La costumbre de culpar al árbitro
Francisco Pomares
La reacción socialista a la condena de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y de Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura, por la contratación del hermano en la Diputación de Badajoz, vuelve a poner de manifiesto que en política siempre hay a mano una respuesta defensiva cuando las cosas vienen mal dadas: la culpa es de los otros. En este caso, de los jueces, del sistema judicial español, decidido a poner en aprietos al presidente. Siguiendo un símil adecuado a los tiempos, podríamos decir que la tendencia es no discutir la jugada (por errónea que pudiera ser) sino discutir al árbitro. Es un recurso viejo, eficaz para movilizar a los propios y muy sencillo de hilvanar: cuando el resultado de un juicio no responde a lo que nos conviene, el problema nunca será lo ocurrido, sino quien lo juzga. Esa lógica habitual en los estadios ha acabado por instalarse en el discurso del partido que gobierna España.
La esperada condena del hermano y quien lo enchufó vuelve a poner de manifiesto esa deriva: más allá del recorrido judicial que aún le queda al procedimiento -la sentencia será recurrida-, la respuesta del partido es que –según se acercan más a La Moncloa los casos- aumenta el descaro y la vehemencia con la que se desacredita, de forma cada vez más indisimulada y explícita, a los responsables de administrar justicia.
Desde el PSOE o el Gobierno, nadie se ha tomado la molestia de rebatir la fundamentación de la sentencia. No se ha entrado en el análisis de los hechos que el tribunal considera probados. Se cuestiona el contexto, la intención, la imparcialidad del procedimiento, se habla de persecución, de cacería política, de lawfare, de una supuesta utilización de los tribunales para combatir al Gobierno al margen de las urnas. El foco deja de alumbrar la conducta de los condenados, para situarse en el proceder de quienes los juzgan, e incluso en la ilegitimidad de los tribunales para juzgar a los parientes y colegas del Presidente. El PSOE se nos llena de Puentes, a los que no les importa una higa ciscarse en la madre que parió a los togados. Esto es una guerra. Y en las guerras lo único que cuenta es no perder.
Esa filosofía, cada día más extendida en el entorno del poder, representa un cambio profundo de los valores y principios del PSOE. En cualquier Estado de Derecho es perfectamente legítimo discrepar de una resolución judicial. Nadie discute que los jueces se equivocan, por eso los tribunales corrigen sentencias todos los días. Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es la construcción de un relato según el cual cualquier resolución desfavorable al PSOE responde a una conspiración política o ideológica del poder judicial. La consecuencia de ese discurso es evidente. Si una jueza instruye una causa y adopta decisiones incómodas para el poder, el problema es la jueza. Si la Audiencia Provincial confirma esas decisiones, el problema pasa a ser la Audiencia. Si más adelante lo hace un Tribunal Superior o el Supremo, todos ellos quedan automáticamente incorporados a la conspiración. La conclusión es que el único tribunal verdaderamente libre, honesto e independiente será el que absuelva a los acusados.
Durante décadas, el PSOE hizo de la defensa de las instituciones uno de los pilares principales de su identidad política. El PSOE reivindicó la separación de poderes frente a quienes cuestionaban el sistema constitucional. Incluso en los momentos más difíciles de los grandes escándalos que afectaron a gobiernos socialistas del pasado, jamás se convirtió al conjunto del Poder Judicial en el enemigo político al que había que desacreditar ante la opinión pública. Las acusaciones soportadas por el PSOE y sus dirigentes –el propio González durante sus últimos años de Gobierno- fueron durísimas. Pero jamás se cuestionó al poder judicial en su conjunto. Hoy el tono ha cambiado. La crítica ya no se dirige a una resolución concreta, se extiende sobre la propia credibilidad de la Justicia cuando sus decisiones afectan al entorno familiar o político de Sánchez.
La democracia moderna descansa sobre la existencia de contrapesos: los gobiernos gobiernan, los parlamentos legislan, los jueces controlan la legalidad de las actuaciones públicas y privadas. Ninguno de esos poderes es infalible, pero todos necesitan conservar su legitimidad para que el sistema funcione. Cuando desde el poder ejecutivo se alimenta de forma permanente la sospecha sobre uno de esos pilares, el deterioro termina afectando a todo el edificio. Por eso conviene ser prudentes: las sentencias pueden revocarse, y las condenas anularse. Pero erosionar la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de la Justicia produce un daño irreparable. Los gobiernos pasan, los líderes cambian, los dirigentes entran y salen de los tribunales. Lo que permanece es la necesidad de que los ciudadanos crean que, cuando un juez dicta sentencia, lo hace aplicando la ley.
