L’État, c’est moi

Francisco Pomares

El mismo día que la Audiencia Provincial de Madrid avalaba la imputación por malversación de Begoña Gómez y de su asesora en La Moncloa, la Junta Electoral Central abría expediente sancionador al presidente del Gobierno por utilizar una comparecencia institucional como plataforma partidista en plena campaña electoral. Dos avisos. Dos ámbitos. Un mismo problema: la continua confusión entre lo público y lo propio.

Conviene decirlo desde el principio, para evitar los aspavientos habituales: imputar no es condenar, y abrir un expediente no es sancionar. Pero tampoco es nada. Y sobre todo, no es casualidad que ambas decisiones apunten en la misma dirección.

La resolución de la Audiencia no se limita a dar oxígeno a la instrucción del juez Peinado. Va más allá. Y lo hace con un lenguaje que no suele emplearse a la ligera. Cuando los magistrados describen la actuación de la asesora presidencial como “más propia de una amiga interesada en los asuntos lucrativos que protocolarios”, no están opinando: están delimitando un posible delito.

La clave no está en si hubo pocos o muchos correos electrónicos. El tribunal lo dice con claridad: eso es irrelevante. Lo relevante es el uso del cargo, del tiempo y de los recursos públicos. Y, sobre todo, el origen mismo del nombramiento. Que la asistente de la esposa del presidente no sea una funcionaria experta en protocolo, sino una persona de máxima confianza personal, no es una anécdota. Es –y lo dice la Audiencia-, un posible primer indicio de malversación que señala que la función principal de la asesora fue atender intereses privados. Traducido al lenguaje común: el problema no es que alguien ayude a la mujer del César, sino que lo haga desde Moncloa, cobrando del erario público y utilizando una estructura administrativa pensada para fines institucionales. Eso es lo que investiga la Justicia. Y eso es lo que la Audiencia considera razonable investigar.

No hay condena, pero hay algo que erosiona la línea de flotación moral de un Gobierno que presume obsesivamente de lo que carece: de superioridad ética. Hay una duda seria sobre el uso del Estado como herramienta de conveniencia personal por parte de la mujer de Sánchez. Y eso no es poco. Por mucho menos se rasgan en otras geografías las vestiduras del poder y se exigen dimisiones y cancelaciones.

Pero hay más aún: casi al mismo tiempo que la Audiencia nos recuerda que algo huele mal en Moncloa, la Junta Electoral Central señala al presidente que no puede actuar como jefe de partido cuando comparece como presidente en periodo electoral. Un balance de gestión no incluye atacar a la oposición, ni criticar a comunidades gobernadas por otros partidos. La neutralidad institucional no es un formalismo, sino una obligación legal de quien gobierna.

También habrá aquí quien diga que estamos ante un expediente menor, un trámite, una exageración del PP. Pero la Junta Electoral no actúa por impulsos partidistas, lo hace cuando aprecia indicios de vulneración de la ley. Y lo ha hecho por unanimidad. Sin fisuras.

Lo más interesante de esta coincidencia en el tiempo de dos decisiones de la Audiencia de Madrid y la Junta Electoral central es el dibujo conjunto que aparece con la suma de los dos casos. En ambos asoma la misma tentación, convertida en tendencia: utilizar el cargo como prolongación del proyecto político —y, llegado el caso, del entorno personal— sin detenerse ante ninguna limitación Es una forma de gobernar que no necesitaría de grandes escándalos para erosionar las instituciones. Bastaría con normalizar la idea de que el poder es flexible, de que las reglas se adaptan al contexto, de que el presidente habla cuando quiere y como quiere, y de que La Moncloa es un espacio híbrido entre despacho oficial, cuartel de campaña y red de confianza. Porque la democracia no se pudre solo con la aprobación de leyes injustas o por los ataques frontales a la Constitución. También se deteriora gravemente cuando se normaliza que el uso en beneficio propio de los mecanismos del poder no importa, que el uso espurio de los atriburos del poder es asumible cuando se trata de obtener un beneficio para sí o un daño para el de enfrente, que el Estado debe adaptarse a la conveniencia de quien gobierna y no al revés.

No es tiempo aún de condenas. Pero si de advertencias. Llegan de jueces y árbitros electorales, no de tertulias ni de adversarios políticos. Ignorarlas, relativizarlas o despacharlas como ruido o incluso fango es un error. Estamos ante algo más sutil y mucho más peligroso que un error o un desliz. Pedro y Begoña banalizan conscientemente los límites. Y no puede existir democracia sin límites. Romperlos acaba pasando factura. Aunque no siempre al que gobierna. A veces quien paga este juego es el sistema.