Inmigrantes ‘certificados’

Francisco Pomares

El Gobierno ha decidido exigir ahora un certificado de antecedentes penales a los inmigrantes que quieran acogerse al proceso de regularización. No bastará ya con una declaración responsable, como se planteó inicialmente. Sobre el papel, la medida introduce un filtro aparentemente más exigente, más serio, más… tranquilizador. En la práctica, sin embargo, lo que hace es proteger al propio Gobierno.

Porque el objetivo no ha cambiado ni un milímetro. El Ejecutivo sigue decidido a regularizar a cientos de miles de personas -medio millón según sus cálculos, cerca de los 900.000 según otros análisis, como el del Consejo de Estado- por razones que han sido explicitadas sin rubor: una mezcla de impulso moral y necesidad económica ante el invierno demográfico. Lo que ha cambiado no es el fondo, sino la cobertura.

El motivo inmediato es fácil de identificar. El Consejo de Estado advirtió que el borrador inicial era jurídicamente endeble, desordenado y escasamente garantista. Traducido al lenguaje común el proyecto -plenamente justificable desde un punto de vista moral y práctico-, tal y como fue redactado suponía un coladero con difícil defensa ante un recurso serio. La solución planteada por el Gobierno ha sido la de endurecer el texto, para hacerlo más resistente en los tribunales. Pero hay algo más. Cuando se trata de Sánchez es frecuente que lo haya.

En un asunto tan sensible y peliagudo como es la inmigración, el Gobierno precisaba evitar a toda costa la imagen de una regularización masiva sin control. El riesgo de la regularización no es real sino político. Bastaría con que un solo caso de beneficiario con antecedentes penales llegara a los titulares para que la operación entera se convirtiera en un problema. Y ese es un lujo que el Ejecutivo no quiere permitirse.

De ahí la decisión de exigir ahora a todos los solicitantes la presentación del certificado de penales. Y la insistencia en reforzar la idea de que el Gobierno está por el orden público. Y la apariencia de rigor, que es sólo eso, apariencia. El diseño del sistema revela la intención: se da a los inmigrantes un mes para conseguir el documento, que deben emitir sus países. Si el documento no llega, la Administración española lo intentará por vía diplomática. Si tampoco llega, se abrirá de nuevo el plazo. Y habrá más intento, y más margen. Se endurecen los requisitos… pero se flexibiliza su cumplimiento hasta el límite de lo posible.

Es el clásico equilibrio de la coalición que preside Sánchez: firmeza declarativa en el BOE para tranquilizar a unos, flexibilidad en la aplicación para satisfacer a otros. Sumar ya ha dejado claro que los obstáculos administrativos no deben frenar la regularización. Y el Gobierno, está de acuerdo. Solo que no quiero decirlo así. El resultado es una norma que endurece su formulación… pero aspira a no endurecer su efecto. Se trata de una presentación de ingeniería política. Se construye un filtro más estricto, pero se abren mecanismos para sortearlo. Se eleva el listón, pero se coloca una escalera al lado. Y todo ello con un objetivo muy concreto: poder decir que se controla, sin dejar de hacer lo que se quiere hacer.

En el fondo, la cuestión no es por qué se ha endurecido el decreto, sino por qué el Gobierno no explica con claridad lo que está haciendo. Y la respuesta, probablemente, es tan sencilla como obvia: porque explicar que se quiere regularizar al mayor número posible de personas -aunque sea razonable, incluso necesario- implica un coste político que el Gobierno no está dispuesto a asumir abiertamente. Así que se opta por el camino intermedio. El de siempre. El de endurecer en el papel y ocultar a los ciudadanos lo que se va a hacer de verdad.

Personalmente, diré que ni me extraña ni me sorprende: marear la perdiz para intentar dejar contentos a todos los que se pueda, vendiendo una acción y al mismo tiempo la contraria, forma parte del más puro estilo del sanchismo. Pero esta tendencia al pasteleo puede provocar problemas serios: imaginen, por ejemplo, una petición de certificado realizada por un ciudadano de algún país del Sahel, de donde ha tenido que huir perseguido por las autoridades. Que dirá el certificado que llegue, si llega algún día, que opciones le quedan a quien ha emigrado, aparte de solicitar inútilmente el reconocimiento del derecho de asilo, gravemente restringido por las nuevas políticas de la Unión Europea.  Y otra cuestión: ¿Qué ocurrirá con los solicitantes que hayan cometido algún delito en sus países o en otros?  ¿Se les expulsará, serán retornados?  Pues no. El Gobierno ya ha dicho que pasarán a formar parte del gueto de personas sin derechos ni posibilidad alguna de integración.

Ocupado el Gobierno en resolver sus equilibrios internos, en congraciarse con esa mayoría de electores que consideran que la emigración es el primer problema del país, y en converger con las políticas restrictivas de la Unión, lo que se hace es blindar jurídicamente una decisión previa y construir un falso relato de control para sostener una política de apertura. Pero lo único que cambian es la escenografía. Y que hay gente a la que dejarán en el limbo. Han acabado por convertirse en especialistas en eso.