Sábado, 14 Marzo 2026
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 Paco Pomares

Francisco Pomares

 

Hay muchos tipos de excusas: ingeniosas, mediocres, innecesarias, torpes, perversas… y también las hay insultantes para la inteligencia de quien las escucha. La de Ángel Víctor Torres para justificar que el Gobierno no convoque una Conferencia de Presidentes ante el impacto económico de la guerra, pertenece sin duda a esta última categoría.

 

La petición de convocar una reunión extraordinaria de la Conferencia de presidentes regionales no es caprichosa ni oportunista. La firmaron el lendakari Pradales y Clavijo, dos dirigentes de regiones muy expuestas a los efectos económicos de cualquier crisis internacional que afecte a la energía o al comercio. El sentido de la petición se antoja bastante razonable: coordinar una respuesta institucional conjunta ante un escenario que amenaza con elevar los costes energéticos, encarecer las importaciones y disparar la inflación.

 

La respuesta del Gobierno ha sido negativa. Una negativa bastante caprichosa, que no responde a la ausencia de motivos o problemas que justifiquen la convocatoria, ni a que el Ejecutivo de Sánchez disponga de un plan de contingencia que haga innecesaria la coordinación de las regiones y el Estado. No. La razón invocada por Torres es ridícula: la Conferencia de Presidentes no puede reunirse –asegura Torres- porque en algunas comunidades autónomas hay procesos electorales en marcha o investiduras pendientes.

 

 

Que un presidente autonómico en funciones no represente plenamente a su comunidad es una idea bastante extravagante. Implica que durante el tiempo que dura un proceso electoral o una negociación de investidura, un territorio entero quedara institucionalmente suspendido.

 

Pero los gobiernos en funciones siguen tomando decisiones, firmando decretos, aprobando contratos públicos y gestionando presupuestos. Con frecuencia, sobre todo si los que están en funciones van a ser sustituidos por otros, con mucha más celeridad y diligencia que cuando no están en funciones. Los presidentes autonómicos siguen representando a sus comunidades en todos los ámbitos institucionales, en todo. Y eso vale también para el Gobierno central, que ha actuado en múltiples ocasiones con ministros o ejecutivos en funciones.

 

Según la peregrina tesis de Torres, los presidentes en funciones no pueden sentarse alrededor de una mesa para hablar de cómo afrontar una crisis económica internacional.

 

La explicación más probable es otra: Torres quiere evitar esta reunión porque la Conferencia de Presidentes, con mayoría clara del PP, se ha convertido en un escenario políticamente incómodo para el Gobierno. En ese foro se sientan todos los presidentes regionales, incluidos los muchos que no comparten la estrategia política de La Moncloa. Y eso significa debate, discrepancia y exposición pública de las diferencias. Exactamente lo contrario de lo que parece buscar el Ejecutivo, que prefiere sustituir el diálogo multilateral por una serie de contactos bilaterales más fáciles de controlar. Una forma bastante peculiar de entender la cooperación territorial.

 

La Conferencia de Presidentes no se creó para celebrar reuniones protocolarias cuando todo va bien. Se creó precisamente para coordinar respuestas cuando las cosas se complican. Durante la pandemia fue un instrumento útil para compartir información, acordar medidas y gestionar una crisis que afectaba a todo el país. Si entonces era necesario hablar, cuesta entender por qué ahora no. La guerra de Irán puede tener consecuencias económicas importantes para España. Especialmente para territorios como Canarias, cuya economía depende en gran medida del transporte, el turismo y la importación de energía. Precisamente por eso la petición de Clavijo y Pradales no es un gesto político, sino una propuesta perfectamente razonable. Pero Torres no lo cree así: “Saben tanto el lendakari como el presidente de Canarias que estamos con citas electorales, que tenemos asambleas y parlamentos que aún no están constituidos. La Conferencia de Presidentes tiene una regla: tienen que estar todos los presidentes y presidentas. Y ahora mismo no se dan las circunstancias”.

 

Dicho así, parece una explicación jurídica. Pero es más bien una explicación ignorante: basta leer el reglamento de la propia Conferencia, para comprobar que la excusa se desmorona. Lo que dice Torres es –lisa y llanamente- un embuste: el presidente del Gobierno puede convocar la Conferencia por iniciativa propia o a petición de diez presidentes regionales –en funciones o no-, siempre que se le antoje. No existe norma alguna que impida celebrar la Conferencia porque alguno de sus miembros –ni siquiera el presidente del Gobierno- se encuentre en funciones. Y tampoco tienen que estar todos los presidentes: basta que asistan los dos tercios. Torres está ya tan acostumbrado a decir lo que le conviene, que parece darle igual que le pillen. Mentir a los periodistas es ridículo. Hacerlo ante un tribunal sería perjurio.


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