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Incentivar el alquiler

 
Por Francisco Pomares
 
Publicado en El Día
 
 

La mayoría de las casi 140.000 viviendas vacías de Canarias pertenecen a pequeños propietarios y son el refugio de los ahorros de muchas vidas de trabajo y esfuerzo: esos propietarios no suelen estar interesados en operaciones para elevar los precios, sino en obtener una renta segura, garantizar la conservación de su patrimonio, y encontrar inquilinos cumplidores. En otros países, municipios y gobiernos, a través de entidades públicas especializadas, intermedian y garantizan el respeto a las condiciones pactadas por las partes. Es un sistema que ha dado buenos resultados en ciudades con problemas de desocupación y alquileres desorbitados similares a los nuestros.
 
 
 
El consejero Franquis ha asegurado que pondrá este año cuatrocientos pisos de particulares en alquiler, a precios asequibles (en torno a los 450 euros), para que sean ocupados por las familias que lo necesiten. Como declaración, suena bien, y suena aún mejor la incorporación a las políticas regionales de ese nuevo programa, la Bolsa de Vivienda Vacía, en el que la Consejería va a gastarse cuatro millones, proporcionando a los propietarios de los inmuebles incentivos de 3.000 euros para colocar las casas en el mercado de alquiler, y subvenciones a fondo perdido para la rehabilitación de los mismos, hasta un máximo de 4.000 euros por piso. El proyecto es bastante moderado en sus cálculos (con los recursos disponibles podrían ponerse en el mercado hasta 600 viviendas), y también en sus objetivos: rescatar 400 pisos de los casi 140.000 que hay desocupados en Canarias no es que sea muy ambicioso: 400 pisos dan para atender sólo un tres por ciento de las 17.000 familias demandantes de vivienda pública que buscan un sitio donde vivir. Si la Consejería mantuviera el programa durante toda la legislatura, alcanzaría a poco más de uno de cada diez demandantes.
 
 
Franquis ofrece también el compromiso de iniciar en este mandato la construcción de hasta dos mil nuevas viviendas públicas. No está claro cuándo estarían acabadas, pero después de una década sin levantar un ladrillo público en las islas, ya es buena noticia que el Gobierno trabaje. Otra cosa es esperar resultados: porque lo que se propone son programas y construcciones en proyecto, para aumentar la oferta y reducir así el precio de la vivienda de alquiler, y con esas medidas es escaso el impacto sobre la demanda: decenas de miles de personas seguirán buscando desesperadamente una casa, mientras permanecen cerradas más de un centenar de miles de ellas. Por eso, al margen de estas iniciativas, es imprescindible el diseño de un marco legal que promocione el alquiler de viviendas en base a tarifas reguladas, y definidas por factores como metros cuadrados y servicios que ofrecen, el estado de conservación o la ubicación, y que también garanticen una respuesta rápida y eficiente a situaciones de abuso por parte de los inquilinos, que se dan con demasiada frecuencia.
 
 
 
No voy a criticar a Franquis por ponerse las pilas, pero quizá el mejor sistema no sea regalar dinero a los propietarios para que hagan lo que ellos harían por su cuenta, si tuvieran más confianza en que la administración defenderá la integridad y rentabilidad de su patrimonio. Por eso, yo insistiría en otros aspectos del programa, como son la gestión pública del alquiler y su cobro, la financiación de seguros de cobertura por deterioro o impagos, y la garantía de conservación y devolución del inmueble. Costaría menos de 7.000 euros, pondría muchas más viviendas en el mercado y seguro que ayudaría a bajar los precios desorbitados que hoy se piden.

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