Hasta aquí

Francisco Pomares

Lo que ha ocurrido estas últimas dos semanas entre Moncloa y Canarias no es un malentendido burocrático, ni un cruce de cables doctrinal. Es la rotunda constatación de un patrón deliberado: el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza a Canarias cuando le conviene y la ignora cuando molesta. Sánchez y los suyos no sienten ninguna obligación política o moral de cumplir lo pactado con los nacionalistas canarios. El caso del decreto palmero, la autorización para utilizar el superávit y el decreto con regalos a Puigdemont que libera a todas las regiones para gastar sus ahorros, es revelador, sobre todo por lo que supone de trampa, de estafa a Canarias. Lo ocurrido con la cumbre con Marruecos, más allá de las melifluas explicaciones y promesas de Albares, nuevamente las mismas generalidades de siempre, confirma la desfachatez con la que el Gobierno impone ese patrón.

Primero, el dinero: Madrid aprueba un decreto que libera a las comunidades y entidades locales para invertir la totalidad de su superávit en proyectos sostenibles. Un regalo fiscal oportuno para el clima preelectoral y, de paso, un gesto hacia Junts, que exige ingeniería presupuestaria para sostener la legislatura. Pero Canarias, que lleva dos años reclamando esa flexibilidad, no recibe el mismo trato. Todo lo contrario: se le obliga a financiar con 100 millones de su propio superávit la reconstrucción de La Palma —fondos que el Estado se comprometió a transferir— y se le deja con solo el 30 por ciento de margen para invertir, mientras el resto de comunidades dispondrán del cien por cien. Si el trilerismo presupuestario tuviera definición en el diccionario, incluiría un mapa del Archipiélago.

Y ahora, la diplomacia: una cumbre bilateral con Marruecos de máximo nivel, con implicaciones directas para las islas —migración, aguas, pesca, conectividad, Sahara Occidental—, se celebra sin informar a Canarias, sin consultarla y sin incorporar sus prioridades. La XIII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos se ha gestionado tratando Canarias como si fuera una provincia interior sin mar y sin frontera con Marruecos. La infame opacidad que ha rodeado el encuentro, sin periodistas, sin comparecencia pública ni turno de preguntas –una anomalía insólita en una reunión internacional-, se ha saldado con una declaración conjunta de 113 puntos que no menciona nada relevante para el Archipiélago y donde la única novedad es la consolidación del apoyo español al plan autonomista de Marruecos para el Sáhara.

Algunos han culpado a Marruecos del ninguneo a Canarias y de la perversa ocultación de lo que de verdad se acordó en ella.  Pero el problema no es Marruecos. Sería una simplificación pueril afirmarlo. Marruecos defiende sus intereses, los negocia con inteligencia y los impone cuando puede. Lo lleva haciendo décadas, y últimamente con reiterado éxito. No hay sorpresa en eso. El problema es un Gobierno español que no considera a Canarias actor político, sino una mera externalidad administrativa. Un Gobierno que no cumple lo que pacta, y que trata los acuerdos institucionales como si fueran servilletas de cafetería, de usar y tirar…

No es casualidad que Clavijo hable ahora de “incumplimiento de la agenda canaria” y de “deslealtad institucional”. Esa agenda fue negociada con Pedro Sánchez, después de hacerlo con Feijóo. Fue la condición planteada al PSOE para al apoyo de Coalición Canaria a la investidura. Incluía compromisos explícitos: entre ellos, la presencia de Canarias en todos los asuntos que afecten a sus intereses estratégicos, desde migración hasta política exterior. Esa agenda no se ha aplicado. Y lo que ha ocurrido en la cumbre con Rabat no es un olvido: es la constatación de que el Gobierno central firma acuerdos que no tiene intención de cumplir.

El Gobierno de Canarias ha sostenido, durante años, una estrategia de paciencia institucional. Ha intentado ser razonable, dialogante, previsible. Ha buscado acuerdos amplios con todos los partidos para acudir a Madrid con una posición común. Ha ofrecido soluciones técnicas -la “solución canaria” para el superávit- que la ministra Montero ignoró, para recuperarlas después mutiladas y puestas al servicio de la necesidad de Moncloa de contentar a Puigdemont. Es el otro lado del espejo, Canarias no ha usado jamás la minoría de Sánchez como arma de chantaje.

El modelo negociador de Fernando Clavijo -el “modo canario” de hacer política- ha sido tan decente como inútil. Llevamos dos años desde que Sánchez se comprometió a cumplir la Agenda Canaria, y en todos los frentes lo que se detecta es una cultura política instrumental, en la que catalanes y vascos logran lo que quieren, y el resto de las regiones tragan.

Sánchez puede pensar que Canarias no tiene otra opción, que la dependencia fiscal y migratoria obliga al Archipiélago a tragar una y otra vez. Pero nadie tiene la obligación de sostener un Gobierno que no respeta los acuerdos que firma. La política española está entrando en una fase en la que perder un grupo minoritario –aunque sólo cuente con una única diputada- pueda ser suficiente para perder el poder. Hasta aquí.