La excepción

Francisco Pomares

Las instituciones no se deterioran de golpe. Rara vez se rompen mediante una gran decisión o un gesto espectacular. Lo hacen de otra manera, mucho más discreta: desplazando poco a poco los límites de lo que una sociedad considera aceptable. Lo que ayer parecía excepcional termina convirtiéndose en habitual. Y lo que en otro tiempo habría provocado un escándalo acaba formando parte de la normalidad política.

Eso es precisamente lo que acaba de ocurrir con el derecho de gracia. El indulto nunca fue concebido como una segunda instancia judicial ni como un recurso para corregir sentencias. Era una excepción. Una válvula de escape prevista para circunstancias extraordinarias, cuando la aplicación estricta de la ley podía conducir a una injusticia mayor que el propio delito. Su legitimidad descansaba precisamente en su carácter excepcional. Cuanto menos se utilizaba, mayor era su autoridad moral. Y ese equilibrio empieza ahora a resquebrajarse.

El Gobierno ha concedido el indulto a Laura Borràs, condenada por corrupción en la adjudicación irregular de contratos públicos, y también a dos dirigentes socialistas igualmente condenados por delitos de corrupción. Es un dato relevante. Porque la medida deja de poder explicarse únicamente como un gesto político hacia el independentismo catalán. El alcance es mucho mayor: por primera vez se normaliza el uso del derecho de gracia respecto de responsables Gobierno para conceder indultos. El problema es el precedente que se crea con la decisión de un presidente que prometió que acabaría con los indultos. El problema del indulto de Borràs —y de los otros dos condenados por corrupción beneficiados por la misma decisión— no reside únicamente en las personas indultadas. Reside en la nueva naturaleza que empieza a adquirir el propio derecho de gracia. Cuando deja de ser un instrumento excepcional para convertirse en un recurso político más, deja de corregir las excepciones del sistema y empieza a modificar el sistema mismo. Y las instituciones suelen deteriorarse así: no mediante una gran decisión, sino a través de pequeños precedentes que, uno tras otro, convierten en normal lo que hasta ayer parecía inaceptable.

Los precedentes son la materia prima con la que evolucionan las instituciones. No obligan a repetir una decisión, pero hacen mucho más fácil justificar la siguiente. Una vez aceptado que la corrupción puede ser objeto de indulto como una opción política ordinaria, desaparece una frontera que durante décadas funcionó, más que como una prohibición legal, como un límite ético. Las democracias no sobreviven únicamente gracias a las leyes. También dependen de una forma de autocontención que rara vez aparece escrita en los textos legales. Hay decisiones que un Gobierno puede adoptar y que, sin embargo, evita. Porque entiende que erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Ese pudor institucional forma parte del propio sistema democrático. Cuando desaparece, el deterioro comienza mucho antes de que cambie una sola línea de la Constitución.

Lo estamos viendo en otras democracias. En Estados Unidos, tanto Joe Biden como Donald Trump han llevado el poder presidencial de indultar hasta extremos que hace pocos años habrían parecido impensables, beneficiando a personas de su entorno más próximo. Allí el sistema es presidencialista y el derecho de gracia forma parte de unas atribuciones mucho más amplias del jefe del Ejecutivo. España responde a un modelo distinto: nuestro sistema es parlamentario y el Gobierno ejerce sus competencias dentro de un equilibrio institucional diferente. Precisamente por eso resulta todavía más importante preservar la naturaleza excepcional del indulto y evitar que acabe convirtiéndose en un instrumento más de la estrategia política.

Porque la cuestión ya no es Laura Borràs. Ni siquiera los dos dirigentes socialistas incluidos en la misma medida de gracia. La cuestión es que si hoy resulta aceptable indultar a responsables políticos condenados por corrupción, ¿sobre qué principio podrá sostenerse mañana que no procede hacerlo con cualquier otro condenado por delitos semejantes? ¿Qué argumento impediría aplicar ese mismo criterio a un ministro, a un dirigente de cualquier partido o, llegado el caso, a cualquier persona cuyo perdón resultara políticamente conveniente para el Gobierno de turno? Por ejemplo, a un familiar del presidente del Gobierno…

El obstáculo institucional que antes hacía impensable una decisión semejante acaba de reducirse. Las instituciones se defienden muchas veces mediante costumbres, convenciones y límites no escritos. Cuando esos límites desaparecen, la degradación rara vez produce un estruendo. Se instala poco a poco, precedente tras precedente, hasta que un día descubrimos que aquello que antes nos parecía inaceptable ha terminado convirtiéndose en una práctica más de la política cotidiana.

El derecho de gracia nació para corregir las excepciones del sistema. El riesgo surge cuando el indulto deja de ser una excepción para convertirse en una herramienta ordinaria del poder. Porque entonces ya no corrige errores del sistema. Lo que hace es pervertirlo.