Hasta el colegio de las niñas
Francisco Pomares
Hay una diferencia enorme entre recurrir las decisiones de una magistrada y tratar de quebrarla. La primera conducta pertenece al funcionamiento normal de la justicia. La segunda busca que la justicia deje de funcionar. Una recusación puede ser legítima, aunque fracase. Una denuncia debe examinarse por sus fundamentos. Preguntar por las hijas de quien instruye una causa introduce el miedo en la ecuación. Lleva el conflicto desde el despacho judicial hasta la vida privada, donde nadie debería tener que demostrar su resistencia para poder ejercer una función pública.
Hay un detalle en la declaración de la juez Biedma que debería obligarnos a dejar a un lado el guerracivilismo que tanto nos atrae: alguien acudió al colegio de sus hijas haciéndose pasar por su secretario y preguntando por sus horarios. En otra ocasión apareció un supuesto hermano interesándose por las niñas. La magistrada no tiene hermanos. La escena permite comprender su angustia sin necesidad de conocer un solo artículo del Código Penal. Basta con tener hijos. O con imaginar qué es lo que siente una madre cuando descubre que unos desconocidos preguntan por sus hijas mientras ella investiga asuntos que afectan a personas poderosas.
Estamos acostumbrándonos a que una investigación judicial sea presentada como una conspiración política; a que la independencia de un juez se mida por la identidad del investigado; a que los policías pasen de servidores públicos a sospechosos cuando sus pesquisas alcanzan al partido del Gobierno. Cada episodio añade un poco más de ruido y resta un poco más de escándalo. Hasta que aparece alguien preguntando por unas niñas en un colegio y descubrimos adónde puede conducir la costumbre de considerar enemigo a quien hace el trabajo por el que cobra.
Biedma ha comparecido ante el juez Pedraz para explicar las maniobras de las que cree haber sido víctima: fue la instructora del procedimiento contra David Azagra, hermano del presidente del Gobierno, pero también investigó narcotráfico y participó en la causa que acabó con la condena por violencia de género del exjuez Sáenz de Tejada. La conexión del asunto de las hijas a Leire Díaz –al PSOE, por tanto- forma parte de lo que los investigadores deben esclarecer. La gravedad de los hechos exige rigor, y el rigor obliga a distinguir lo declarado de lo probado. Aunque lo declarado por los narcos implicados cause ya bastante espanto. Según el informe de la UCO, conocido esta semana, la líder del clan narco de los Rocha, declaró que fue el ex juez Sáenz de Tejada quien le encargó actuar contra Biedma: en términos que los investigadores interpretan como una intención de causarle daño físico. “La magistrada era un puto grano en el culo y había que eliminarla”, dice Cintia Rocho que le dijo. El informe recoge indicios de maniobras para alterar el procedimiento contra el hermano del presidente, y sostiene que Leire conocía al menos parte de esas actuaciones. Son extremos pendientes de esclarecimiento judicial, pero la prudencia judicial no obliga a la indiferencia política. Podemos esperar a que se determinen las responsabilidades penales y exigir desde ahora explicaciones sobre una trama que, según la investigación, pretendía proteger intereses del PSOE y del entorno del Gobierno obstaculizando causas judiciales. La presunción de inocencia protege a las personas frente a condenas anticipadas, pero no convierte en irrelevante lo que se está investigando ni dispensa a un partido de explicar sus relaciones con quienes presuntamente actuaban en su beneficio.
Una juez no tiene por qué ser simpática, acertar siempre ni resultar cómoda al Gobierno para merecer protección. La independencia judicial sirve precisamente para que pueda investigar sin calcular cuánto sufrimiento personal le costará hacerlo. Si acaba pensando en el colegio de sus hijas antes de firmar una resolución, el daño alcanza mucho más allá de su familia. Afecta al ciudadano que necesita confiar en que la ley se aplicará también a quienes tienen poder.
Y ese es el fondo del asunto: una democracia se debilita cuando investigar al poder exige una dosis de valor que no debería formar parte de los requisitos del puesto. Cuando la autoridad de un cargo público se utiliza para reclamar indulgencia, cuando el partido se confunde con el Estado y cuando la defensa de los propios termina convirtiendo al investigador en objetivo. Falta saber quién ordenó qué, quién conocía las maniobras y hasta dónde llegaron. Habrá que probarlo, con garantías para todos. Pero ninguna incertidumbre sobre esas responsabilidades debería impedir una condena política inequívoca de la intimidación. No hace falta esperar al último recurso para afirmar que las familias de jueces, policías o testigos deben quedar fuera de este basural.
Podrán discutirse durante meses sobre competencias, informes, declaraciones y conexiones. Es necesario hacerlo. Pero hay una imagen que ninguna explicación debería conseguir que aceptemos como parte del paisaje: un desconocido en la puerta de un colegio preguntando a qué hora llegan las hijas de una juez. Si también acabamos acostumbrándonos a eso,, ya dará igual todo lo que venga después.
