La economía del engaño
Francisco Pomares
El Gobierno nos repite todos los días -con una insistencia que roza la autosugestión- que la economía va mejor que nunca: crece el PIB, se baten récords de empleo, el turismo vuelve a ejercer de salvavidas y los ministros desfilan por los micrófonos como si el país hubiera encontrado por fin la fórmula del éxito. Pero ese relato solo describe parte de lo que ocurre, oculta la realidad completa, nos engaña. Porque hay otra realidad distinta, cada vez más amplia, que queda fuera del encuadre. Y entre ambas se abre una brecha que ya no es coyuntural, sino estructural.
El crecimiento existe, negarlo sería también faltar a la verdad. Lo que se discute es la calidad de ese crecimiento y -sobre todo- su capacidad para afectar al conjunto de la sociedad. El modelo sobre el que se apoya sigue siendo el de siempre: turismo, hostelería, comercio y transporte, sectores intensivos en mano de obra barata y bajo valor añadido que concentran alrededor del 40 por ciento del PIB. Es un crecimiento que crea empleo, pero empleo precario, mal pagado y con una productividad estancada. Por eso los salarios no despegan, la desigualdad se consolida y la promesa de prosperidad compartida se convierte en un eslogan vacío.
Mientras el Gobierno celebra como un gran éxito que se logren décimas de crecimiento, hay indicadores que se prefiere ni mencionar: la productividad por hora trabajada sitúa hoy a España en los niveles que Francia tenía hace casi tres décadas. El PIB per cápita, en euros constantes, apenas ha mejorado desde antes de la pandemia y nos relega a la mitad cólera de la Unión. Y el dato que desmonta cualquier discurso triunfalista es que –bajo un gobierno que se define progresista y redistribuidor: uno de cada tres niños españoles vive en riesgo de pobreza o de exclusión social. Y no se trata de una anomalía temporal o del efecto colateral de una crisis puntual. Es el síntoma de un modelo de Estado de bienestar que no integra a una parte creciente de la población, que manifiesta con toda crudeza la nueva España de las dos velocidades. Por un lado, quienes están dentro del sistema: rentas altas, empleo estable, sectores protegidos, activos financieros e inmobiliarios que no dejan de revalorizarse. Por otro, millones de trabajadores que encadenan contratos temporales, salarios insuficientes, alquileres imposibles y una sensación persistente de precariedad vital. Se trata de la erosión de la clase media, del frenazo al ascensor social y de la normalización de una vida sin expectativas por millones de personas.
Lo que más indigna es que esa fractura era evitable. España ha tenido oportunidades para corregir su rumbo: los fondos europeos eran una ocasión histórica para transformar el modelo productivo, apostar de verdad por la innovación, la industria avanzada, la digitalización y la formación. Pero la mayor parte de esos recursos se ha diluido en proyectos dispersos, en políticas miopes, de corto alcance y en un uso orientado a sostener el presente, no a construir el futuro. Se ha perdido una ocasión excepcional para cambiar las bases del crecimiento.
El Gobierno ha preferido gestionar relato antes que afrontar reformas. Ha optado por mantener modelos agotados en lugar de asumir el coste político de transformarlos. No han abordado con seriedad los problemas de la productividad, el desajuste entre formación y empleo, la dependencia excesiva de sectores estacionales. Tampoco se ha afrontado la crisis de la vivienda, quizá el principal factor de empobrecimiento de las clases medias, trabajadores y jóvenes. Cada oportunidad perdida abre más la brecha entre quienes pueden adaptarse y los que quedan atrapados. El resultado es un país que crece sin avanzar y progresa poco. Un país en el que el crecimiento no se traduce en bienestar compartido, sino en una acumulación cada vez mayor de desigualdad. Y ahora el margen se estrecha más: el crecimiento se desacelera, el contexto internacional se vuelve muy incierto y España sigue obligada a reducir déficit y deuda. Mantener este modelo en un escenario menos favorable es temerario.
Persistir en el autoengaño tiene consecuencias: un gobierno que normaliza la desigualdad erosiona su legitimidad. Cuando el esfuerzo deja de traducirse en progreso, cuando el empleo no garantiza una vida digna y cuando una parte creciente de la sociedad siente que el sistema ya no juega a su favor, lo que se resiente no es solo la economía, sino la confianza en las instituciones y en el propio contrato social. Y eso exactamente es lo que está ocurriendo ahora. Porque es falso que España vaya mejor. Se aguanta apoyada en un modelo que estira sus límites mientras consolida una fractura que cada año es más profunda. El Gobierno ha tenido margen, recursos y tiempo para corregir el rumbo, pero optó por algo más sencillo: sostener un crecimiento que deja a medio país atrás. Pagaremos por ello.
