La cumbre que no fue
Por Francisco Pomares
Publicado en El Día
El presidente Torres anunció hace diez días que el Ministerio del Interior y el Gobierno de Canarias celebrarían -el día 8 de enero y en Madrid- una cumbre intergubernamental al más alto nivel para abordar de forma monográfica la inmigración irregular a Canarias, asunto polémico que ya provocó cierta tensión entre la administración regional y el primer gobierno de Sánchez, cuando este se negó en Lanzarote a recibir al entonces presidente, Fernando Clavijo, para hablar del repunte migratorio desde África hacia las islas. La conveniencia de la cumbre era evidente, a pesar de que la fecha elegida -un día después de la prevista investidura en segunda votación- parecía precipitada y poco viable, pero Torres insistió en su celebración: la reapertura de la ruta atlántica y la mayor llegada de pateras y cayucos ha venido provocando un creciente desbordamiento de los servicios y las organizaciones que atienden a los recién llegados, y la percepción de que las cosas no se están haciendo bien. Hacinamiento en los centros de internamiento, incumplimiento de las leyes y reglamentos internacionales, emigrantes hospedados en hoteles por falta de plazas, mal funcionamiento de los sistemas de vigilancia...
El fallecimiento de un inmigrante y de un recién nacido, ocurridos últimamente, han acrecentado la percepción de que hay que actuar ya, aunque se está muy lejos de la gravísima crisis humanitaria de 2006. Es cierto que en los dos últimos años se ha duplicado el número de migrantes del año anterior, y hoy las cifras de personas que intentan alcanzar Europa por la ruta atlántica ronda ya el 10% del terrible récord de hace 14 años.
Por eso, el anuncio de Ángel Víctor Torres sobre la celebración de una cumbre entre el Gobierno de España y el de Canarias fue muy bien recibido. Según dijo Torres, en la reunión habrían de adoptarse medidas ejecutivas sobre los dos centros de internamiento hoy abiertos, el tinerfeño de Hoya Fría y el de Barranco Seco, en Gran Canaria, y sobre la reapertura del de Fuerteventura -cerrado por el ministro Grande-Marlaska después de años de inutilización y escandaloso despilfarro de recursos-, además de realizar un diagnóstico sobre las disfunciones de los sistemas de vigilancia y atención humanitaria.
Pero la cumbre se suspendió 'sine die', sin anuncio previo ni explicación alguna, y no se celebró: a cambio se produjo un encuentro en el Ministerio, sin presencia de ningún responsable del Gobierno de Canarias, en el que técnicos de las áreas de seguridad, emigración y de los servicios jurídicos, discutieron las posibilidades de modificar el funcionamiento de los actuales centros cerrados de internamiento de Canarias, que cambiarían de nombre y pasarían a ser centros abiertos, en cumplimiento de las normativas sobre emigración. También se analizará la situación en los países de origen, el aumento de la cooperación y la vigilancia conjunta con las policías locales africanas. Los técnicos se comprometieron a preparar un diagnóstico preciso del estado de la situación, que habría de estar listo antes de la primera visita que el ministro -sea Grande-Marlaska u otro- realice a Canarias, sin fecha aún establecida. La idea central es proponer un refuerzo de la asistencia humanitaria y de la ayuda en el mar, para evitar muertes. En fin, nada que ver con una cumbre. Pero el ministro llamó al presidente Torres para decirle que si él sigue -y parece que lo hará-, cuando venga por Canarias será con los deberes preparados. Mientras se decide a venir, habrá que esperar.
