La crisis de Mali
Francisco Pomares
El pasado 25 de abril, una ofensiva coordinada de grupos yihadistas y milicias tuareg sacudió Mali. El golpe más visible fue la caída de Kidal, una plaza estratégica en el norte, durante años uno de los pocos éxitos militares del despliegue ruso en la zona, que –aparentemente- había logrado desplazar a los islamistas radicales de la zona.
Esta vez las fuerzas rusas se replegaron, y una parte del África Corps, heredera de la antigua organización Wagner, reciclada por Putin, abandono el país. Y con ellas se fue parte del relato de control que Moscú había construido en el Sahel.
La retirada rusa de Kidal no ha supuesto el apocalipsis para el actual gobierno pro ruso. Pero tampoco es irrelevante. No supone solo un episodio militar. Es un síntoma de los límites del nuevo equilibrio en la región, tras la salida de las tropas de Francia y España y la entrada de Rusia como principal socio del régimen de Bamako. Y además plantea una pregunta, hoy muy difícil de contestar: ¿quién controla realmente el Sahel?
La probable respuesta es que nadie lo controla. La retirada de Europa de Mali, y la entrada de Rusia, en contra de lo que se esperaba, no ha significado un nuevo equilibrio, un nuevo statu quo, sino la pervivencia de un conflicto de largo recorrido, con escasas posibilidades de ser resuelto. La ofensiva yihadista y tuareg de hace pocos días no se limitó al norte. Hubo ataques cerca de Bamako, y un grupo suicida lanzo un automóvil cargado con explosivos contra la residencia del ministro de Defensa, Sadio Cámara, principal aliado de Rusia en la zona, provocando su muerte.
Los hechos confirman que la inestabilidad ha dejado de ser periférica y se ha instalado también en el entorno de la capital. Eso no significa que el Estado maliense haya colapsado, pero sí que su control actual sobre el territorio del país es hoy inferior. Pero no ha desaparecido. Una fuerza unificada de Níger, Burkina Faso y Malí, respondió con una brutal campaña aérea bombardeando Kidal y otras ciudades bajo control rebelde, tras los ataques yihadistas y tuaregs contra la junta en el poder. Los tres países, gobernados por juntas militares, surgidas tras los golpes de Estado producidos entre 2020 y 2023, crearon una fuerza militar conjunta contra los grupos terroristas, que se inició con cinco mil efectivos y se amplió a 15.000 precisamente a mediados de abril, coincidiendo prácticamente con el avance de las hostilidades.
Tras la respuesta, el presidente de la Junta, Assimi Goïtia, reapareció acompañado de los rusos, después de tres días de haber permanecido oculto, y anunció que la Junta controla el país. Pero sobre el terreno, la situación sigue deteriorándose: la alianza actual entre yihadistas y grupos tuareg es táctica, no estratégica, comparten un enemigo común, pero no un proyecto conjunto, y eso hace el escenario aún más imprevisible y difícil de estabilizar. La apuesta rusa tampoco ofrece certezas. Su presencia ha sustituido a la francesa, pero no ha resuelto el problema, más bien lo ha agravado, alimentando dinámicas de violencia que fortalecen a los grupos insurgentes. Lo cierto es que la situación no está nada clara: Rusia niega haber sufrido un revés y presenta lo ocurrido como un mero repliegue. Los medios del Kremlin hablan de éxito. Pero la realidad se mueve en un terreno ambiguo: el de una guerra irregular, fragmentada, donde las victorias son parciales y las derrotas nunca son definitivas.
La Unión Europea describe la situación como una “humillación para la avanzadilla rusa” y plantea la necesidad de volver a estar presente en la zona, aunque no se adelanta ni cómo, ni mucho menos cuando. Observa el Sahel con una mezcla de distancia y preocupación. Ya no está allí con tropas, pero sigue pesando el miedo a la inestabilidad, al terrorismo, a la emigración. La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, ha dicho que hace falta recuperar la misión europea, para prevenir conflictos y abordar las causas profundas de la migración y la delincuencia organizada. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 define la posición española, que plantea mejorar la colaboración con el gobierno de Mali y reforzar la seguridad frente yihadismo en el Sahel.
¿Y Canarias? Repatriados sin contratiempos los viajeros que asistían a un evento cultural en Bamako, lo que ocurre en Mali no se queda allí. Se traduce en una creciente tensión política, en más presión migratoria, y en exigencias de respuesta, que recaen sobre territorios frontera como el Archipiélago. Canarias no decide sobre la crisis en el Sahel, pero gestiona parte de sus consecuencias. La paradoja es la de siempre: el conflicto se analiza en despachos lejanos, pero sus efectos se administran y padecen en la frontera, porque la inestabilidad, el yihadismo y la pobreza empujan la emigración irregular hacia las islas y consolidan la ruta atlántica con miles de llegadas.
