La culpable
Francisco Pomares
Esto es eficacia: el Gobierno ya ha encontrado una culpable para endosarle la crisis de Ceuta. No es el ministro del Interior, que no supo que decenas de miles de personas se concentraban junto a la frontera española. Tampoco es el responsable político de los servicios de inteligencia del país, si realmente es cierto que esos servicios no informaron; ni tampoco quien recibió las advertencias y no les hizo caso alguno, si es que informaron. No es el ministro de Exteriores, que lo único que ha hecho hasta ahora es aplaudir la colaboración de Marruecos para resolver la crisis. Mucho menos es el presidente del Gobierno, que calificó lo ocurrido como el mayor ataque a nuestra integridad territorial durante la democracia, para agradecer acto seguido a Marruecos todo lo que hizo por resolver. [Pregunta entre paréntesis: ¿Eso no se llama esquizofrenia?].
La única culpable destituida hasta ahora por su actuación en esta crisis es la funcionaria que dijo la verdad, la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional, un organismo de la Presidencia. El 31 de julio publicó en la web oficial una alerta que cifraba en más de 49.000 las personas que habían entrado en Ceuta en las 24 horas previas. La información procedía de Interior, era cierta y avalaba la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Pero la funcionaria publicó esa información antes de que el Gobierno considerara conveniente reconocerla. Por eso la alerta fue eliminada y la funcionaria destituida fulminantemente mediante una llamada telefónica mientras empezaba sus vacaciones. Ha quedado disponible sin destino, ni sueldo. Desde entonces, la web del Departamento de Seguridad Nacional no publicado una sola noticia. La política informativa de Moncloa, se basa en el concepto sanchista de transparencia: para evitar que alguien vuelva a contar lo que ocurre, lo más seguro es no contar absolutamente nada.
La explicación oficial del cese es la habitual en estos casos: ‘pérdida de confianza’. Se trata de una expresión que parece explicar todo sin explicar nada. La funcionaria ocupaba un puesto de libre designación y podía ser cesada discrecionalmente. Pero ‘discrecional’ no es sinónimo de ‘arbitrario’, por mucho que el Gobierno lo crea. El Supremo lleva años explicando que los ceses del personal de confianza deben motivarse en hechos concretos que justifiquen la pérdida de confianza. Y esa motivación puede ser revisada por los tribunales.
Habrá que conocer el expediente y las instrucciones que recibió la funcionaria, pero la impresión ante esta ‘fatwa’ del Gobierno es que estamos ante una irregularidad administrativa, fruto de una flagrante desviación de poder, sino ante algo aún más grave, porque la apariencia de la decisión es indefendible: una empleada pública difunde información cierta y contrastada, procedente de una fuente oficial de propio Gobierno, y es sancionada profesional y económicamente porque esa información se hizo pública antes de lo que convenía a Moncloa. No cesan a la funcionaria por mentir, lo hacen por frustrar la intención del Gobierno de seguir administrando con cuentagotas la verdad, a conveniencia de Presidencia. El hecho resume de manera bastante obscena la forma en que se depura actualmente la responsabilidad política. Quienes gobiernan permanecen en sus puestos y quienes ejecutan las órdenes, manejan los expedientes o transmiten la información terminan pagando los errores de los que mandan. Cuando algo sale bien, llega corriendo el ministro a hacerse la foto. Pero si sale mal, se abre una investigación para represaliar al funcionario que no rellenó correctamente la casilla, envió demasiado pronto el informe o no interpretó adecuadamente una instrucción confusa. El ‘caso Mascarillas’ en Canarias es otra manifestación clara de esta forma miserable de proceder.
En Ceuta entraron alrededor de 60.000 personas en poco más de un día. Murieron 72, según la Delegación. Una ciudad española de 85.000 habitantes resultó desbordada por una avalancha que nadie fue capaz de prever, a pesar de que movilizar decenas de miles de personas en una frontera no hacerse en secreto. El Ejército tuvo que ser desplegado, varios países europeos implantaron controles fronterizos con España y el propio presidente se refirió bélicamente a un “ataque” realizado contra la integridad territorial del país. Sin embargo, siete días después seguimos sin saber quién organizó o facilitó la movilización, quien llevó a decenas de miles de personas a los pueblos alrededor de Ceuta, qué información manejaban nuestros servicios de inteligencia, por qué la respuesta española fue tardía e insuficiente y –sobre todo- porque el presidente del Gobierno pedalea al mismo tiempo en dos direcciones diferentes manifestando una cosa y la contraria.
España sufrió uno de los mayores fracasos de seguridad y previsión de su historia reciente. El Gobierno ha respondido cortando la cabeza de quien contó su alcance y magnitud. Eso no es depurar responsabilidades, es buscar un chivo expiatorio. Y transmitir a todos los empleados públicos una advertencia una advertencia siniestra: cuando la verdad perjudique al Gobierno, piénselo dos veces antes de contarla.
