Zapatero, de sus empresas y la de sus hijas, y también de las sociedades que realizaron pagos a estas. También se han incautado los teléfonos y dispositivos de Zapatero y su secretaria, y la UDEF ya analiza documentación empresarial, comunicaciones entre presuntos implicados y movimientos financieros internacionales.
Zapatero, que declarara como investigado el próximo 2 de junio, ha negado haber cometido ilegalidad alguna y sostiene que las consultorías eran legales, los pagos declarados a Hacienda y jamás intervino irregularmente en el rescate. Pero lo cierto es que se le investiga por tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y por encabezar una organización criminal. Y lo peor es que el juez parece sugerir que no estamos ante un episodio aislado de compra de influencia política, sino ante una estructura profesionalizada de intermediación y obtención de beneficios económicos usando relaciones institucionales acumuladas durante años. Junto a alguna de las grabaciones telefónicas, básicamente inapelables, esa es la parte que más “pone los pelos de punta”: el retrato del principal mentor de Sánchez, uno de los hombres claves del PSOE actual, como un sinvergüenza dedicado a la extracción de dinero público, a cambio de vender influencia.
La respuesta del PSOE y sus socios ha sido básicamente acusar a la Justicia en general -y al juez instructor en particular- de hacer política. Ni un gesto de agradecimiento a la decisión de Calama de retrasar el auto hasta pasadas las elecciones andaluzas. El ministro Puente se ha lucido especialmente en sus comentarios sobre la Justicia, como suele, pero a pesar de los aspavientos y las reacciones, uno tiene la impresión de que el auto ha sorprendido a la mayoría del PSOE y a sus apoyos parlamentarios por su contundencia y por la acumulación de indicios delictivos. La impresión es que va a ser difícil desmontar el auto, y más difícil aún repetir con éxito la recurrente fórmula evasiva de “en realidad yo no lo conocía”. Podría decirse que entre este caso y los demás que han crecido como setas bajo la lluvia alrededor de Pedro Sánchez, al PSOE se le está poniendo todo ‘color ojo de hormiga’. Y eso no se arregla ya con tuits.
