Miércoles, 18 Marzo 2026
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 Paco Pomares

Francisco Pomares

 

Cada vez que el mundo se estremece, las Islas reclaman singularidad. Y casi siempre con razón. La escalada bélica en Oriente Medio -con impacto inmediato en el precio del petróleo- ha activado ese reflejo. En cuestión de días, los surtidores isleños han subido precios con rapidez sospechosa, la inflación amenaza con reactivarse y el transporte -columna vertebral de cualquier economía insular- vuelve a ser el centro del problema. Y entonces aparece de nuevo lo del “modo canario”. Clavijo ha convocado al Consejo Asesor -empresarios, sindicatos, universidades- y a los grupos parlamentarios, con un objetivo claro: construir un “escudo social” propio frente al impacto de la crisis. Rebajas fiscales, ayudas directas, incentivos temporales, deducciones… el catálogo habitual de medidas de emergencia, ahora envuelto en una narrativa política más ambiciosa: la de una respuesta específica, adaptada a la excepcionalidad canaria.

 

Alfonso Cabello ha recorrido redacciones y mentideros explicando que Canarias no se puede quedar parada y que no vale un “café para todos”. La frase es oportuna. Si algo define a Canarias en este contexto es su vulnerabilidad diferencial. No es un argumento rebuscado: el 92 por ciento de las mercancías y materias primas que consumimos nos llegan por vía marítima o aérea. Eso significa que cualquier subida del combustible se traslada aquí con mayor intensidad, más rapidez y con menos capacidad de amortiguación. Por eso la petición de singularidad no es un capricho, sino una necesidad. Lo plantea Coalición en Madrid, lo exige el Gobierno regional y lo respaldan las patronales: hace falta un mecanismo específico de estabilización de los costes energéticos, una respuesta fiscal diferenciada y, si es necesario, la posibilidad de movilizar recursos desde las islas sin computarlos en la regla de gasto.

 

Esa última reclamación es clave. Se solicita del Estado que permita a Canarias utilizar sus recursos sin penalización presupuestaria, liberando fondos que hoy se destinan a deuda para destinarlos a sostener el consumo, la actividad económica y los servicios públicos. Es una reivindicación razonable en un contexto excepcional, que revela hasta qué punto necesitamos margen para reaccionar ante las crisis externas.

 

Fuera de Canarias son muchos los que se preguntan qué hay detrás de esa recurrente petición de excepcionalidad. No se entienden los motivos de nuestra tendencia a la queja y a reclamar más atención. ¿Qué clase de nacionalismo es el de Canarias, que lo que pide siempre es más atención del Estado? Es sencillo: se trata de una reacción al hecho de que Canarias no sufre más por azar, ni por una conspiración, ni siquiera por mala gestión –coyuntural o no- de sus dirigentes. Canarias sufre más porque depende más del exterior, del transporte, de la energía importada.

 

Y esa dependencia no se corrige, apenas se parchea cuando la situación se hace insostenible. El propio discurso del “modo canario” encierra esa contradicción: es una estrategia que refuerza el valor de un estilo propio, una forma más sofisticada de gestionar muestra vulnerabilidad, pero no logra superarla. Mientras, el Consejo de Ministros aprobará el viernes su paquete de medidas: habrá titulares, cifras y quizá alguna concesión menor a Canarias. Conviene no engañarse: cada vez que se plantea una singularidad, el Estado escucha… y calcula el coste, el precedente que se establece y la reacción de otros territorios. Y la correlación de fuerzas. S lo que Sánchez calcula mejor.

 

Porque la singularidad, en España, no se produce cuando se necesita, sino cuando la necesita Sánchez.

 

Canarias debería aprender a dejar de pedir excepciones como quien pide auxilio, y a empezar a plantearlas como una cuestión de lógica estructural, como parte de un modelo estable, no como una reacción de emergencia ante cada crisis. No es de recibo tener que explicar el REF cada vez que hay un cambio de Gobierno en Madrid.

 

Y explicar que la subida exprés de los combustibles, el desboque de los precios, y la necesidad de activar ayudas… no es una anomalía. Es la repetición de un patrón que se ha manifestó con la crisis de 2008, la pandemia, la guerra de Ucrania y ahora con el conflicto en Oriente Medio.

 

Cada crisis nos recuerda que seguimos siendo extremadamente vulnerables a cualquier perturbación en los mercados energéticos. Basta con que el estrecho de Ormuz se tense para que aquí suba la gasolina antes incluso de que nos llegue el petróleo más caro. La velocidad con la que se trasladan los precios al consumidor contrasta con la lentitud con la que bajan cuando el mercado se relaja. Es algo que ya investigan las autoridades regionales, y hacen bien. Canarias carece de mecanismos eficaces para amortiguar el shock que supone para el sistema económico regional el aumento del precio de los combustibles.

 

La transición energética -renovables, almacenamiento, autoconsumo, redes- parece la única salida. Lleva años sobre la mesa, pero avanza con una lentitud desesperante, atrapada entre la burocracia, la falta de planificación y la resistencia política. El problema no es que Canarias necesite un trato singular, es que sigue necesitándolo siempre. Y eso ya no es una excepción. Es el síntoma de un problema que no se resuelve.


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