IGIC

Por Francisco Pomares

Publicado en El Día

El siete es un número sin duda cabalístico. Por eso deben de estar empeñados quienes nos gobiernan en recuperarlo como cifra emblemática del IGIC. Y eso lleva a plantear unas cuantas imprecisiones: la primera es la que -con insistencia canónica- ha reiterado el consejero de Hacienda sobre el déficit. Hace un par de semanas, Román Rodríguez nos metió el miedo en el cuerpo con la inminente llegada a las Islas de los hombres de negro del Gobierno central, que iban a llegar a ajustarnos las cuentas por culpa del déficit. Rodríguez dio muchísima mucha lata con ese asunto del déficit, del que culpó básicamente al anterior Gobierno y a la decisión de bajar el IGIC del 7 al 6'5 por ciento, e insistió en los datos ofrecidos, según el, por el Ministerio de Hacienda y autoridad fiscal independiente. Cuando la Airef publicó sus datos, el déficit no aparecía por ningún lado, y ahora ha sido Hacienda la que ha publicado los suyos, y en ellos no hay déficit sino superávit. Preguntado por este chocante particular en el Parlamento Rodríguez no fue capaz de explicar muy bien porque el Ministerio le desmiente, y lo único que logró argüir es que los datos son una foto fija que no revelan el estado verdadero del asunto. El estado verdadero es que el IGIC no cobrado supondrá a fin de año una merma -irresponsable, según Rodríguez- algo menos de 200 millones de euros que no entraran en caja. Subir el impuesto al consumo hasta el 7 por ciento reduciría en parte esa merma, pero ahora nos enteramos de que el nuevo reglamento de IGIC establecerá mecanismos para que el impuesto sólo suba a las empresas y autónomos que facturen más de 30.000 euros anuales. No es una mala medida, porque el IGIC es el impuesto socialmente más injusto que existe: como en casi todos los impuestos indirectos, pagan lo mismo ricos y pobres. Para evitar la crítica en ese sentido, dado que este Gobierno se ha comprometido a no someter a los menos pudientes a más extorsión fiscal, se busca un formato para que la subida sólo afecte a las empresas más exitosas y los profesionales más acaudalados. No me parece mal, ya digo, pero supone abrir un procedimiento chocante e inexplorado: hasta ahora, los tipos del IGIC se establecen en función del producto, de tal forma que unos productos pagan más que otros. A partir de ahora, también unas empresas pagarán más que otras en función de su facturación. Pero todos los consumidores seguirán pagando lo mismo cuando compren algo, supongo yo. Además, con esa decisión, los casi 200 millones que se quieren recuperar serán bastante menos, con lo que a lo peor, el remedio supone más lío que beneficio fiscal para la administración.

Y luego está la última tontería, que consiste en afirmar que el impuesto no va a subir sino a "revertirse a su estado anterior". Eso es una memez. Porque el estado anterior, el que definía la existencia de un diferencial fiscal importante entre Canarias y Península, era el cinco por ciento de impuesto, cifra con la que fue creado, hasta que Paulino Rivero lo subió tras la crisis de 2008 provisionalmente para poder pagar los sueldos de los funcionarios, empezando por el suyo propio. Revertir el impuesto a su estado anterior sería bajarlo hasta el cinco por ciento, aunque está claro que eso no va a hacerlo nadie. Los impuestos pueden subir, pero bajar, lo que se dice bajar, no lo hacen nunca. En Canarias sí, medio punto. Y va a durar un soplo.