Hacerle trampas al futuro
Francisco Pomares
Según proyecciones de la Comisión Europea, España será en 2050 el país de la OCDE que mayor proporción de su PIB destine al pago de sus pensiones: casi un 17 por ciento. No es un dato menor: más bien unas señal de alarma que apenas ocupa espacio en el debate público, centrado casi en exclusiva en la preocupación por los pensionistas actuales, pero completamente ajeno a la pregunta decisiva: ¿cómo se puede sostener este sistema sin arruinar la capacidad productiva del país? La respuesta es siempre la misma: más cotizaciones, más cargas sobre el empleo, más presión sobre las empresas. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que volverá a incrementarse en 2026, es el mejor ejemplo de esta lógica. Se presenta como una solución técnica, casi inocua, cuando en realidad es un impuesto adicional al trabajo, que recae de forma abrumadora sobre las empresas y, de manera indirecta pero inevitable, sobre los precios, la inversión y la productividad.
La mayor parte del esfuerzo del MEI no la asume el trabajador, sino el empleador. Y no se trata de una medida aislada: se suma a un conjunto creciente de cotizaciones, cuotas de solidaridad y cargas sociales que encarecen de forma estructural el empleo en España. Cada euro adicional que se impone a las empresas para sostener el sistema de pensiones es un euro que no se destina a inversión, innovación, mejora salarial real o reducción de precios. Es un impuesto invisible al crecimiento. Un impuesto al futuro.
Pero el problema al que nos enfrentamos no es solo económico, es estratégico. España ha optado por sostener el sistema de pensiones sacrificando su capacidad productiva futura. Es como si hubiéramos asumido que la única manera de mantener el edificio es ir vendiendo los cimientos, confiando en que el derrumbe no llegue durante nuestra generación. Pero llegará. Y cuando llegue, lo pagarán nuestros hijos y nietos. Conviene decirlo con claridad: el actual sistema de pensiones español dejó de funcionar en circuito cerrado hace mucho tiempo. Ya no se financia exclusivamente con cotizaciones, sino que depende cada vez más de transferencias del Estado, que se producen tirando de deuda pública. Estamos pagando pensiones hoy con recursos que no existen todavía, fiándolo todo a un crecimiento futuro que, paradójicamente, se ve lastrado por el propio modelo de financiación del sistema. Es una huida hacia ningún sitio. Responde al cinismo de políticos que en vez de intentar resolver los problemas a los que se enfrenta la sociedad española, endosan su colapso a la próxima generación, la misma a la que venden con indecente desvergüenza que trabajan para mejorar sus condiciones de vida. En realidad, se están gastando hoy el dinero de sus pensiones de mañana. Cuando nuestros jóvenes sean ancianos, se enfrentarán al desastre.
Resulta cada vez más difícil no ver en este esquema rasgos propios de un sistema Ponzi: los nuevos aportantes sostienen en parte a a los antiguos, pero no porque el sistema genere riqueza suficiente, sino porque se amplía continuamente la base de financiación mediante más impuestos y más deuda. Mientras la economía crece y el empleo aguanta, el artificio se mantiene. Pero cuando la demografía se hunde, la productividad no despega y surgen nuevas prioridades -defensa, transición energética, adaptación al cambio climático- el castillo de naipes empieza a temblar.
El derecho de quienes ya trabajaron a una pensión digna es irrenunciable. Plantear el debate en términos de pérdida de derechos es tramposo y moralmente indecente. El verdadero debate es otro: ¿es honesto prometer a las generaciones futuras pensiones calculadas con un sistema que ya sabemos que no puede sostenerse? ¿Tiene algún sentido incrementar todos los años el gasto en pensiones por encima del crecimiento del PIB? ¿Por qué no se levanta desde la política ninguna voz que nos advierta de que sin una reforma profunda vamos camino de un colapso? No hay un solo discurso relevante que afronte la cuestión con honestidad intelectual. Nadie explica cómo se compatibiliza un gasto en pensiones que se acerca al 17 por ciento del PIB con la necesidad de financiar sanidad, educación, defensa o políticas climáticas. Nadie plantea alternativas reales al actual modelo de reparto, más allá de subir cotizaciones e impuestos. Nadie quiere asumir el coste electoral de decir que el sistema, tal y como se diseñó hace medio siglo, no puede mantenerse indefinidamente.
El MEI 2026 es otro parche. Un parche regresivo en términos de crecimiento y profundamente injusto con las siguientes generaciones. Retrasa el problema, pero lo agrava en el largo plazo, al erosionar la base que sostiene cualquier sistema de bienestar: una economía productiva, competitiva y capaz de generar y repartir recursos suficientes.
